Como parte de las responsabilidades reporteril en ATN, Salinas cubría noticias de diversos temas, entre ellos crimen organizado, actividades de extrativismo, temas de desarrollo, noticias de comunidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y sucesos locales. Entre los antecedentes, se reportan amenazas tras coberturas sensibles y falta de respuesta efectiva de las autoridades fiscales y policiales de la zona, su último reporte fue sobre un accidente vial, por el que fue amenazado recientemente.

En las ultimas horas, se menciona que la representación policías y de investigación criminal del occidente de Honduras estarían haciendo las diligencias adecuadas para dar con los responsable del asesinato y confirmaron que se recogieron en el lugar de los hechos casquillos de 9mm y el cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala que habrían sido la causa de su muerte y además se menciona que se habría designado una fuerza de tarea especial para investigar el caso.

Para el C-Libre, este asesinato se inscribe en un contexto alarmante de violencia sistemática y alta impunidad contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Esta realidad ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales, que alertan sobre el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión en Honduras, agravado por la polarización política y la imposición de estados de excepción que limitan derechos fundamentales. dice C-Libre un comunicado social que trascendió en las últimas horas. https://conexihon.hn/?p=5451&preview=true&_thumbnail_id=5452

Ante esta grave situación, C-Libre exige al Estado hondureño la implementación inmediata y efectiva de las siguientes acciones:

Agilizar los Comités Técnicos de Evaluación para la asignación de medidas de protección adecuadas, oportunas y diferenciadas, priorizando los casos pendientes desde mediados de 2024, para evitar demoras que ponen en riesgo la vida de periodistas.

Desarrollar e implementar un protocolo diferencial para periodistas, comunicadores sociales y defensores que trabajan en zonas de alta conflictividad, vinculadas al narcotráfico, extractivismo, crimen organizado y corrupción. Este protocolo debe contemplar la interresponsabilidad de actores clave como la Policía Nacional, Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y otros, para garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Incorporar el proceso de investigación y documentación periodística como elemento central en los análisis de riesgo, no limitándose exclusivamente a la etapa de publicación. Reconocer esta fase es fundamental para visibilizar riesgos invisibles y prevenir ataques.

Mejorar los canales de comunicación directa y permanente entre el Mecanismo y las personas protegidas, superando la insuficiente práctica actual de mensajes mensuales vía WhatsApp, para responder con mayor eficacia y contextualización ante cambios en el entorno de riesgo.

Impulsar una reforma integral de la Ley de Protección para Personas Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que garantice la participación sustantiva de las personas beneficiarias y promueva un modelo de protección integral, preventivo, territorializado y con enfoque diferencial, acorde con los estándares internacionales.

Adherirse y aplicar plenamente el Acuerdo de Escazú, para fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de derechos humanos ambientales, incluyendo periodistas que cubren estos temas.

Honduras no puede seguir siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo Cada agresión y asesinato sin respuesta fortalece el silencio, la impunidad y el miedo, erosionando la democracia y el derecho a la información pública. Exigimos al Estado hondureño actuar con la seriedad, diligencia y voluntad política que la situación demanda.