ALERTA 60-2025
Puerto Cortés, Cortés (C-Libre).- «Canal cerrado por hablar mier..» es la nota que fue colgada en el portón de ingreso de canal 12 en Puerto Cortés por un integrante del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y empleado de la Empresa Nacional Portuaria /ENP) quien seguidamente procedió a inhabilitar la entrada con una aparente cadena y un candado.
El hecho se registró, dos horas después que el profesional del periodismo Christian Joel Rowe expusiera la molestia que tienen varias personas de la bases de LIBRE esa ciudad debido a la falta de oportunidad de trabajo en la Empresa Nacional Portuaria (ENP). «Según los comentarios expuestos por varios simpatizantes del partido es que sólo dan trabajo a la dirigencia, mientras que a las bases, nada», expuso Joel Rowe en una narración de hechos al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Indica, Rowe que «dentro del canal estaban operadores» y otras personas vinculadas a Multicable, plataforma por la cual transmite Canal 12. Se ve en el video, captado por las cámaras de seguridad, que al momento del incidente otra persona se acerca al sujeto que pone en la parte superior del portón, aparentemente una cadena y un candado, para consultarle sobre el asunto «si, así es», confirma el periodista a C-Libre «se trata de uno de los presentadores de programas del canal», pero el sujeto «no le respondió nada y simplemente se va», acotó el entrevistado.
El video trascendió en distinta plataformas de las redes sociales, luego que el periodista hiciera una denuncia pública de esta acción protagonizada por un correligionario del partido en el gobierno, posiblemente molestó al develar las posibles contrataciones partidarias en la portuaria.
Vea el contenido original: https://www.facebook.com/watch/?v=648702328246905&rdid=rRizYkaViEhYHrEz
Trasciende que la persona que llegó a cerrar este medio de comunicación en Puerto Cortés se trata de Carlos Llopis, dirigente del Partido LIBRE en Cortés, quien difundió en las redes sociales una grabación confirmando lo ocurrido con canal 12. Es de hacer notar que el agresor, va conduciendo un automóvil mientras genera el contenido audiovisual, por lo que cabe recordar que el uso del celular mientras se conduce está tipificado como una falta grave en la legislación de tránsito hondureña.
Según el Artículo 98-24 de la Ley de Tránsito, se considera una infracción grave: “Realizar el conductor actividades dentro del vehículo, adicionales a la conducción, que exijan el uso simultáneo de ambas manos o que distraigan la atención del conductor, tales como el uso de teléfonos celulares, aparatos de comunicación, radios y otros», esto implica una sanción de 600 lempiras, de acuerdo con la clasificación de faltas establecidas en el artículo 101 de la misma norma.
Expresa Llopis que desde hace varios años labora en ENP y quien lo recomendó fue el expresidente Manuel Zelaya. Se ve que este funcionario de la portuaria, mientras conduce se esfuerza por centrar y poner en primer plano un juego de llaves; y refuerza el argumento de la nota puesta en el portón de ingreso al medio de comunicación, «ahí dice cancelado, cerrado canal por hablar mier..» y agrega «Tenés que retractarte de todas las cosas que vos decís, sin basarte en información fidedigna».
Ver video: https://www.facebook.com/watch/?v=1489150422254914&rdid=o9m2NcefZ5OvC8N7
«Esperamos que Rixi Moncada y la presidenta Xiomara Castro se manifieste al respecto, puesto que el silencio avala la acción y eso nos preocupa porque podría repetirse en otro medio de comunicación afectando el ejercicio del periodismo en el país», comentó Joel Rowe, periodista de canal 12
A consideración de lo sucedido, «es urgente que desde el gobierno se promueva la defensa y promoción de la libertad de prensa y el derecho a informar con responsabilidad y transparencia» expresó el abogado Saúl Bueso, Coordinador del Área Legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Añade el profesional de derecho en C-Libre, que el cierre arbitrario de un medio de comunicación, perpetrado por un simpatizante del partido en el gobierno y tolerado en el silencio de su dirigencia, «envía un mensaje de intimidación que trasciende al medio afectado y alcanza a todo el ecosistema informativo, fomentando la autocensura y debilitando el pluralismo que requiere una democracia saludable», sostiene Bueso.
C-Libre, manifiesta su preocupación, puesto que en el actual contexto electoral hondureño, la falta de condena oficial frente a una agresión tan evidente contra la libertad de prensa podría sentar un peligroso precedente, abriendo la puerta a que se repitan actos similares en otras ciudades y consolidando un clima de hostigamiento sistemático contra el periodismo.
Como institución de sociedad civil que promueve y defiende la libre expresión y un ejercicio seguro de la libertad de prensa, consideramos importante compartir algunos criterios sobre las afectaciones contra el ejercicio del periodismo por el cierre de un medio.
- Violación a la Libertad de Expresión y de Prensa
Al respecto cabe mencionar que la Constitución de la República de Honduras en su artículo 72 establece que la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión es un derecho garantizado, sin previa censura. Por lo tanto, el cierre arbitrario de un canal, aun por particulares, constituye una restricción y por tanto una violación a este derecho.
También hay instrumentos que garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, para el caso:
- El art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) prohíbe toda forma de restricción indirecta a la libertad de expresión, incluyendo acciones de particulares que obstaculicen la circulación de información.
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (CIDH), Principio 5: prohíbe presiones o agresiones que limiten la labor periodística.
2. Obstrucción al Ejercicio Profesional del Periodismo
– Es de hacer notar que el Código Penal de Honduras contempla delitos como amenazas, daños a bienes y coacciones que, cuando se cometen contra periodistas por su labor, adquieren una dimensión agravada en el marco de derechos humanos.
– Así mismo, cualquier acto que impida la difusión de contenidos informativos puede tipificarse como una forma de obstrucción ilegítima del trabajo periodístico.
Consideramos en C-Libre que aunque la acción haya sido cometida por un simpatizante político, el Estado tiene la obligación positiva de prevenir, investigar y sancionar estas agresiones, según el sistema interamericano de derechos humanos. Por otra parte, el silencio de la dirigencia política ante un hecho que atenta contra un medio de comunicación puede interpretarse como tolerancia, lo que refuerza la preocupación por posibles patrones de hostigamiento.
Finalmente, instamos a las autoridades prestar atención al posible efecto Inhibidor que generaría este tipo de acciones contra medios de comunicación en ciudades como Puerto Cortés, pues no solo afectan al medio cerrado, sino que envían un mensaje de intimidación a otros periodistas y medios, generando autocensura y debilitando el pluralismo informativo. Sin duda alguna, la repetición de acciones similares en otras ciudades podría configurar un entorno hostil sistemático para el ejercicio de la prensa, contrario a los estándares internacionales de protección.