ALERTA 57-2026
Santa Rosa del Aguán, Honduras (C-Libre).- Óscar Amílcar Alvarado Velásquez, de 66 años de edad, secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán, fue asesinado la noche del lunes 22 de junio de 2026 en la comunidad de Dos Bocas, municipio de Santa Rosa del Aguán, departamento de Colón.
De acuerdo con información preliminar, Alvarado Velásquez se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones alrededor de las 8:20 de la noche. Hasta la fecha de emisión de esta alerta, las autoridades hondureñas no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni han establecido públicamente una hipótesis sobre los posibles responsables o móviles del crimen.
La víctima era secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán y desempeñaba un papel de liderazgo comunitario dentro de una de las regiones más conflictivas del país en materia de acceso a la tierra, organización campesina y defensa de derechos territoriales. Según testimonio de personas cercanas y que trascienden en las redes sociales “Su labor lo convertía en una figura de representación y vocería comunitaria, con incidencia en procesos organizativos vinculados a las demandas históricas del movimiento campesino en el Bajo Aguán”.
Medios informativos de cobertura digital, informaron del hecho: https://noticias247.hn/violencia-sin-freno-en-el-bajo-aguan-asesinan-a-dirigente-campesino-en-colon.html
A consideración del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el asesinato de personas que ejercen liderazgo social y representación comunitaria constituye una grave afectación al derecho de las comunidades a organizarse, expresarse y participar en asuntos de interés público. Además es de hacer notar que los liderazgos comunitarios cumplen una función esencial en la defensa de derechos colectivos, la articulación de demandas sociales y la transmisión de información hacia las instituciones públicas y la sociedad.
Cabe señalar que el crimen ocurre en una región que durante décadas ha sido escenario de conflictos agrarios, disputas por la tierra, enfrentamientos violentos y denuncias de violaciones a derechos humanos y diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado que el Bajo Aguán continúa siendo una de las zonas de mayor riesgo para personas defensoras de derechos humanos, líderes campesinos y defensores del territorio.
Asi mismo, las organizaciones campesinas denunciaron que, pese a la presencia permanente de fuerzas militares y policiales en la zona, la violencia continúa afectando a quienes participan en procesos organizativos comunitarios, de hecho luego de trascender el asesinato de Óscar Alvardo; la Plataforma Agraria cuestionó la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en la región y responsabilizó al Estado hondureño por la falta de garantías para la protección de la población campesina.
“El Bajo Aguán está militarizado y saturado policialmente para combatir el crimen organizado; no obstante, la sangre campesina sigue corriendo”, manifestó la organización Plataforma Agraria.
Las denuncias de organizaciones campesinas adquieren especial relevancia en un contexto donde persisten altos niveles de impunidad frente a los ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio. Informes recientes de organismos de derechos humanos han advertido que el departamento de Colón concentra una parte significativa de los asesinatos de defensores ambientales, territoriales y comunitarios registrados en Honduras durante los últimos años, mientras que la mayoría de estos crímenes permanecen sin una respuesta judicial efectiva.
C-Libre considera que este asesinato trasciende el ámbito de la seguridad ciudadana y debe analizarse también desde la perspectiva de la protección de las personas que ejercen liderazgo comunitario, representación social y defensa de derechos colectivos puesto que la violencia dirigida contra dirigentes campesinos genera efectos inhibitorios sobre la participación ciudadana, debilita los procesos organizativos y envía mensajes de intimidación a otras personas que ejercen labores de representación dentro de sus comunidades.
Asimismo, preocupa que este nuevo hecho de violencia ocurra en una región donde históricamente se han reportado agresiones contra líderes campesinos, defensores del territorio y miembros de organizaciones comunitarias, a esto se suma; la ausencia de resultados efectivos en investigaciones anteriores contribuye a fortalecer escenarios de impunidad que favorecen la repetición de este tipo de ataques.
La Constitución de la República de Honduras reconoce y protege los derechos a la vida, la libertad de expresión, la libre asociación y la participación ciudadana.
A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan al Estado a garantizar la vida, la integridad personal, la libertad de asociación y la participación en asuntos públicos.
Asimismo, la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a promover y proteger derechos humanos de manera individual o colectiva, así como la obligación estatal de garantizar condiciones seguras para el desarrollo de estas actividades.
C-Libre continuará observando el desarrollo de este caso y reitera que la protección de los liderazgos comunitarios, defensores del territorio y actores sociales constituye una condición indispensable para la vigencia de la democracia, la participación ciudadana y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en Honduras.
Ante estos hechos, C-Libre exhorta a las autoridades hondureñas a:
- Realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Óscar Amílcar Alvarado Velásquez.
- Garantizar medidas efectivas de protección para dirigentes campesinos, defensores de la tierra, liderazgos comunitarios y personas que participan en procesos organizativos en el Bajo Aguán.
- Evaluar las condiciones de seguridad en la región y adoptar acciones integrales orientadas a prevenir nuevos hechos de violencia contra integrantes de organizaciones campesinas y comunitarias.
- Informar de manera transparente a la sociedad sobre los avances de la investigación y las medidas adoptadas para garantizar justicia en este caso.
- Fortalecer los mecanismos de prevención y protección dirigidos a personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en situación de riesgo.
