“En 2020 hemos sido testigos, quizá de manera inédita, de la importancia del periodismo para nuestras democracias y para la protección de los derechos humanos. La pandemia, sin embargo, ha sido también la ‘tormenta perfecta’ para la libertad de prensa a nivel mundial. A pocos días del inicio del nuevo año, quiero hacer un llamado mundial para que todas las partes implicadas defiendan la información como un bien público. Proteger el periodismo es proteger la verdad”.
Audrey Azoulay, Directora General UNESCO.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en el marco del Dia Nacional de los y las Periodistas (25 de mayo), se pronuncia de la siguiente forma:
- Un total de 435 días han transcurrido desde que el Gobierno de Honduras emitiese el Decreto Ejecutivo Numero PCM 021-2020, donde estableció prohibiciones a la ciudadanía y la suspensión de garantías constitucionales a la población en general, como estrategia de combate y contención a la pandemia por COVID-19 en Honduras.
Dentro de las prohibiciones establecidas por el PCM 021-2020, se encuentran la libre locomoción, la suspensión de labores del sector público y privado, la realización de eventos públicos, pausa en el funcionamiento del transporte público, cierre de fronteras e interrupción temporal de los negocios.
En el referido decreto ejecutivo, también fue suspendida la libertad de expresión, reconocida en el artículo 72 constitucional, generando el primer acto de represión hacia los trabajadores y trabajadoras de la información.
Por la denuncia de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas C-Libre, las autoridades gubernamentales retiraron dicha prohibición, es decir que los y las trabajadores de la comunicación continuaron informando dentro de las posibilidades sobre la crisis sanitaria por COVID-19.
- Este nuevo escenario conllevó a nuevas tipologías de violencia contra los y las periodistas en el país como ser: suspensiones, despidos, reducción de salarios, agresiones físicas, bloqueos informativos, campañas de desprestigio y desde luego el contagio masivo, sumado a la muerte por contagio de COVID-19.
En Honduras, de acuerdo con la información recabada por el Comité por la Libre Expresión, desde marzo 2020 a abril 2021, más de 800 trabajadores y trabajadoras de la comunicación fueron víctimas de suspensiones y despidos de sus empleos.
Al menos 500 sufrieron reducción de sus salarios y un total de 127 agresiones directas contra periodistas, incluida el asesinato de cuatro comunicadores sociales en medio del Estado de Excepción, formando parte de la violencia contextual por el Coronavirus contra periodistas en nuestro país.
- Públicamente, más de 180 periodistas que han oficializado su contagio por COVID-19 por medio de sus redes sociales.
Además, en el marco de talleres con las Redes de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), realizada por C-Libre durante marzo y abril de 2020, así como en jornadas de solidaridad, entregando alimentos a periodistas afectados por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA en los meses de noviembre y diciembre de 2020, se conoció que en los departamentos de Cortes, Choluteca, Valle, El Paraíso, Copan, Lempira y Olancho, las cifras superan los mil periodistas contagiados por SARS-Cov-2.
En ese contexto, un total oficial de 23 periodistas han fallecido por COVID-19 en Honduras. De estos, un 95% ha muerto en centros hospitalarios públicos, lo que significa que no gozaban de los beneficios de la seguridad social.
De igual manera, más del cincuenta por ciento (50%) de los fallecidos y el ochenta y cinco por ciento (85%) de los contagiados no se encuentra afiliado al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), donde se debe acreditar el titulo universitario y el pago de una mensualidad como parte de los requisitos para poder ser parte de dicha estructura gremial.
- El no tener acceso a la seguridad social, sumado a los ingresos reales de la mayoría de trabajadores y trabajadoras de la comunicación, representan un contexto adverso para la mayoría de los periodistas en Honduras en materia de seguridad económica y de salud.
De acuerdo con el mismo Colegio de Periodistas, la mayoría de las empresas grandes son las únicas que cumplen con el pago del arancel del periodista a sus agremiados, estas empresas son Televicentro, Grupo América, Emisoras Unidas, Grupo OPSA (La Prensa, El Heraldo) y La Tribuna, entre otros. Sin embargo, gran parte de estas empresas suspendieron, despidieron y recortaron el salario a sus empleados en el marco de la crisis económica por COVID-19 en 2020.
Bajo este contexto de crisis sanitaria y económica que hoy atraviesa el ecosistema informativo, C-Libre, una organización de sociedad civil conformada desde su génesis por periodistas, para garantizar la seguridad integral de su gremio en Honduras, demanda una inclusión equitativa en el proceso de inoculación a los y las trabajadores de la información en la aplicación de la vacuna anti COVID-19.
Para ello, será necesaria la creación de una base de datos real a nivel nacional de trabajadores y trabajadoras de la información para garantizar la inclusión dentro del personal de segunda línea en el plan de vacunación en consecuencia de la importancia de la labor que estos cumplen.
Con la finalidad de garantizar equidad en el proceso de vacunación a periodistas, C-Libre se encuentra procesando una base de datos con reporteros, fotógrafos/as, camarógrafos, locutores/as, comunicadores sociales y comunitarios/as, asalariados e independientes para que puedan ser incluidos en el plan de vacunación estatal.
El llamado al gremio periodístico en general es para que acceda y forme parte de la base de datos, que publicaremos en nuestro sitio web y las redes sociales de C-Libre.
Finalmente reiteramos nuestras profundas felicitaciones a los y las periodistas de Honduras en su día y les incitamos a seguir con constancia y determinación en tan loable profesión.
Tegucigalpa, 25 de mayo, 2021
