ALERTA 40-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Por los supuestos delitos de injurias y calumnias en perjuicio de la empresa Avícola El Cortijo, Christopher Castillo, Coordinador General de La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) enfrenta un nuevo proceso judicial interpuesta por Joseph Walter Brenes, propietario de la empresa; según trascendió en la redes sociales de la organización de sociedad civil.
De acuerdo con la información documentada, el señor Brenes, interpuesto la querella acusando a Castillo bajo los supuestos delitos de injurias y calumnias en perjuicio de dicha empresa. En comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una fuente cercana al acusado informó “como parte del proceso, Castillo fue citado a comparecer el 23 de abril de 2026, sin embargo la audiencia que ha sido reprogramada, quedando pendiente la notificación de una nueva fecha”..
Es de hacer notar que este caso se enmarca en un contexto de conflictividad, dado que ARCAH ha denunciado por espacio de ocho años la presunta contaminación del río Choluteca (también referido como Río Grande), señalando impactos negativos en la salud de las poblaciones de comunidades cercanas, particularmente en la aldea Loarque y sectores aledaños en Tegucigalpa.
A consideración de C-Libre, este nuevo proceso de judicialización contra Castillo, reconocido líder defensor de derechos humanos en el país, es un hecho que evidencia la persistencia de patrones de criminalización contra quienes defienden los bienes comunes en Honduras. C-Libre advierte que este constituye el tercer proceso de judicialización promovido por la misma empresa contra ARCAH, lo que evidencia un patrón reiterado de acciones legales que podrían estar siendo utilizadas como mecanismo de presión, censura y desgaste contra el ejercicio legítimo de la defensa ambiental y la denuncia pública.
Ver alerta: https://clibrehonduras.com/2025/05/06/citan-en-legal-y-debida-forma-a-defensores-ambientales-de-tegucigalpa/
Además este se inscribe en una práctica recurrente a nivel nacional, consistente en el uso del sistema penal y figuras como los delitos contra el honor para inhibir la participación de personas defensoras de derechos humanos, particularmente en situaciones relacionadas al daño ambiental producido por la práctica de arrojar desperdicios industriales a la orilla de fuente fluviales, sin control alguno.
Para el equipo legal de C-Libre, la “reiteración de acciones legales contra un mismo actor, en respuesta a denuncias de interés público, configura indicios de acoso judicial o litigio estratégico contra la participación pública orientado a generar autocensura, desgaste emocional y limitaciones en la labor de incidencia de las organizaciones”.
Ante estos hechos, C-Libre expresa su preocupación por la continuidad de acciones legales contra personas defensoras que denuncian posibles daños ambientales y reitera que la defensa de los bienes comunes constituye una actividad legítima protegida por estándares nacionales e internacionales.
La utilización reiterada de procesos judiciales en estos contextos no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que genera un efecto inhibidor sobre otras comunidades y organizaciones. El Estado hondureño debe garantizar que el sistema de justicia no sea instrumentalizado para limitar el debate público ni para restringir el derecho de la ciudadanía a denunciar situaciones que afectan el ambiente y la salud colectiva.
Por lo tanto, desde las oficinas de esta organización (C-Libre) que desde hace unos 25 años defiende y promueve la libre expresión en el país, demanda a las autoridades de Honduras:
- Garantizar el respeto del derecho a la defensa que ampara a Christopher Castillo, evitando el uso indebido del sistema penal como mecanismo de intimidación.
- Revisar el uso de figuras penales como injurias y calumnias en contextos de interés público, en línea con estándares internacionales que recomiendan su despenalización.
- Prevenir prácticas de criminalización y acoso judicial contra personas defensoras del medio ambiente.
- Garantizar condiciones seguras para la denuncia de posibles afectaciones ambientales, sin represalias.
- Fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, asegurando su intervención en casos de riesgo derivados de la labor de defensa de derechos ambientales de las poblaciones.
