ALERTA 75-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- En la portada en página completa de su periódico oficial, las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) sostienen que “EL HERALDO continúa con su campaña de mentiras» contra la institución castrense colocando un sello de “mentirosos” sobre una de las publicaciones de este rotativo de circulación nacional y amplia cobertura en las plataformas digitales.
Los señalamientos que hacen las FF AA, en su medio de comunicación institucional, es que durante una semana «EL HERALDO ha publicado una serie de artículos totalmente alejados a la verdad, con el único fin de engañar a la población y difamar a una de las instituciones más nobles, con las que cuenta el país, y a quien hoy en día está al frente de la misma, el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar».
Este rotativo, señalado como «mentiroso» por las autoridades de las FFAA producto de una investigación reveló que el general Ramiro Muñoz había pedido su baja por presiones tras negarse a ir como agregado militar a Nicaragua, al no comulgar con la ideología socialista de las autoridades de ese país y días después, este medio divulgó que el general había salido del país por temor a represalias.
Cabe detallar que otros medios de comunicación del país, a través de sus redes sociales, replicaron la noticia sobre la salida del Gral. Muñoz, tanto de las FF AA como del país: https://www.facebook.com/watch/?v=1119083609575308
Trasciende que las FF AA instan a diario El Heraldo a “solicitar la información por los canales oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, las puertas están abiertas y quien solicite información la recibe con base en la transparencia que la caracteriza la institución militar”, sin embargo, tanto los voceros y altos mandos se niegan a dar entrevistas a este medio de comunicación, apunta El Heraldo en una nota que transciende desde el boletín informativo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Ver nota completa: https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/ff-aa-heraldo-prensa-rooselvelt-hernandez-derechos-humanos-AP27288844
Es de hacer notar que las autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA), hace un mes y medio del presente año 2025, descalificaron una nota informativa que diario El Heraldo publicó en su sección de politización (EH PLUS) con el titulo «Sub Director de RRPP de las FFAA en abierta campaña con Libre» e hicieron un enérgico llamado a los medios de comunicación del país
Ver nota completa: https://clibrehonduras.com/2025/07/14/respetuoso-y-energico-llamado-de-las-ffaa-a-los-medios-de-comunicacion-en-honduras/.
Desde el Comité por la Libre Expresión, consideramos que el señalamiento de “mentiroso” contra El Heraldo por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras trasciende el marco de la crítica y se convierte en una forma de intimidación estatal que vulnera la libertad de prensa, la pluralidad informativa y el derecho ciudadano a estar informado. Creemos que se trata de un acto contrario a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos, que coloca en riesgo la democracia al debilitar el rol de la prensa como contrapeso del poder público.
Reiteramos que la acusación pública realizada por las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), a través de su medio oficial de comunicación, señalando al diario El Heraldo como “mentiroso”, constituye un acto de intimidación institucional que vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño.
En primer lugar, el artículo 72 de la Constitución hondureña establece que: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura”. Por lo tanto, la descalificación oficial por parte de una institución armada hacia un medio de comunicación no es una mera expresión de opinión, sino un acto de poder institucional que busca desacreditar, inhibir y condicionar el ejercicio de la libertad de prensa. Esta acción contraviene el principio de no censura previa y genera un efecto inhibitorio o autocensura, fenómeno ampliamente reconocido por la jurisprudencia interamericana como una de las formas más graves de limitación a la libertad de expresión.
En segundo lugar, el artículo 74 constitucional dispone que: “No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos”. De ahí que el señalamiento de “mentiroso” no se da en un plano horizontal de debate entre actores privados, sino en una relación vertical, donde un órgano armado del Estado con poder coercitivo utiliza su plataforma oficial para desacreditar a un medio crítico.
Sin duda alguna este uso desproporcionado de los recursos estatales constituye precisamente un medio indirecto de restricción, contrario a la Constitución.
Desde la perspectiva internacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y expresión y prohíbe restricciones directas o indirectas. La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente (casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina) que los funcionarios y entes públicos deben tolerar un mayor nivel de escrutinio y que las medidas de represalia o estigmatización oficial constituyen una amenaza para la prensa libre en una sociedad democrática.
En este caso, el señalamiento público de las Fuerzas Armadas representa un abuso de poder institucional que busca desacreditar y debilitar la credibilidad de un medio de comunicación frente a la ciudadanía. Tal práctica, además de atentar contra la libertad de prensa, erosiona el derecho colectivo de la sociedad a recibir información veraz, plural y crítica, reconocido tanto en el ámbito constitucional como interamericano.
Finalmente, es importante recordar que las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 272 de la Constitución, tienen la misión de “defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución”. Esta misión no incluye confrontar a medios de comunicación ni usar su aparato institucional para desacreditar a la prensa. El uso de un medio oficial con fines de ataque constituye una desviación de poder y un incumplimiento de los deberes constitucionales de neutralidad y respeto a los derechos fundamentales.
