El proceso electoral del 30 de noviembre de 2025 en Honduras reiteró las fragilidades del sistema político-institucional, marcado no solo por disputas partidarias y tensiones institucionales, sino también por un fenómeno que continúa socavando la democracia: la violencia de género contra mujeres periodistas, comunicadoras y actoras políticas. Estos ataques no son hechos aislados, sino un patrón estructural que revela la persistente hostilidad hacia la presencia femenina en espacios públicos de opinión, fiscalización y liderazgo.
Hallazgos principales del monitoreo realizado entre el 29 de mayo y el 31 de diciembre de 2025:
- Se documentaron 22 casos de violencia de género, dentro de un total de 52 alertas de agresiones contra la libertad de prensa y de expresión, es decir, el 42.3 % del total.
- La fase núcleo del proceso (29 de noviembre al 1 de diciembre) concentró la mayor intensidad de agresiones: 20 de las 52 alertas (38.5 %) y 9 de los 22 casos contra mujeres (40.9 %).
- Actores estatales —funcionarios gubernamentales, municipales, militares y policiales— aparecen como presuntos responsables de 10 de las 52 alertas (19.2 %), lo que convierte parte de la violencia en un problema de abuso del poder público.
- En 11 alertas los agresores permanecen sin identificar, lo que refleja debilidades en la investigación y alimenta la impunidad estructural.
Las agresiones fueron perpetradas tanto por actores estatales y partidarios como por individuos desconocidos, y buscaron disciplinar la presencia pública de las mujeres, afectando sus derechos laborales, políticos y de participación. La pregunta central ya no es si existe violencia de género en la política hondureña, sino hasta cuándo se permitirá que continúe normalizando.
