A principios del siglo XXI en Latinoamérica ningún país había adoptado una ley de acceso a la información pública (LAIP). Esto cambió a partir del 2002 cuando México y Panamá aprobaron sus leyes, hecho que inició una ola de transparencia, resultando en la mayoría de los países de la región aprobando sus respectivas LAIPs, en un lapso de 14 años. Esta ola tuvo lugar en el marco de los procesos de democratización que se vivieron en la región luego de las transiciones de regímenes autoritarios, así como una demanda creciente por parte de la ciudadanía para la apertura gubernamental.
Las LAIPs son en gran medida consecuencia de los cambios en la relación entre Estado y la ciudadanía y del trabajo de incidencia realizado por organizaciones de la sociedad civil (OSCs). La promoción de esta agenda por OSCs a nivel local, y su coordinación con iniciativas regionales fue determinante en lograr que todos los países latinoamericanos exceptuando Bolivia, Cuba y Venezuela cuenten hoy día con normativas funcionales en materia de acceso a la información pública.
Han pasado ya 19 años desde que se aprobaron las leyes en México y Panamá, y en promedio los países de la región cuentan con 12 años de experiencia en la implementación de las LAIPs. En este tiempo se han visto ya reformas para apuntalar el derecho de acceso a la información, como fue el caso de México; y ha habido avances importantes en la implementación, por ejemplo en la utilización de mecanismos de transparencia activa, o el desarrollo de jurisprudencia en la materia, como ha pasado en Argentina o Costa Rica. A nivel regional también ocurrieron hechos positivos como fue la aprobación de la Ley Modelo de la OEA en 2010, y su actualización con la Ley Modelo 2.0 en 2020.
Desafortunadamente, la implementación no es un proceso que se desarrolle siempre hacia adelante. En estos años también se observan retrocesos, como el desmantelamiento del régimen de AIP en Nicaragua; la aprobación de normativas que contradicen las LAIPs, como la Ley de Clasificación de Documentos Públicos de Honduras; o simplemente cambios de gobierno que llevan a una mayor opacidad y menor compromiso con el derecho de acceso a la información pública (DAIP) como en Brasil, El Salvador y México.
Estos hechos, tanto positivos como negativos, generan un buen momento para hacer un análisis regional sobre el estado de la implementación de LAIPs en Latinoamérica. Un estudio reciente de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información encontró que solo un 25% de sus organizaciones miembro perciben en su país un goce pleno del derecho a la información. Por lo tanto, entender los factores para los puntos positivos y negativos en la implementación es muy relevante para formular nuevas estrategias de acción. Por otro lado, la perspectiva que sólo el tiempo puede dar contribuye a identificar tendencias regionales no solo de corte geográfico, sino también temporal. La rica experiencia acumulada en la región durante los últimos 20 años sirve de excelente materia prima para extraer lecciones aprendidas que son de ayuda para países que ya están en el proceso de implementación de su LAIP, pero sobre todo pueden informar los esfuerzos en países en donde la agenda de acceso a la información apenas despega, por ejemplo en países donde aún no hay normativa y empiezan con el proceso de incidencia.
Los objetivos del presente reporte elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información son, por un lado, presentar la situación respecto de la implementación de LAIPs, mientras que por el otro identificar las principales lecciones aprendidas en estos años. Se espera que las conclusiones aquí mencionadas sirvan para informar los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, personas dentro de la administración pública y otras áreas profesionales buscando fortalecer el derecho de acceso a la información en Latinoamérica y el Caribe.
