ALERTA 49-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Se reporta un posible caso de represalia laboral y restricción indirecta a la libertad de expresión contra Jonnathan André López Sánchez, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) quien habría sido separado de su cargo luego de realizar denuncias públicas relacionadas con presuntos malos tratos, condiciones laborales y situaciones administrativas dentro del alma mater.
De acuerdo con declaraciones públicas brindadas por el docente en medios de comunicación y redes sociales, la rectoría de la universidad emitió un “acuerdo de cancelación” en su contra tras una serie de intervenciones mediáticas en las que expuso inconformidades relacionadas con su situación laboral, procesos administrativos y dinámicas internas dentro de la Facultad de Ciencias y otras dependencias universitarias.
Según López, entre los argumentos utilizados por las autoridades universitarias para justificar la cancelación figuran supuestos daños a la imagen institucional de la universidad, la forma en que abordó públicamente información relacionada con su salario y nombramiento laboral, así como comunicaciones electrónicas dirigidas a mandos superiores que habrían sido interpretadas como impropias o coercitivas; el docente rechaza dichas interpretaciones y sostiene que nunca tuvo intención de perjudicar a la institución ni de amenazar a funcionarios de dicho centro educativo superior en Honduras.
Ver nota informativa: https://abriendobrecha.tv/nacionales/tras-denunciar-en-canal-10-despiden-a-docente-de-la-unah-luego-de-13-anos-de-servicio/
En sus declaraciones, Jonathan André López manifestó que sus denuncias se dieron en el marco de reclamos laborales y administrativos previamente planteados ante instancias internas y ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, afirmó que las medidas adoptadas en su contra resultan desproporcionadas, tomando en consideración que, según expone, no existieron sanciones disciplinarias intermedias y que cuenta con más de trece años de servicio dentro de la universidad.
El docente también señaló que estudiantes y asociaciones estudiantiles de la Facultad de Ingeniería emitieron comunicados públicos respaldando su trayectoria académica, ética profesional y desempeño docente.
De acuerdo con el relato del afectado, durante las últimas semanas existieron acercamientos y espacios de conciliación con funcionarios universitarios, incluyendo autoridades de desarrollo de personal y representantes de la administración universitaria, no obstante, pese a esos acercamientos, posteriormente fue emitida la resolución de cancelación laboral desde rectoría.
C-Libre observa con preocupación que este caso podría constituir una forma de represalia laboral derivada del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a denunciar situaciones de interés institucional. Particularmente preocupante resulta que medidas administrativas de máxima gravedad, como la cancelación laboral, puedan utilizarse de manera desproporcionada frente a expresiones públicas críticas o denuncias relacionadas con condiciones laborales y administrativas dentro de instituciones públicas de educación superior.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las sanciones administrativas o laborales contra personas que expresan opiniones críticas sobre asuntos de interés público pueden generar efectos inhibitorios y autocensura, especialmente cuando provienen de instituciones estatales o de autoridades con poder disciplinario.
Asimismo, el artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras reconoce la libertad de emisión del pensamiento, mientras que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, prohibiendo restricciones indirectas dirigidas a limitar la circulación de opiniones o críticas.
La Asociación Comité por la Libre Expresión (C-Libre) considera especialmente relevante que las universidades públicas, como espacios de pensamiento crítico, debate y producción académica, deben garantizar ambientes seguros para la expresión de opiniones, denuncias y cuestionamientos institucionales, particularmente cuando estos se realizan mediante canales pacíficos y en el marco de discusiones de interés público y laboral.
En virtud de lo anterior, C-Libre recomienda:
- A las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revisar el proceso disciplinario y administrativo aplicado contra el docente Jonathan André López, garantizando plenamente el debido proceso, proporcionalidad y respeto a la libertad de expresión.
- Garantizar que las denuncias laborales y administrativas planteadas por personal docente puedan ser conocidas y tramitadas sin temor a represalias institucionales o laborales.
- Promover mecanismos internos de conciliación y diálogo que eviten la escalada de conflictos administrativos hacia medidas extremas de sanción laboral.
- A la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social dar seguimiento al proceso conciliatorio y velar por el respeto de los derechos laborales y garantías administrativas del docente afectado.
- A las autoridades universitarias fortalecer políticas institucionales orientadas a la protección de la libertad académica, la libertad de pensamiento y el disenso dentro de la comunidad universitaria.
