ALERTA 95-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- A través de un mensaje en su cuenta de X, la mandataria Xiomara Castro ordenó comunicar formalmente a Jaime Rodríguez su designación como ministro y notificó a Daniel Sponda su agradecimiento «por su trabajo y dedicación hasta este 3 de diciembre», destituyéndole de su cargo.
El génesis del anuncio de la presidenta Xiomara Castro se produce luego que Daniel Sponda felicitara a su esposa Erika Urtecho, quien ganó por elección consecutiva la diputación por el departamento de Gracias a Dios por el Partido Liberal.
La diputada Urtecho es una reconocida militante del Partido Liberal y para su esposo, debido a «su liderazgo autentico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero» y logró la relección como diputada al Congreso Nacional por el Departamento de Gracias a Dios, apuntó Sponda.
«Este departamento, es rico en naturaleza y cultura, siempre ha sufrido un abandono histórico, la falta de vías de comunicación e inversión en los derechos fundamentales. Sus condiciones geográficas y logísticas hacen que las campañas electorales sean extremadamente difíciles y costosas. Por décadas, ningún diputado había logrado reelegirse de manera consecutiva. Hoy, la diputada Urtecho marca un hito. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero. ¡Logró la reelección y alcanzó una cifra histórica de más de 16,000 votos, superando a sus competidores por más del doble! Me siento inmensamente orgulloso de mi esposa. Te amo, Erika. Tu entrega por nuestra gente y por la Muskitia es innegable. Cosas buenas vienen para el pueblo miskito», expresó Sponda.
Desde la óptica del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), consideramos que este caso debe ser visibilizado como una alerta de vulneración del derecho a la libertad de expresión, con el objetivo de que las autoridades y la sociedad civil, reflexionen sobre el límite entre lealtades partidarias, libertad personal y la actuación del Estado.
La destitución de Daniel Sponda luego de su felicitación pública a su esposa por su reelección podría interpretarse como una medida punitiva por ejercer su derecho a expresarse libremente y manifestar su apoyo político. Esto representa un precedente peligroso, pues puede inhibir el derecho legítimo de cualquier persona —incluyendo funcionarios públicos— a expresar opiniones personales, especialmente en espacios digitales.
En consideración de C-Libre, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, este hecho podría constituir una sanción estatal indirecta por el simple ejercicio del derecho a opinar o expresar apoyo político en redes sociales. Al destituir a un funcionario por expresar una opinión personal (felicitación a su esposa), el Estado podría estar incumpliendo sus obligaciones de respetar y proteger dicho derecho.
Este tipo de medidas tienen un efecto disuasorio sobre el uso libre de redes sociales por parte de funcionarios o ciudadanos, lo cual puede inhibir la pluralidad de opiniones, restringir la participación política y socavar los principios democráticos.
Marco legal aplicable
- La Constitución de la República de Honduras, en su artículo 72, consagra la libertad de emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, “sin previa censura”.
- Asimismo, la Ley de Emisión del Pensamiento establece como inviolables las libertades de expresión del pensamiento y de información, incluyendo el derecho de difundir opiniones por cualquier medio. A nivel de derechos humanos internacionales, el derecho a la libertad de expresión está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan la facultad de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” sin censura.
- Las obligaciones estatales derivadas de estos instrumentos implican que cualquier restricción al derecho debe estar prevista por ley, ser necesaria y proporcional, y no tener como propósito sancionar opiniones políticas o disidentes. Arbitrarios despidos o sanciones por expresión política pueden constituir violaciones a esos estándares
