ALERTA 41-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Los hechos ocurrieron cuando la profesional del periodismo sostenía una reunión con la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Leda Lizeth García Pagán con el propósito de abordar la situación de esa oficina de gobierno y además darle seguimiento a una solicitud presentada el 13 de abril de 2026 ante el Consejo Nacional de Protección, orientada a garantizar espacios de escucha a organizaciones de sociedad civil.
De acuerdo con el testimonio de la periodista Meza, la reunión tomó un giro inesperado cuando la ministra reaccionó de manera hostil frente a publicaciones críticas difundidas en el medio digital Pasos de Animal Grande. Durante el intercambio, la funcionaria habría amenazado con interponer querellas tanto contra la periodista y contra el medio, en caso de no retractarse de los contenidos publicados.
De ahí que la periodista, Dina Meza directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), denunció, a través de un pronunciamiento de la organización haber sido víctima de hostigamiento, intimidación y amenazas de acciones legales.
Resulta más preocupante, la afirmación atribuida a la funcionaria en la que sostiene que la libertad de expresión “atenta contra los derechos humanos”, lo cual refleja una interpretación contraria a los estándares internacionales y una peligrosa distorsión de principios fundamentales en una democracia, según Meza.
Adicionalmente, se denunció que durante la misma reunión la ministra habría amenazado con retirar medidas de protección a otro defensor de derechos humanos, lo que evidencia un uso arbitrario del Mecanismo Nacional de Protección como herramienta de presión, desnaturalizando su finalidad y poniendo en riesgo a personas defensoras.
Luego de un análisis de la situación, entre el equipo técnico y legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se coincide con otros sectores de la sociedad hondureña que este hecho constituye un claro intento de Criminalización de la crítica o sea una práctica que busca inhibir el ejercicio periodístico mediante el uso del sistema penal o civil como mecanismo de intimidación.
Para el área legal, este hecho contraviene disposiciones fundamentales del marco jurídico nacional e internacional que protege la libertad de expresión, para el caso la Constitución de la República de Honduras en sus artículos 72 y 73, reconoce el derecho a emitir libremente el pensamiento sin censura previa. Así mismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13, que establece que la libertad de expresión no puede ser restringida por vías indirectas como el abuso de controles oficiales o presiones indebidas.
y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, señala que la utilización del aparato judicial para hostigar a periodistas constituye una forma de censura indirecta.
Además los estándares del sistema interamericano advierten sobre el uso de acciones legales intimidatorias como mecanismos para silenciar voces críticas. En este sentido, la amenaza de querellas por publicaciones de interés público representa una violación directa a estos principios y un precedente alarmante de intolerancia desde el poder público.
C-Libre considera que este caso denota un patrón de regresión democrática, donde actores estatales recurren a la intimidación para limitar el escrutinio público y sobre todo resulta particularmente grave que estas acciones provengan de la Secretaría de Derechos Humanos, institución que debería fungir como garante y no como agresora. La situación evidencia un clima de riesgo para el ejercicio del periodismo crítico en Honduras, donde la censura indirecta y la presión institucional continúan siendo prácticas latentes.
Ante la gravedad de los hechos, C-Libre exige:
- El cese inmediato de cualquier acción de intimidación o amenaza legal contra la periodista Dina Meza y el medio Pasos de Animal Grande.
- Garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo periodístico sin represalias.
- La revisión urgente de la actuación de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos.
- El respeto y fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, evitando su uso con fines de coerción.
- Que el Estado de Honduras cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
