ALERTA -2025
Choluteca, Choluteca (CLibre).- Cinco días antes de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, Samuel Varela, administrador de la Aduana de Guasaule, en la zona sur de Honduras, fue protagonista de estigmatización, descrédito y presión indebida contra medios de comunicación, periodistas y comunicadores. Dichas declaraciones no fueron hechos aislados, sino parte de un discurso público peligroso que colocó a la prensa como enemiga política, desnaturalizando su rol fiscalizador y exponiendo a periodistas y medios a riesgos sociales, profesionales y de seguridad, en un momento clave del proceso democrático nacional.
De acuerdo con información que circuló públicamente en medios y plataformas digitales, el funcionario señaló a los medios de comunicación de influir para que la población no votara por la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), sin aportar elementos verificables que sustentaran tales acusaciones. Asimismo, extendió sus señalamientos a comunicadores e influencers, a quienes calificó de actuar bajo supuestas influencias del consumo de drogas, reforzando un discurso descalificativo directamente del ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en espacios digitales.
En el mismo contexto, se mencionó la existencia de audios difundidos en diversas plataformas digitales, atribuidos a grupos antisociales, mediante los cuales se intimidaba a la población con el objetivo de que no votara por la candidata presidencial de LIBRE. No obstante, el funcionario vinculó estos hechos con la labor de medios y comunicadores, generando una narrativa confusa y peligrosa que colocó a la prensa como responsable o partícipe de actos intimidatorios, sin sustento probatorio.
Si bien las declaraciones no individualizaron nombres específicos, el señalamiento fue dirigido de forma general contra periodistas, medios de comunicación y comunicadores digitales, lo que amplió el riesgo y afectó “colectivamente al gremio periodístico, particularmente a quienes realizaban cobertura política y electoral en la región sur y a nivel nacional”, según Francisco Aguirre comunicador social de la zona sur.
Aguirre también subrayó que la estigmatización generalizada es especialmente grave, ya que expone a múltiples periodistas a posibles agresiones, fomenta la autocensura y debilita el derecho ciudadano a estar informado.
Cabe señalar que las declaraciones ocurrieron en la fase final del proceso electoral hondureño de 2025, cuando la libertad de prensa y el acceso a información plural resultan esenciales para que la ciudadanía ejerza un voto libre e informado.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), advirtió que los discursos emitidos por funcionarios públicos con poder institucional tienen un impacto diferenciado y pueden operar como mecanismos de censura indirecta, particularmente cuando buscan desacreditar a la prensa, atribuirle intenciones políticas o asociarla con conductas ilícitas.
Por otra parte, la actuación del funcionario contravino de manera directa el marco constitucional hondureño, que protege la libertad de prensa y expresión. Es decir el artículo 72 de la Constitución de la República que garantiza la libertad de pensamiento, expresión y difusión sin censura previa. Por otra parte, el artículo 73 declara inviolable la libertad de prensa y prohíbe toda forma de restricción directa o indirecta.
Estos principios imponen al Estado y a sus funcionarios la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio periodístico, absteniéndose de emitir discursos que intimiden, desacrediten o inhiban la labor informativa. Honduras, como Estado parte de instrumentos internacionales de derechos humanos, incumplió estándares ampliamente reconocidos:
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13): prohíbe la censura directa e indirecta y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19): garantiza la libertad de expresión sin injerencias indebidas.
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Principios 5 y 11: establecen que la presión ejercida por funcionarios públicos contra periodistas y medios es incompatible con una sociedad democrática.
cabe señalar que La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido que los discursos estigmatizantes desde el poder incrementan el riesgo de agresiones contra la prensa y fomentan la autocensura, especialmente durante procesos electorales.
C-Libre señaló que este caso se suma a un patrón recurrente de hostilidad hacia el periodismo en Honduras, particularmente en contextos políticos y electorales, donde en lugar de garantizar transparencia y rendición de cuentas, algunos actores optan por deslegitimar a los medios y restringir el debate público.
La utilización del discurso oficial para señalar, desacreditar o criminalizar simbólicamente a la prensa constituye una amenaza directa al pluralismo informativo y a la democracia. De ahí que C-Libre considera prudente:
1- Exigir al Estado hondureño garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, especialmente en períodos electorales.
2- Demandar que los funcionarios públicos se abstengan de emitir discursos estigmatizantes contra periodistas, medios y comunicadores.
3- Instar a las autoridades competentes a investigar cualquier forma de intimidación que derive de declaraciones oficiales.
4- Reiteró que informar, opinar y fiscalizar al poder no constituye delito, sino un pilar fundamental del sistema democrático.
