Alerta 193-2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La periodista Sandra Marybel Sánchez y la cantautora y defensora de derechos humanos Karla Lara, fueron detenidas en el peaje de la comunidad de Zambrano, de la carretera que comunica la capital con el norte del país.
Sánchez es directora del programa «Más que dos» de Radio Progreso y Lara es integrante de la Red de Defensoras de Derechos Humanos y es parte del equipo de producción del programa «Sin Café no Hay Mañana» de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras.
Las comunicadoras liberadas unas ocho horas después, al momento que regresaban de participar en una caravana por la soberanía vial que tuvo como punto de encuentro el municipio de Siguatepeque, entre personas que viajaron de Tegucigalpa y de la Ciudad de El Progreso.
En el momento que las defensoras protestaron por el pago del peaje y se negaron a pagar alegando que la Constitución garantiza el libre tránsito de personas, efectivos policiales empezaron con la agresión hacia Lara y Sánchez, así como contra la periodista Eleana Borjas y también el defensor de derechos humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Pedro Landa.
Landa denunció que cuando vio que estaban agrediendo a las defensoras intentó mediar para evitar la detención, pero la respuesta policial fue someterlo arrebatándole su teléfono celular con el que hacía un registro de las agresiones.
«Las detenemos porque son unas malcriadas a la autoridad», narró Borjas en alusión al momento en que uno de los responsables de la detención arbitraria justificaron la agresión.
La periodista agregó que al momento de la detención, fueron golpeadas y arrastradas hacia la patrulla Nro. TS 007 para luego ser trasladadas en calidad de detenidas hacia la sede de la Jefatura Metropolitana de la policía.
La privatización de carreteras y la instalación de casetas de peaje, se ha convertido en un foco de represión contante, que suma agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.
De acuerdo con la norma internacional, que forma parte de la legislación nacional, «el derecho a la manifestación pacífica, si bien es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos, altamente sensible a reacciones de gobierno y a políticas de Estado incompatibles con los derechos humanos», establece el informe el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2005.
Comité por la Libre Expresión
