ALERTA 24-2025
Puerto Cortés, Cortés (C-Libre) .- Con dos personas detenidas terminó el violento desalojo que hizo la Policía Nacional de la protesta pacífica que organizó la Asociación de Vendedores de Vehículos (AVVRA) en la zona norte del país. Los ciudadanos en uso de su derecho a la protesta exigían a las autoridades de gobierno la condonación de millonarias multas aplicadas por la sobreestadía de contenedores en espacios fiscales.
El escenario de la protesta fue los alrededores de una empresa naviera en Puerto Cortés. Johnny Ortiz, dirigente de la organización detalló que la decisión de realizar la protesta es producto de una asamblea, esto como acción para presionar al Gobierno a intervenir en la situación que afecta gravemente al sector.
Cada uno de los detalles de la protesta y las detenciones están registradas en la base de datos del diario Noticias 24/7, informativo digital que desde la zona norte del país publicó en redes sociales sobre lo sucedido con el desalojo violento de los manifestantes. De esta cobertura noticiosa se desprende que Asociación de Vendedores de Vehículos (AVVRA) determinó hacer una manifestación y pues la Policía Nacional llegó a desalojarlos de una manera brutal “no nos han tratado como debe ser, como inversionistas, como emprendedores», denunció Ortiz.
Sobre las detenciones de dos de los manifestantes capturados, es calificada por la organización como una violación a los derechos humanos, dado que la Constitución de la República garantiza el derecho a la libre manifestación. La dirigencia de AVVRA, recordó al actual Gobierno que antes de llegar al poder también utilizaron las calles como medio de presión política.
“Quebraban vidrios de los edificios de las empresas, manchaban paredes, hacían manifestaciones destruyendo la propiedad privada”, recordó Ortiz. En contraste, aseguró que la protesta que realizaron fue completamente pacífica, limitada a la denuncia de las sanciones económicas que se les están trasladando injustamente desde las navieras.
Pedimos los buenos oficios del Poder Ejecutivo, de la presidenta de la República, del asesor presidencial y del director de Aduanas para que intervengan en esta situación», solicitó Johnny Ortiz, añadiendo que también se deben girar instrucciones al ministro de Seguridad, Héctor Sánchez, para que se ordene a la Policía un trato digno y respetuoso hacia los manifestantes, pues “No somos delincuentes”, enfatizó este hondureño.
Para conocer más de la noticia: https://noticias247.hn/video-protesta-pacifica-termina-en-violencia-policial-contra-importadores.html
Respecto a la figura de la manifestación ciudadana como herramienta de libre expresión en el país, esta se constituye como un espacio cívico que fortalece y promueve el derecho a la participación de la población en la toma de decisiones del gobierno. Según organismos internacionales de Derechos Humanos, el espacio cívico se define como “el derecho que tenemos los ciudadanos a expresarnos, organizarnos y actuar. Un espacio cívico abierto, libre y seguro es la base de una sociedad dinámica en la que todos participan y pueden alzar su voz, especialmente aquellas personas que se sienten insuficientemente representadas”, indica la OACNUDH
Trasciende que a nivel global, los derechos pilares de un espacio cívico abierto, tales como: libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión pacífica, están bajo ataque; desde el arresto de sacerdotes católicos en Nicaragua por practicar su fe hasta el encarcelamiento injusto en Rusia de manifestantes en contra de la guerra. A pesar de la importancia de un espacio cívico sano para el desarrollo de una democracia inclusiva, la libertad de los ciudadanos para exigir sus derechos o necesidades libremente, sin miedo a represalias, no es la norma alrededor del mundo.
De hecho, dicha libertad es una anomalía. Según datos de CIVICUS, una de las más importantes organizaciones del mundo enfocadas en el fortalecimiento de la acción ciudadana y sociedad civil, el 71 % de la población mundial vive en países con espacios cívicos reprimidos o completamente cerrados.
Desde el hostigamiento hasta el asesinato impune, tres de cada cuatro personas en el mundo enfrentan serios riesgos por el simple hecho de hacer que su voz sea escuchada. Sin embargo, esta tendencia no es nueva. Desde que CIVICUS inició su monitoreo del estado del espacio cívico alrededor del mundo en 2018, el porcentaje de población que habita en países completamente cerrados aumentó de 26 % a 30.6 % en 2023, esto denota un vuelco hacia la represión y censura a nivel global.
Y Honduras no es inmune a dicha tendencia, las campañas de desacreditación e incluso amenazas a cualquiera que se pronuncie en contra del gobierno es un tema serio y preocupante; especialmente si esto se mezcla con una suspensión de garantías constitucionales, como es el caso de Honduras desde diciembre de 2022 con el estado de excepción. Dicha suspensión de derechos podría abrir la puerta a cualquier clase de abusos por parte del gobierno, si es que así lo desea, para silenciar cualquier persona o movimiento en su contra.
Mientras se espera una manifestación de las Administración Aduanera y de las autoridades policiales, sobre el desalojo forzado de la protesta y de las detenciones de manifestante; desde el Comité por la Libre Expresión se insta a las autoridades de seguridad velar para que se cumpla lo establecido en la Constitución de la República, carga manga que establece en su artículo 78 «Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.»
Asi mismo el artículo 79, dice que «Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial. Las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.» C-Libre insiste en reconocer que estos artículos reconocen y protegen el derecho de las personas a reunirse y manifestarse pacíficamente, un componente esencial del derecho a la protesta. Aunque también establecen que este derecho puede estar sujeto a regulaciones para garantizar el orden público, es importante destacar que, en situaciones excepcionales, como invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, epidemia o cualquier otra calamidad general, el ejercicio de ciertos derechos puede ser suspendido temporalmente, según lo dispuesto en el artículo 187.
No obstante, incluso en estos casos, la restricción de derechos debe ser justificada y limitada en tiempo y alcance.
