ALERTA 110-2025
Cucuyagua, Copán (C-Libre).- Ambos casos fueron en Copán y dirigidos contra el periodista Óscar Armando Peña Ortiz, director del medio Perla de Occidente, mientras realizaba cobertura electoral en distintos municipios, según relatos al Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Uno de los incidentes, fue en Cucuyagua, cuando Óscar Armando Peña Ortiz llegó a un centro educativo donde se desarrollaba la jornada electoral y al arribar al lugar, el periodista observó la presencia de entre 15 y 20 militares resguardando el centro de votación.
En las narración de los hechos, trasciende que Peña se aproximó a los salones donde las personas ejercían el sufragio, sin cruzar las puertas ni interferir con el proceso, y desde la parte externa inició la grabación de imágenes generales como parte de su cobertura informativa. En ese momento, un militar se le acercó y le ordenó de forma directa: “apágame eso, no puedes grabar”.
Ante esta orden, el periodista respondió que la legislación electoral permite a los medios de comunicación grabar el desarrollo del proceso, siempre y cuando se respete el carácter secreto del voto, sin embargo, la actitud del militar se mantuvo restrictiva y carente de fundamento legal. Peña Ortiz siguió en su relato que, al sacar su teléfono celular para documentar lo ocurrido y visibilizar el bloqueo informativo, el militar cambió de actitud posteriormente; tras señalar de forma verbal el derecho que tanto él como otros medios tenían de realizar cobertura en el lugar.
Minutos después, el encargado del contingente militar se acercó al comunicador y le solicitó que no publicara el video que había grabado, una petición que constituye presión directa para evitar la difusión de información de interés público y tras permanecer un tiempo adicional en el sitio, Óscar Armando Peña Ortiz decidió retirarse del centro de votación.
El segundo incidente fue en Corquín. El periodista llegó con el objetivo de continuar la cobertura electoral en otro centro educativo. Ya en el lugar y con el objetivo de continuar con sus labores informativas un grupo de personas civiles comenzó a gritarle de forma agresiva expresiones como: “¿qué put$s venís aquí?” y “dejá de hacer esa mierd$”, exigiendo que se retirara del sitio.
Ante esta situación, Peña Ortiz sacó su cámara para grabar los hechos, con el fin de documentar la agresión verbal y proteger su labor; en ese momento, las personas civiles guardaron silencio y se retiraron, permitiéndole continuar con su trabajo periodístico sin que se produjera una agresión física directa.
Este segundo incidente evidencia cómo, además de las restricciones provenientes de agentes del Estado, actores civiles también reproducen prácticas de hostigamiento contra la prensa, generando entornos inseguros para el ejercicio del periodismo en contextos electorales.
A consideración del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) los hechos evidencian un patrón de hostigamiento e intimidación que limita el ejercicio del periodismo durante procesos democráticos, particularmente cuando la cobertura se desarrolla en presencia de fuerzas armadas o en contextos de alta tensión social.
Además los dos hechos registrados en Copán no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de un patrón reiterado de obstrucción informativa documentado por C-Libre en procesos electorales anteriores, la presencia intimidante de fuerzas armadas en centros de votación, las órdenes arbitrarias para impedir grabaciones, las solicitudes de no publicar material periodístico y las agresiones verbales por parte de civiles constituyen formas de censura indirecta.
Estos actos, aunque no siempre se traducen en violencia física, buscan limitar, condicionar o desalentar la labor informativa, afectando el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y veraz sobre el desarrollo de los procesos democráticos.
C-Libre, recuerda a las autoridades militares y dirigentes políticos que la Constitución de la República de Honduras, en sus artículos 72 y 73, garantiza la libertad de emitir el pensamiento por cualquier medio y prohíbe la censura previa y las restricciones indirectas e impedir o limitar arbitrariamente la cobertura periodística en centros de votación vulnera estas garantías constitucionales.
En el plano internacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y prohíbe expresamente las restricciones indirectas a la libertad de expresión y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la intimidación, la presión o el uso del poder estatal para silenciar a la prensa constituye una violación grave a este derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra periodistas, especialmente durante procesos electorales, cuando la labor informativa adquiere una relevancia democrática reforzada.
Ante los hechos documentados, el Comité por la Libre Expresión formula las siguientes recomendaciones y exigencias:
Al Estado de Honduras:
Garantizar condiciones seguras y libres de intimidación para el ejercicio del periodismo durante procesos electorales, particularmente en zonas donde existe fuerte presencia de fuerzas armadas.
A las Fuerzas Armadas:
Abstenerse de emitir órdenes arbitrarias o realizar acciones que limiten la cobertura informativa, y respetar el rol de los periodistas como garantes del derecho ciudadano a la información.
Al Consejo Nacional Electoral (CNE):
Emitir y reforzar directrices claras sobre el acceso de la prensa a centros de votación, evitando interpretaciones discrecionales que deriven en bloqueos informativos.
A las autoridades competentes:
Investigar los hechos ocurridos en Cucuyagua y Corquín, Copán, determinar responsabilidades y adoptar medidas correctivas que impidan la repetición de este tipo de prácticas.
A los actores políticos y sociales:
Respetar la labor de los medios de comunicación y abstenerse de realizar actos de hostigamiento o agresión verbal contra periodistas en el ejercicio de su trabajo.
C-Libre reitera que la obstrucción informativa y la intimidación, aun sin violencia física, debilitan la democracia, fomentan la autocensura y vulneran el derecho de la ciudadanía a estar informada, así mismo la protección del periodismo durante los procesos electorales es una condición indispensable para la transparencia y legitimidad del sistema democrático hondureño.
