Las mujeres y niñas hondureñas aún no tienen acceso pleno al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. La legislación vigente es sumamente restrictiva e imposibilita el goce de derechos tales como el decidir sobre su propio cuerpo y recibir educación sexual.
La intervención de grupos fundamentalistas en el diseño e implementación de las políticas públicas y el papel de los medios de comunicación tradicionales, ha orillado a que la discusión sobre cuál debería ser el papel del Estado como garante de estos derechos se desarrolle en medio de un ambiente de desinformación y estigma. De igual forma, las organizaciones de derechos humanos agrupadas en distintas plataformas y movimientos continúan en la lucha para instalar en el imaginario público narrativas que sean respetuosas de los derechos humanos.
En medio de este contexto adquiere especial relevancia el derecho a saber, como el derecho fundamental a la información que posibilita la realización de otras condiciones fundamentales para una vida digna: vivir una vida libre de violencia y la toma de decisiones informadas y autónomas. Así mismo, el saber va de la mano del derecho de acceso a información pública. Es obligación del Estado el garantizar que las personas tengan acceso a la información indispensable para su bienestar; también lo es la generación, sistematización y entrega activa de información de interés público en armonía con los estándares internacionales en la materia.
