Puerto Lempiras, Gracias a Dios (C-Libre).- La periodista Yuam Pravia, reportó al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que personas desconocidas en altas horas de la noche vulneraron el cerco perimetral de su casa de habitación aumentando la vulnerabilidad de la estructura. En su narración la profesional del periodismo, originaria de La Mosquitia en el departamento de Gracias a Dios, dijo que “uno de los postes que sostiene el alambre de pua del cerco fue arrancado y dejado a un lado del terreno”.

Esto hace suponer, según Yuam que “su casa está bajo vigilancia, y con esto cualquier persona a la hora que quiera podría ingresar al terreno y así a la casa”. Es de hacer notar que esta situación aumenta las posibilidades que los agresores concreten las intenciones de quemarle la casa tal como sucedió hace algunas semanas y que provocó el desplazamiento forzado de Yuam, sus hijas y esposo. 

C-Libre tienen en sus registros de alertas de agresiones a periodistas y comunicadores sociales el reporte del intento de prender fuego a la casa de la periodista, mientras sus pequeñas hijas estaban durmiendo en el interior.

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A esta nueva actividad sospechosa en la casa de habitación de la periodista, Pravia se suma el robo de varias piezas de madera que recién había comprado para hacer mejoras en la casa, así mismo personas cercanas a la familia. que aún radican en la zona, le han reportado que personas desconocidas “pasan merodeando la casa”, uno a pie, otros en moto; “centran su atención en mi casa” expresa Yuam.

Aunque actualmente se encuentra fuera de su residencia, personas desconocidas continúan merodeando en las cercanías de su vivienda, lo que representa un claro patrón de vigilancia y hostigamiento. De acuerdo con las denuncias, la Policía Nacional ha sido alertada en reiteradas ocasiones, sin embargo, no ha tomado medidas efectivas para asegurar la seguridad de su hogar y se reitera que la situación escaló con este debilitamiento estructural del muro perimetral.

C-Libre lamenta que este hecho se inscriba en un contexto de violencia estructural contra periodistas en Honduras, donde la vulnerabilidad se agudiza al tratarse de una mujer indígena, doblemente expuesta por su condición de género y de pertenencia a un pueblo originario. “En ese sentido, el ataque contra Yuam Pravia no solo constituye una agresión a su persona y familia, sino que además representa un golpe contra el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico independiente, pilares fundamentales de toda sociedad democrática”.

Consideramos propicio recordamos a las autoridades de seguridad que la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 72, establece que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura”. Asimismo, el artículo 74 prohíbe la restricción de este derecho por vías o medios indirectos. Estos principios fundamentales han sido reafirmados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha señalado que los Estados tienen la obligación no solo de garantizar la libertad de expresión, sino también de proteger a quienes ejercen el periodismo frente a amenazas y agresiones.

Además, Honduras es parte de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), que consagran la libertad de expresión como derecho humano esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática.

En el caso de las mujeres, el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, sin distinción de su origen étnico o cultural. A su vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 16, reconoce el derecho de los pueblos originarios a crear y mantener sus propios medios de comunicación y a no ser objeto de discriminación en el ejercicio de la libertad de expresión.

El Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado bajo la Ley de Protección (Decreto 34-2015), obliga al Estado hondureño a garantizar medidas eficaces de protección frente a riesgos comprobados, sin duda alguna la falta de acciones contundentes en el caso de Yuam Pravia evidencia un incumplimiento directo de estas responsabilidades.

El hecho de que Yuam Pravia sea mujer y, además, perteneciente al pueblo misquito, la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que las periodistas enfrentan formas específicas de violencia de género, que incluyen la intimidación hacia sus familias, el hostigamiento en espacios públicos y virtuales, así como ataques dirigidos a deslegitimar su credibilidad profesional.

En este caso, los actos de intimidación no solo buscan silenciar su voz, sino también infundir terror en sus hijas y en su núcleo familiar, lo que constituye una forma de violencia psicológica y estructural que violenta la protección especial que merecen las niñas conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

El desplazamiento forzado de la periodista Yuam Pravia se configura como una grave violación de derechos humanos, que involucra la falta de medidas de prevención por parte del Estado hondureño y la ausencia de respuesta institucional frente a hechos de hostigamiento y atentados contra su vivienda.

Desde C-Libre, a la vista de la comunidad nacional  y representación intencional en el país, demandamos una acción inmediata del Estado para garantizar la seguridad de la periodista y su familia, así como para investigar y sancionar a los responsables de estos actos de intimidación. Asimismo, resulta urgente activar de manera efectiva el Mecanismo Nacional de Protección, asegurando que se implementen medidas con enfoque de género y pertinencia cultural, tal como exigen los estándares internacionales de derechos humanos.

La situación de Yuam Pravia debe ser entendida no solo como un ataque personal, sino como un ataque contra el periodismo indígena y comunitario, indispensable para la defensa de la diversidad cultural, la democracia y el derecho de las comunidades a estar informadas. Finalmente creemos que mientras persista la inacción del Estado, se mantiene la impunidad y el mensaje de que el ejercicio periodístico en Honduras continúa siendo una labor de alto riesgo, especialmente para mujeres indígenas que deciden alzar la voz.