Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) alerta que el Decreto No. 84-2026 incorpora disposiciones que amplían la vigilancia, el acceso a información sensible y las capacidades de inteligencia del Estado, con riesgos directos para la libertad de expresión, la privacidad, la protección de fuentes y el ejercicio periodístico en Honduras.

El Estado hondureño tiene el deber de combatir la extorsión y el crimen organizado, que golpean gravemente a comerciantes, transportistas y familias. Pero ese objetivo legítimo no puede alcanzarse mediante mecanismos de acceso a datos de alcance estructural y permanente sin salvaguardas suficientes, ni con figuras penales ambiguas que comprometan derechos fundamentales.

Se concentra en cuatro riesgos principales:

  • La ampliación del acceso del Estado a datos y comunicaciones, incluida la modalidad “en tiempo real”.
  • La obligación de colaboración permanente de empresas y plataformas, sin límites claros de finalidad ni de retención.
  • El fortalecimiento y la centralización de estructuras de inteligencia y seguridad con supervisión externa insuficiente.
  • El uso de conceptos penales amplios que podrían alcanzar el trabajo periodístico, a las organizaciones de la sociedad civil y la circulación de información de interés público.

En un contexto marcado por amenazas, vigilancia e impunidad, estos riesgos adquieren una gravedad especial para periodistas, fuentes y personas denunciantes, y justifican un examen estricto de compatibilidad con los estándares democráticos y de derechos humanos.

Conozca los asuntos más graves del decreto