ALERTA 27-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Cristopher Joshua Castillo Sanchez, Director Ejecutivo de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) y el ciudadano hondureño José Manuel Chinchilla Aguilar fueron citados ante el Juzgado de Paz Penal en el Distrito Central para que respondan ante la denuncia interpuesta por el señor Joseph Walter Brener empresario avicola en el país.
Cristopher Castillo, es un reconocido defensor del medio ambiente en el país y producto de los riesgos, a su integridad, que le ocasiona la defensoría de los recursos naturales, desde hace más de un año es beneficiario de medidas cautelares dictadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe señalar que ARCAH es una organización que funciona como un espacio de articulación de comunidades y un movimiento social que busca defender los territorios y bienes comunes de la naturaleza contra cualquier proyecto que amenace la paz y la cosmovisión de las comunidades.
En el caso de José Manuel Chinchilla es un ciudadano hondureño que realiza actividades profesionales, de caracter laboral, en Canada y en algunas temporadas del año visita Honduras y se integra a diversas acciones en favor de la defensa y promoción del medio ambiente, de ahí que junta a ARCAH se ha unido en la defensa de los caudales del Rio Choluteca y en contra de la degradación ambiental que supuestamente causa la empresa avícola El Cortijo ubicada a inmediaciones de la Aldea Loarque, al sur de la capital; propiedad del señor Brener
Entre las acusaciones contra Castillo y Chinchilla se destacan unas supuestas actividades, tanto en redes sociales como presenciales en la empresa, que ponen en riesgo al empresario avícola. Ambos deberan presentarse el miércoles 14 de mayo en horas de mañana a dicha jurisdicción legal para manifestar su aceptan o no lo hechos que se les imputan.
En comunicación con el equipo técnico de Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Cristopher declaró que esta firme en la lucha «nos vamos a claudicar en el proceso de denunciar a una empresa corrupta, a una empresa que mueve ínteres del capitalismo para dañar a las comunidades, de una empresa que no le interesa la salud, ni los derechos de las personas, una empresa que en reiteradas ocasiones a reitirado amenazas, agresiones fisicas y verbales contra la defensoria ambiental», sostiene que tampoco va doblegarse ante un «gobierno que ha sido poco diligente y que has sido en algun momento complice porque han omitido sus responsabilidades», acotó Castillo.
«En el marco de la lucha social en especial en la lucha territorial toca señalar todo lo que esta mal, no tenemos espacio para poder negociar con la tierra, con el espacio, la vida, el agua, no se puede retroceder ni un paso», dijó Cristopher en la entrevista con C-Libre. «Nos vamos a presentar a la cita el 14 de mayo a las 9 de la mañana y ya nos imaginamos la dinamica legal que van establecer como ser que nos nos acerquemos, que pidamos disculpas, que no menciones la empresa, nada de eso va ocurrir, tenemos claro las implicaciones judiciales que conlleva la posición en mi contra pero no nos vamos a retractar, porque la lucha es integral, no es contra mi es contra toda la comunidad, la organización contra la lucha por la defensa del rio contra la dignidad de las personas».
Para C-Libre, proteger el medio ambiente es proteger la vida, la dignidad y los derechos humanos, tomando en cuenta la vida en democracia que promueve las autoridades de gobierno actual, el desarrollo sostenible no es opcional, sino esencial.
Consideramos de suma importancia que la defensa del medio ambiente se constituye como pilar de toda sociedad democrática. No solo es una cuestión ecológica, sino también un compromiso ético, político y ciudadano. Por otra parte, la sostenibilidad ambiental está profundamente conectada con los principios democráticos fundamentales, como ser: la participación, la equidad, la justicia y los derechos humanos.
1. Derecho a un ambiente sano. En muchas constituciones democráticas, el derecho a vivir en un ambiente sano es un derecho fundamental. Proteger los ecosistemas, el agua, el aire y los recursos naturales es, por tanto, una obligación del Estado y de todos los ciudadanos.
2. Justicia intergeneracional. La democracia auténtica no solo piensa en el presente, sino también en el futuro. Defender el medio ambiente implica garantizar condiciones de vida dignas para las generaciones futuras, lo cual es un acto de justicia intergeneracional y responsabilidad colectiva.
3. Participación ciudadana y control social. Los problemas ambientales afectan a las comunidades directamente. Una democracia activa debe fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso del territorio, la explotación de recursos y la planificación ambiental, esto empodera a la ciudadanía y fortalece la gobernanza democrática.
4. Equidad y protección de los más vulnerables. La degradación ambiental afecta de manera desproporcionada a las personas más pobres y marginadas. Por eso, la defensa del medio ambiente es también una lucha por la equidad social, pues protege a quienes tienen menos capacidad de defenderse de sus consecuencias (como la contaminación, la escasez de agua o el cambio climático).
5. Responsabilidad del Estado. En una sociedad democrática, el Estado debe rendir cuentas sobre su gestión ambiental. La transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de normas ambientales son muestras del grado de compromiso democrático de un gobierno.
