Alerta No. 025-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Un orden de captura contra la comisionada policial en condición de retiro, María Luisa Borjas, se emitió Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán denunció este martes 30 de marzo, su equipo legal junto a diferentes personalidades aglutinadas en el Comité de Solidaridad que lleva su nombre.
En conferencia de prensa, el Comité de Solidaridad con María Luisa Borjas (conformado por diferentes personalidades y organizaciones de derechos humanos), afirmó que dicha orden de captura se emitió el pasado viernes 26 de marzo contra la comisionada policial.
“El Comité conoció de fuente fidedigna que la autoridad policial emitió una orden de captura, sin tener en consideración las obligaciones internacionales del Estado de Honduras relativas al derecho de libertad de expresión”, expuso el Comité, en un comunicado leído en conferencia de este martes.
Por su parte, la abogada Kenia Oliva, quien forma parte del equipo legal de la comisionada Borjas, demandó a las autoridades judiciales que se abstengan de emitir la orden de captura, ya que existe un recurso de revisión pendiente de respuesta por parte de la Sala constitucional de la CSJ, presentado en octubre de 2020.
“Estamos asombrados que el PJ emitiese una orden de captura un viernes previo a semana santa. Aunque sabemos que es una forma que el PJ ha venido operando contra defensores y defensoras de DDHH, siempre emite orden de captura previo a las vacaciones, que son por lo menos dos veces al año”, añadió la profesional del derecho.
Borjas, fue procesada luego que, el empresario Camilo Átala presentara una querella por los delitos de calumnia constitutiva de difamación.
En enero de 2019, fue declarada culpable, en juicio oral y público, presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez. El 18 de febrero del año en mención, fue condenada a 32 meses de prisión.
El origen del proceso penal data desde noviembre de 2017, en las afueras de la sede del estatal Comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH), cuando denunció ante medios de comunicación, leyó fragmentos de tres informes que obtuvo de una fuente policial, en la que revela la falta de actuación del Ministerio Público (MP) para presentar requerimiento fiscal a los responsable de crímenes contra el Fiscal Orlan Arturo Chávez (asesinado en 2003), el experto en temas de narcotráfico Alfredo Landaverde (asesinado en 2012) y la lideresa indígena-lenca, Berta Cáceres (asesinada en 2016).
C-Libre junto a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, en un pronunciamiento conjunto publicado el 21 de julio de 2020, rechazaron que “las víctimas de graves violaciones a derechos humanos además de enfrentar la impunidad imperante, enfrenten la imposición del silencio mediante violencia o criminalización, para sí mismas o para quienes se atreven a levantar junto a ellas las voces de denuncia”.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su marco jurídico expone que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción. Y en debates sobre interés público se protegen la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública “como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población”.
