ALERTA 92-2026
El Progreso, Honduras (C-Libre). – Los hechos ocurrieron en el marco de una jornada de movilización campesina de la Alianza Campesina Indígena y Popular de Honduras; quienes demandaban la derogación de la legislación agroindustrial y planteaban reivindicaciones relacionadas con el acceso a la tierra, la producción agrícola y las condiciones de vida de las comunidades rurales.
De acuerdo con información que trascendió en distintos espacios informativos de medios de comunicación en plataformas digitales y la transmisión en directo de corresponsales de medios de comunicación, a través de sus corresponsales en la zona la manifestación se desarrollaba pacíficamente cuando los agentes policiales procedieron a lanzar gases lacrimógenos contra las personas manifestantes.
La intervención policial también fue reportada por medios de comunicación nacionales. Criterio.hn informó sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos durante la protesta y las demandas de derogación de la ley agroindustrial y cese de los desalojos.
Ver reporte: https://www.instagram.com/reel/DekA2cKkcxp/?mdxt=aGprYWNiZ2EwaDNl
Es de suponer que la utilización de estos agentes químicos causo afectación a las personas participantes y a otras que se encontraban en las inmediaciones de la zona en protesta. Aunque no se dispone de información confirmada sobre lesiones individuales ni sobre personas detenidas durante el operativo, la ausencia de datos específicos sobre víctimas no elimina la preocupación sobre los riesgos que representa el uso de gases lacrimógenos en espacios donde se encuentran personas reunidas para ejercer sus derechos.
En el marco de estas movilizaciones, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) manifestó su posición relacionada con las demandas de la Alianza Nacional Campesina, Indígena, Garífuna, Feminista y Popular de Honduras. Reitera el COPINH que la ciudadanía en protesta expresa su rechazo a la legislación agroindustrial, cuestionan los desalojos y plantean preocupaciones sobre la protección de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, la tierra y la soberanía alimentaria.
Para los movimientos ciudadanos, la posición de las organizaciones populares e indígenas se constituye como un elemento relevante para comprender el contexto social y político en el que se desarrolló la protesta, asi mismo las demandas expuestas; reflejan el ejercicio de la participación ciudadana y la búsqueda de espacios para expresar inconformidades frente a decisiones legislativas y políticas públicas que, desde la perspectiva de las organizaciones, afectan sus derechos e intereses colectivos.
A consideración del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el ejercicio del derecho a la protesta pacífica constituye una expresión legítima de la libertad de expresión, la reunión y la participación en los asuntos públicos, por lo tanto; las autoridades tienen la obligación de proteger estos derechos y de garantizar que las intervenciones destinadas a mantener el orden público se ajusten a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.
De ahí que la ausencia de una advertencia previa, señalada por la fuente consultada en la zona, constituye un elemento que debe ser esclarecido por las autoridades competentes, también es necesario determinar qué instrucciones recibieron los agentes, qué circunstancias motivaron el empleo de gases lacrimógenos y si se consideraron alternativas menos lesivas antes de recurrir a este recurso; es prioritario poder señalar que la existencia de una afectación al tránsito vehicular, por sí sola, no exime al Estado de su obligación de proteger a las personas manifestantes.
Aunque no se ha identificado un registro de denuncias específicas sobre la actuación policial, esta circunstancia no debe interpretarse como prueba de que no hubo afectaciones ni como una validación del procedimiento empleado, de hecho; corresponde a las instituciones competentes esclarecer lo sucedido y garantizar mecanismos accesibles para que las personas afectadas puedan presentar sus quejas y obtener una respuesta.
C-Libre advierte, además, que el empleo de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente puede generar un efecto inhibidor a reclamar sus derechos humanos, sin duda alguna el temor a sufrir agresiones, exponerse a gases lacrimógenos o enfrentar intervenciones policiales sin advertencia previa puede desalentar la participación ciudadana y restringir, en la práctica, el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta.
Recomendaciones de C-Libre
Insta a la Policía Nacional a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el lanzamiento de gases lacrimógenos en el puente de Quebrada Seca, revisar las órdenes impartidas durante el operativo y determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Asimismo, exhorta a las autoridades policiales a priorizar el diálogo, la mediación y las medidas de prevención antes de recurrir a acciones de dispersión que puedan poner en riesgo la integridad de las personas manifestantes y de terceros.
Finalmente, C-Libre solicita a las autoridades competentes garantizar el respeto al derecho a la protesta pacífica y establecer mecanismos efectivos para documentar e investigar posibles abusos durante las intervenciones policiales.
El Estado hondureño debe asegurar que las personas campesinas, indígenas y demás integrantes de organizaciones sociales puedan expresar sus demandas sin temor a represalias o al uso injustificado de la fuerza, en cumplimiento de sus obligaciones de proteger la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación ciudadana.
