ALERTA 74-2025
Roatán, Islas de la Bahía (C-Libre).- La defensora garífuna Mabel Robledo, miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y lideresa comunitaria de Nueva Armenia, denunció haber sido víctima de intimidación, en alta mar, por parte de fuerzas de seguridad del Estado; cuando iban a Cayos Cochinos a realizar una “protestar pacífica en defensa del lugar de desove de la tortuga Carey”.
Según narración, el 4 de septiembre 2025, ella y otros defensores de la Tierra y el Territorio iban en alta mar hacia el Santuario Marino de tortugas de carey en Cayo Menor, cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional (PN) y de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) y luego de explicarles que iban a “protestar pacíficamente en defensa del lugar de desove de la tortuga”, la embarcación de la PN comenzó a realizar una serie de maniobras enfrente de nuestro bote sin importarles darnos vuelta, comentó Robledo.
“Se presentaron en el sitio con una actitud hostil, priorizando la protección de una producción televisiva internacional” en lugar de resguardar el derecho a la protesta pacífica, dijo la líder garífuna en un contenido divulgado en las redes sociales.
La defensora agregó que trabajadores de la fundación, Cayos Cochinos, acompañados de personas de comunidades cercanas como Corozal, Sambó Creek, Río Esteba, Istem y Chachahuate, llegaron hasta el lugar “con el objetivo de querer destituirme del cargo por defender la conservación marina y también del proceso de desove de las tortugas”.
Robledo responsabilizó directamente al Estado de Honduras, a la Fundación Cayos Cochinos y a Telecinco, señalándolos de fomentar la violencia, criminalizar a defensores ambientales y permitir la intimidación contra la comunidad garífuna de Nueva Armenia.
Este caso se suma a una serie de denuncias nacionales e internacionales sobre la vulnerabilidad de líderes indígenas y afrodescendientes en el país, quienes enfrentan altos niveles de hostigamiento por la defensa del territorio y los bienes naturales, en un contexto donde la protección estatal resulta insuficiente y en ocasiones contraria a sus derechos.
Para el caso, el Comité por la Libre Expresión C-Libre tiene en sus registros que personas en calidad de desconocidos dispararon en varias ocasiones, contra la humanidad de Mabel Robledo Presidenta del Patronato de la Comunidad Garífuna de Nueva Armenia en el departamento de Atlántida. El ataque ocurrió la noche del domingo, alrededor de las 10:30 de la noche, y fue seguido por la detención y tortura de Robledo por parte de la Policía Nacional.
Ver nota completa: https://clibrehonduras.com/2025/06/24/atentan-contra-defensora-de-la-tierra-en-honduras/
Finalmente, reitera Robledo, que la movilización tenía como objetivo manifestarse contra la realización del reality show Superviviente, producido por la cadena televisiva española Telecinco de España y filmado en la estación científica de Cayo Menor. La defensora señaló que los elementos de seguridad actuaron en resguardo de los intereses de la producción televisiva y de la Fundación Cayo Cochinos, en lugar de garantizar los derechos ciudadanos de quienes participaron en la protesta.
Desde C-Libre consideramos que existe un amplio contexto de obligaciones jurídicas claras que el Estado hondureño tiene en relación con la protección de defensores de los bienes comunes en el país, para el caso: Constitución de la República de Honduras en el artículo 59 establece que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”, lo que implica un deber de protección integral a la vida y la dignidad humana. Así mismo el artículo 82 reconoce el derecho a la defensa y el artículo 81 garantiza la libertad de circulación y reunión pacífica, sin duda alguna consideramos en C-Libre que toda represión o intimidación a plantones vulnera estos derechos.
Por otra parte, la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (2015) obliga al Estado a implementar medidas de prevención, protección y seguridad para personas defensoras en situación de riesgo, por lo tanto, la denuncia de Robledo revela un incumplimiento de este marco legal, al ser las propias fuerzas de seguridad quienes habrían actuado como agentes de intimidación.
En el caso de la Normativa internacional, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos (1998) reconoce el derecho de toda persona a promover y proteger los derechos humanos sin sufrir represalias y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en casos como Kawas Fernández vs. Honduras (2009), ha establecido la obligación de los Estados de garantizar condiciones seguras para el trabajo de los defensores ambientales.
Es lamentable que Honduras también ha sido señalada en informes de la CIDH y de relatores especiales de la ONU por la persistente vulnerabilidad de líderes indígenas y afrodescendientes.
Crítica y llamado a la acción
El caso denunciado por Robledo expone un patrón de criminalización y hostigamiento contra defensores del territorio, donde el Estado no solo omite su deber de protección, sino que utiliza su aparato de seguridad para proteger intereses privados y corporativos. De todos es conocido que diversas organizaciones nacionales e internacionales han reiterado que el Estado hondureño debe garantizar la seguridad de los defensores, respetar el derecho a la protesta pacífica y abstenerse de prácticas de intimidación. De lo contrario, estaría incumpliendo no solo su Constitución, sino también sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
