ALERTA 72-2026
Copán Ruinas, Honduras (C-Libre). – El comunicador social Samuel Antonio Raymundo (35) Carranza, de Copán Ruinas, departamento de Copán, anunció públicamente su decisión de abandonar las labores de comunicación social y cerrar el espacio informativo que mantenía, luego de recibir una serie de amenazas difundidas mediante perfiles falsos en internet.
De acuerdo con el relato público realizado por el propio comunicador, las intimidaciones recibidas generaron temor por su seguridad y la de su familia, hasta llevarlo a tomar la decisión de suspender sus actividades comunicacionales.
Producto de la falta de confianza en que las instituciones investiguen y actúen frente a este tipo de hechos, Raymundo Carranza se abstuvo de poner los hechos en conocimiento de las autoridades de seguridad y ni presentó una denuncia formal, debido a que “de nada sirve”. Por otra parte, se sabe que hasta el momento, tampoco había solicitado medidas de protección ante las instituciones estatales correspondientes.
Para el Comité por la Libre Expresión, el caso adquiere especial relevancia debido a que las amenazas no se limitaron a generar temor o afectar emocionalmente a la víctima, sino que “produjeron una interrupción efectiva y visible del ejercicio comunicacional”, expresada en el cierre de su espacio informativo y en su decisión de abandonar esta actividad.
Ver publicación del caso: https://www.facebook.com/share/p/14m1EjL9XBo/
Al momento de la generación de esta alerta, trascendió que C-Libre dará acompañamiento al caso y pondrá la situación en conocimiento del Mecanismo Nacional de Protección, a fin de que se realice la correspondiente evaluación de riesgo y se determine la pertinencia de adoptar medidas de protección para el comunicador.
La situación de Samuel Antonio Raymundo Carranza trasciende la dimensión individual de una amenaza y se extiende al cierre de su espacio informativo representando una afectación concreta al ejercicio de la libertad de expresión; porque implica que una persona dedicada a comunicar hechos y opiniones dejó de realizar esta actividad como consecuencia del temor provocado por las intimidaciones.
Del análisis del hecho por parte del equipo técnico de C-Libre se desprende que la situación constituye, una expresión del “efecto inhibidor de las amenazas sobre la libertad de expresión. Cuando una persona abandona su actividad comunicacional como consecuencia de intimidaciones, la afectación alcanza también a las personas que recibían sus contenidos y a la comunidad que pierde un espacio para informarse.
La situación resulta particularmente preocupante en contextos donde periodistas, comunicadores sociales y medios locales desarrollan su trabajo en condiciones de vulnerabilidad y con limitadas posibilidades de acceder oportunamente a mecanismos de protección.
C-Libre considera necesario advertir que la ausencia de una denuncia formal ante las autoridades no debe interpretarse como ausencia de riesgo, al contrario esta situación evidencia una problemática que debe ser considerada dentro de las políticas de prevención y protección: el temor, la desconfianza institucional y la percepción de ineficacia pueden convertirse en barreras que impiden que las víctimas activen los mecanismos estatales de protección”. De ahí que C-Libre reitera que contribuirá a activar la ruta institucional mediante la presentación del caso ante el Mecanismo Nacional de Protección, con el objetivo de que se realice una evaluación objetiva e integral del nivel de riesgo que enfrenta el comunicador.
Libertad de expresión y obligación de protección
La Constitución de la República de Honduras reconoce derechos fundamentales vinculados con la libertad de expresión y la emisión del pensamiento. Para el caso, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
La libertad de expresión no comprende únicamente el derecho individual de quien comunica. También protege la dimensión social de este derecho, relacionada con la posibilidad de que la ciudadanía pueda recibir información y conocer diferentes opiniones y perspectivas.
Por ello, cuando las amenazas consiguen que un comunicador abandone su actividad y cierre un espacio informativo, el impacto trasciende a la víctima directa y afecta el derecho de la sociedad a recibir información.
Los estándares interamericanos de libertad de expresión han establecido, además, que los Estados tienen obligaciones de prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra quienes ejercen actividades periodísticas, así como de adoptar medidas especiales cuando se encuentren en situación de riesgo.
C-Libre considera que el caso de Samuel Antonio Raymundo Carranza constituye una “agresión contra la libertad de expresión mediante amenazas e intimidación digital, cuyo resultado se materializó en la interrupción de su actividad informativa». La utilización de perfiles falsos dificulta establecer, en esta etapa, la identidad de las personas responsables.
Por ello, C-Libre no atribuye la autoría de las amenazas a personas, grupos o instituciones determinadas mientras no exista una investigación que permita establecer responsabilidades. Sin embargo, la gravedad del caso está determinada por su consecuencia concreta: “un comunicador social decidió abandonar su actividad y cerrar su espacio informativo debido al temor generado por las amenazas recibidas”. Por lo tanto, la situación constituye un ejemplo del efecto que la violencia y la intimidación pueden producir sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras: no es necesario que una persona sea físicamente agredida para que su derecho sea vulnerado; las amenazas pueden ser suficientes para provocar el silenciamiento de una voz y la desaparición de un espacio de información.
C-Libre expresa su preocupación por esta situación y considera indispensable que el Estado garantice condiciones adecuadas para que periodistas y comunicadores sociales puedan ejercer su labor sin amenazas, intimidaciones ni temor por su integridad o la de sus familias. De ahí que solicita al Mecanismo Nacional de Protección recibir formalmente el caso de Samuel Antonio Raymundo Carranza y realizar, con carácter prioritario, una evaluación integral y objetiva del riesgo que enfrenta, considerando las amenazas recibidas mediante perfiles falsos, el temor manifestado por el comunicador y la afectación concreta que ya se produjo sobre el ejercicio de su actividad. A partir de los resultados de dicha evaluación, solicita la adopción de las medidas de prevención y protección que correspondan, tomando en cuenta tanto la seguridad del comunicador como la de su núcleo familiar.
Asimismo, C-Libre exhorta al Ministerio Público y a las instituciones responsables de la seguridad a facilitar los mecanismos necesarios para que los hechos puedan ser investigados y se determine el origen, identidad y posibles motivaciones de quienes estarían detrás de las amenazas, en caso de que la víctima decida formalizar la denuncia correspondiente. La utilización de perfiles falsos en plataformas digitales no debe constituir un obstáculo para la investigación, por lo que se requiere que las autoridades competentes desarrollen las diligencias necesarias, respetando en todo momento las garantías del debido proceso.
Finalmente, C-Libre exhorta al Estado hondureño a fortalecer los mecanismos de prevención y protección para periodistas y comunicadores sociales, particularmente para quienes desarrollan su labor en espacios locales y pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad. El Estado debe garantizar que ninguna persona tenga que abandonar su actividad comunicacional por temor a amenazas o represalias y que quienes ejercen el derecho a informar puedan hacerlo en condiciones de seguridad.
C-Libre dará seguimiento al caso y documentará la respuesta institucional que se produzca a partir de la presentación ante el Mecanismo Nacional de Protección.
