Alerta No. 006-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Previo a la instalación de la cuarta legislatura, en el Congreso Nacional, guardias de seguridad privadas, por órdenes superiores, impidieron a la periodista Eleana Borjas, dar cobertura a tal acto, el pasado lunes 25 de enero.
La periodista relató a C-Libre que no le fue permitido el ingreso a la sede del Poder Legislativo, aun y cuando está acreditada, como parte del protocolo que establece ese poder del Estado.
“Nosotros no necesitamos estar solicitando acceso si cubrimos desde 2014 el Congreso Nacional y sus actividades”, dijo Borjas, corresponsal de Radio Progreso en Tegucigalpa.
Cabe señalar que, los accesos para llegar al Congreso Nacional, fueron cerrados con presencia policial y militar, mientras organizaciones feministas se congregaban en una acción de protesta en el mismo sector.
“Expreso con indignación que una vez más se ha negado a Radio Progreso el ingreso al lugar donde se realizará la instalación de la nueva legislatura. Eso se llama coartar la libertad de expresión y una decisión política, arbitraria y discriminatoria”, manifestó en sus redes sociales el director de Radio Progreso, el sacerdote Ismael Moreno.
Luego de la publicación del también sacerdote jesuita, puntualizó Borjas, recibió un mensaje de parte del Congreso Nacional, “para dejarla pasar”; sin embargo, el cierre policial y militar de los accesos vehiculares al legislativo, imposibilitó aún más la cobertura de la periodista.
C-Libre registra en su sistema de alertas 23 agresiones a la libertad de expresión e información contra Radio Progreso, desde el año 2016 a la fecha; especialmente contra su director, periodistas, equipo técnico y unidad vehicular.
De acuerdo con los registros de C-Libre, los tipos de agresión hacia Radio Progreso están: Agresiones policiales, seguimiento, atentado, amenazas, daños a su equipo de transmisión, obstrucción informativa y detención ilegal.
La declaración de principios sobre libertad de expresión, en su inciso 13 señala que: “Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.