ALERTA -2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- El equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), registró en su monitoreo electoral un nuevo episodio de censura sutil, presión institucional y deslegitimación del debate público, en el marco de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
La agresión constitutiva de censura sutil se refiere al pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) contra declaraciones de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. Sobre el asunto, es público que la institución castrense desmintió afirmaciones realizadas por la consejera López sobre supuestos procesos de escaneo o verificación de credenciales de informáticos electorales por parte de las FFAA, calificándolas como “totalmente falsas” y atribuyendo sus declaraciones a una narrativa que “genera pánico, incertidumbre y odio”.
A consideración del equipo técnico de C-Libre, “Si bien el derecho a réplica institucional es legítimo, el tono, el contexto y el contenido del mensaje oficial generan alertas sobre el uso del poder estatal para desacreditar voces críticas dentro del propio sistema electoral, afectando el libre flujo de información”.
Concretamente la comunicación oficial de las FFAA, niegan haber realizado procesos de escaneo o verificación de credenciales a informáticos electorales, afirman que dicha función corresponde exclusivamente a miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV); señalan que su labor se limitó a la distribución del material electoral con 24 horas de antelación, conforme a ley. Además atribuyen los retrasos en la apertura de centros de votación a factores logísticos de las JRV y exhortan públicamente a la consejera Cossette López a “evitar desinformar a la población”, acusando sus declaraciones de provocar pánico e incertidumbre social.
El mensaje institucional no solo contradice una versión técnica, sino que introduce un marco de estigmatización discursiva, al presentar a una funcionaria electoral como generadora de caos y narrativa de odio, sin abrir espacios transparentes de auditoría pública.
C-Libre advierte que este tipo de comunicados constituyen una forma de censura sutil, que no opera mediante prohibiciones explícitas, sino mediante la desacreditación pública de voces técnicas o críticas. Uso del término “desinformación” como mecanismo de control del discurso, construcción de una narrativa institucional única.
Generación de temor a expresar observaciones sobre el proceso electoral y cuando una institución armada, con alto peso simbólico y político, interpela públicamente a una funcionaria electoral bajo un discurso de advertencia, se crea un entorno de autocensura, donde otros actores pueden abstenerse de denunciar irregularidades por temor a ser señalados como desestabilizadores.
La democracia no solo se protege con logística, sino también con debate abierto, fiscalización pública y pluralidad de versiones, por otra parte; en este marco, cualquier intento de cerrar el debate bajo el argumento de “pánico” o “odio” debilita la transparencia y el derecho ciudadano a cuestionar el funcionamiento del sistema electoral.
La Constitución de la República, en el artículo 72 establece, emisión del pensamiento y en el artículo 74, garantiza el derecho a informar y ser informado sin censura previa.
La censura no solo es la prohibición directa, sino también toda acción que limite, presione o intimide el ejercicio libre del debate público, especialmente desde estructuras estatales con poder coercitivo.
C-Libre considera que el discurso institucional de las FFAA no debe convertirse en mecanismo de silenciamiento, las observaciones de una consejera electoral deben discutirse con transparencia técnica, no con estigmatización pública.
El uso del término “desinformación” sin auditoría abierta puede transformarse en herramientas de control narrativo y por otro lado la democracia se debilita cuando las instituciones responden con presión simbólica en lugar de rendición de cuentas.
Finalmente, C-Libre exhorta a:
Las Fuerzas Armadas, a mantener un rol estrictamente técnico, sin incidir en el debate político-electoral.
Al CNE, abrir procesos públicos de verificación y auditoría.
A las autoridades del Estado, a garantizar condiciones para el disenso institucional.
Los medios y sociedad civil, a vigilar cualquier forma de censura indirecta o narrativa única.
La democracia no se protege solo con comunicados, sino con transparencia, tolerancia a la crítica y pluralidad informativa, cuando el poder institucional responde a cuestionamientos con deslegitimación pública, se instala una forma de censura sutil que erosiona el derecho ciudadano a conocer, cuestionar y debatir sobre el proceso electoral.
