Alerta No. 013-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Selvin Euceda, denunció este lunes 15 de febrero, amenazas en su contra por parte de un seguidor allegado a un diputado por el Partido Liberal, luego de reclamar la deuda por pautar propaganda en su espacio televisivo.
Euceda, manifestó a C-Libre que recibió una llamada de Jimmy Arturo Sánchez, amenazando con querellarlo, luego que el comunicador reclamara públicamente en su espacio televisivo que el actual diputado por Choluteca Carlos Lara Watson, no efectuó el pago por concepto de propaganda en el pasado proceso electoral de 2017.
Las amenazas de Sánchez, a quien el periodista calificó como “seguidor del diputado Watson”, incluyó el uso de lenguaje soez, asegurándole que “Vas a ver Hijueputa, te voy a querellar”, detalló Euceda.
Por las referidas amenazas, el comunicador presentó denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El periodista Selvin Euceda es reportero y presentador de noticieros en TeleMarcovia, un canal televisivo con sede en Marcovia, municipio ubicado en el departamento de Choluteca, al sur del país.
Además, produce su programa informativo “Sin Censura”, en la misma televisora y es corresponsal en la zona sur para Azteca Honduras.
C-Libre, registra en su Sistema de Alertas, dos agresiones contra el periodista Selvin Euceda. La primera ocurrió en febrero de 2018, al ser victima de seguimiento junto a otros colegas, luego de salir de las oficinas regionales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
En tanto, en abril de 2020, fue amenazado de muerte, tras recibir un mensaje a su teléfono celular.
Sobre esta última amenaza, el comunicador estuvo denunciando acciones irregulares de autoridades locales en el municipio de Marcovia.
El numeral nueve de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, establece que “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
“Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, cita la declaración en su inciso nueve.
