ALERTA 85-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) rechazó categóricamente cualquier insinuación que pretenda vincular a la organización con alguna conspiración o acciones destinadas a invalidar el proceso electoral del próximo 30 de noviembre 2025.
Esta acción constituye un intento de vincular, sin fundamentos, a esta organización de la sociedad civil en hechos que distorsionan su naturaleza y que podrían generar un efecto de intimidación y censura indirecta hacia quienes ejercen labores de observación electoral y análisis político en Honduras, expresaron autoridades de CESPAD ante medios de comunicación.
El intento de desacreditación a las instituciones de sociedad civil que estarán como observadores de las elecciones generales en Honduras, surge en el marco de una supuesta investigación basada en audios que ordenó el Fiscal General de la República Johel Anotnio Zelaya Álvarez. CESPAD aclaró no haber tenido ningún tipo de interacción con la funcionaria electoral a la que se hace referencia en el audio que supuestamente deja al descubierto una amenaza contra el actual proceso electoral.
Precisa esta organización de sociedad civil que «las reuniones se han limitado a encuentros formales con los consejeros Marlon Ochoa y Ana Paola Hall», en el marco de su función técnica en las próximas elecciones a realizarse el 30 noviembre 2025 y reafirmó su compromiso con la transparencia, la independencia y la seriedad en su labor de observación.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) advierte que este tipo de señalamientos provenientes de funcionarios públicos puede constituir una forma de estigmatización institucional y restricción indirecta a la libertad de expresión y de asociación, derechos consagrados en los artículos 13 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos instrumentos, ratificados por el Estado de Honduras, establecen la obligación de garantizar un entorno seguro y libre de represalias para las organizaciones de la sociedad civil que realizan labores de observación y veeduría pública.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el Estado tiene el deber de abstenerse de emitir discursos oficiales que pueda estigmatizar o desacreditar a organizaciones sociales, pues tales manifestaciones generan un contexto adverso que inhibe el ejercicio de derechos y puede favorecer la persecución o criminalización de defensores y periodistas. En este sentido, los pronunciamientos del Ministerio Público deben enmarcarse en la prudencia institucional y el respeto al principio de presunción de inocencia.
C-Libre recuerda que la observación electoral independiente es un pilar de la democracia y un mecanismo legítimo de participación ciudadana reconocido por estándares internacionales, incluidos los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). «Intentar desacreditar a una organización acreditada por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) constituye una afrenta directa contra el derecho a la participación, la transparencia y la libertad de pensamiento crítico», sustiene C-Libre.
Por lo tanto, C-Libre insta a las autoridades hondureñas a garantizar las condiciones de seguridad, independencia y respecto para todas las organizaciones de la sociedad civil que intervienen en procesos de observación electoral. Reitera que la labor de monitoreo y análisis técnico desarrollada por instituciones como el CESPAD contribuye al fortalecimiento del sistema democrático y no debe ser objeto de sospecha, persecución o manipulación política.
C-Libre exhorta al Ministerio Público y al Consejo Nacional Electoral a actuar con responsabilidad institucional, resguardando el principio de legalidad y evitando acciones que socaven la confianza ciudadana en el proceso electoral y que la transparencia y la rendición de cuentas deben ejercerse con respeto a los derechos humanos y no como instrumentos de intimidación.
Finalmente, el Comité por la Libre Expresión reafirma su respaldo a todas las organizaciones que, como el CESPAD, trabajan por un proceso electoral legítimo, transparente y basado en evidencias. Defender el espacio cívico y el derecho a la libre expresión es esencial para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una sociedad más justa y participativa.
