Alerta 070-2023
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – Entre los diarios escritos se mencionan a: El Heraldo, La Prensa, La Tribuna y Diario Tiempo, este último de carácter digital.
Dicha campaña surgió en las redes sociales, desde la página de “X” @anticorrupcionhonduras, lugar en el que se creó una encuesta en la que preguntan a la población “¿Cuál de los periódicos de Honduras sabe usted que está más ligado al narcotráfico?”, seguidamente dan la lista de los periódicos antes mencionados.
Luego de una minuciosa búsqueda, por parte del equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), para dar con el portal que hace publica esta encuesta; los resultados fueron en vano pues no se encontró nada al respecto, de hecho representantes de los medios señalados dijeron en una entrevista a C-libre que desconocían todo tipo de detalles sobre la encuesta y el sitio que la divulgaba.
Sorprendidos por la publicación de la encuesta y sobre todo por desconocer el origen, algunos de los coordinadores de prensa abordados por C-libre, dijeron desconocer el autor intelectual y material de esta campaña, que “pone en peligro a todos los colaboradores de estas empresas mediáticas ante las repercusiones que generan las campañas de odio”.
Otra fuente periodística ligada a uno de los medios agredidos por dicha publicación, manifestó al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que algunos medios de comunicación o páginas de redes sociales, han sido utilizadas por el gobierno de turno para desacreditar a otros medios de comunicación, porque tienen un interés directo en generar opinión publica negativa sobre su trabajo, ya que no pueden controlar la información que publican y, en ocasiones las noticias no son favorables para ellos.
“Ellos utilizan cuentas que son creadas con el objetivo de generar desinformación y me parece que atacar a los periódicos de esa manera, es una estrategia muy baja que no les va a dar resultado, por mas descredito que traten de generar en realidad los medios en Honduras están posicionados en un nicho que el gobierno no controla, y precisamente por eso nos atacan, pero si es repudiable que se utilicen tácticas de propaganda para desacreditar los medios de comunicación” agregó.
Por su parte, desde el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), comentaron que han venido denunciando este tipo de hostigamiento y campañas de descréditos contra los periodistas y medios de comunicación en Honduras, y piden a las autoridades correspondientes que se hagan los reportes necesarios para que suspendan esas cuentas que publican ataques y desprestigios desde el anonimato.
Según registros de C-Libre, en el mes de mes de Julio del presente año se presentaron dos casos de campañas de descredito contra periodistas, uno de los casos se trata de seis defensores de derechos humanos y una periodista que fueron víctimas de una campaña de descredito en la que se les señala de tener “vínculos” con una organización criminal, luego de brindar declaraciones y hacer investigaciones sobre la militarización de los penales en el país.
Otro de los casos se refiere a la ex primera dama, Ana García de Hernández, quien estigmatizó a los medios de comunicación que cubren el proceso judicial contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico y extraditado a los Estados Unidos.
y el pasado mes de agosto, se registró una fuerte campaña de descrédito, divulgación de contenido íntimo se desató durante la última semana en contra el periodista, Selvin Jonás Euceda Ordoñez, (37), presentador de noticias en Telemarcovia HD y corresponsal de VTV en la zona sur del país, la acción ocurrió a pocos días de que recibiera amenazas de parte de personas cercanas al alcalde de Choluteca.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado de Honduras en 2015, “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo el reconocimiento de la labor periodística y la condena pública respecto de los asesinatos y toda violencia física contra periodistas, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los periodistas; y a adoptar programas de entrenamiento y capacitación, así como formular e implementar guías de conducta o directrices, para los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, incluidos aquellos relacionados específicamente con cuestiones de género”. (CIDH, Informe sobre Honduras, 2014).
