ALERTA 23-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- A unas 42 personas entre periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación estatales se le impidió el ingreso a su centro de trabajo en el Centro Cívico Gubernamental, según trascendió en distintos espacios informativos que dieron cobertura a la situación.
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En la misma temática, Coralia Gabriela detalló al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que esta situación “ evidencia la falta de claridad administrativa respecto a la situación laboral del personal vinculado a medios estatales”. En total, cerca de 150 personas contratadas durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro denuncian una serie de violaciones a sus derechos humanos y laborales que estarían enfrentando tras el inicio del gobierno encabezado por el presidente Nasry Asfura.
La comunicadora señaló que continúa presentándose a su lugar de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones laborales, pero que las autoridades no han emitido una comunicación oficial sobre la continuidad o terminación de los contratos del personal. Por otra parte, este tipo de situaciones, según trabajadores consultados, contribuye a generar incertidumbre laboral, presión psicológica y un ambiente de hostigamiento indirecto, al impedir que los comunicadores desempeñen sus funciones o incluso ingresar a las instalaciones donde laboraban.
Gabriela registró en sus redes sociales el momento en que algunas de sus compañeras, el sistema de seguridad le denegó su ingreso a las instalaciones de su centro de trabajo.
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Es de hacer notar que algunos de estos trabajadores en los medios estatales no han recibido el pago de salarios pese a haberse presentado a laborar de manera regular. “Hay compañeros a quienes se les adeuda el mes de enero y el mes de febrero y hasta este momento nadie da explicaciones. Eso se puede calificar como retención ilegal del salario que ya está ganado”, afirmó Melissa Hernández, durante una comparecencia pública.
Hernández, es integrante del equipo de periodistas de investigación de Canal 8, quien también denunció condiciones que calificó como degradantes. “Como empleados y empleadas de la Secretaría de Planificación Estratégica estamos haciendo este llamado a la prensa nacional e internacional para dar a conocer una serie de situaciones que hemos venido experimentando, el punto más importante es denunciar el atentado contra la salud de todos los compañeros y compañeras que nos encontramos en el edificio Santa Esmeralda”, expresó.
Hernández señaló que en las oficinas se han presentado fallas recurrentes en el suministro de agua y en el sistema de aire acondicionado, lo que ha obligado a los trabajadores a permanecer largas jornadas sin condiciones básicas.
“De manera consecutiva se va el agua y simplemente no hay respuesta, se cierran las puertas de los baños y hemos tenido que pasar así, las ocho horas que estamos cumpliendo sin funciones y sin agua. “No hay respuesta de parte de las autoridades y eso se puede calificar como tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró Melissa
Asimismo, denunció que durante más de diez días se suspendió el aire acondicionado en el tercer piso del edificio, donde trabajan entre 100 y 150 personas en un espacio cerrado. “Es un ambiente totalmente cerrado, sin una sola ventana, suspender el aire acondicionado es definitivamente un atentado a la seguridad y a la salud de los compañeros; “hay personas diabéticas, hipertensas y con enfermedades que pueden agravarse con las altas temperaturas”, puntualizó
En las últimas horas trascendió que a los empleados de los medios estatales ubicados en el Centro Cívico Gubernamental le giraron instrucciones para que a partir de la fecha sus funciones serán desempeñadas bajo la modalidad de teletrabajo
A consideración de C-libre la situación denunciada por los trabajadores se inscribe en un fenómeno recurrente en Honduras, como ser la inestabilidad laboral de periodistas que trabajan en medios de comunicación del Estado cuando se producen cambios de gobierno.
En muchos casos, las administraciones entrantes realizan restructuraciones institucionales, cierres de dependencias o reemplazos de personal vinculados a gestiones anteriores, sin embargo, cuando estos procesos no se realizan mediante procedimientos administrativos transparentes y respetuosos de la legislación laboral, pueden derivar en vulneraciones de derechos.
Lamentamos que entre las prácticas más comunes que generan preocupación en materia de derechos humanos y laborales se encuentran:
la cancelación o suspensión informal de funciones,
la retención de salarios,
la falta de notificación oficial de despidos,
la restricción de acceso a los centros de trabajo, y
la estigmatización política del personal vinculado a administraciones anteriores.
Es de hacer notar que estas prácticas no solo afectan la estabilidad laboral de los trabajadores, sino que también pueden impactar el ejercicio de la libertad de prensa, particularmente cuando se trata de periodistas que desempeñan funciones informativas en medios públicos.
Como institución presente en Honduras desde hace 25 años, en pro de la libertad de prensa y libre expresión; C-libre señala que los medios estatales deben garantizar condiciones laborales estables y profesionales, evitando que se conviertan en espacios sujetos a rotaciones políticas que debiliten la institucionalidad informativa.
