Alerta No. 051-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El defensor de derechos humanos Juan Manuel Moncada, líder de la empresa campesina «Gregorio Chávez» fue asesinado a balazos este martes 6 de julio por un grupo de personas armadas en el municipio de Tocoa, cuando se encontraba en un centro comercial de Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras.
Los hechos sucedieron en la zona del Aguán, en donde ocurre uno de los muchos conflictos por la tierra que sufre Honduras. Este ya lleva décadas desarrollándose y está vinculado a la Corporación Dinant e Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial, debido a los créditos otorgados para proyectos extractivos.
En esta zona, en el marco de este conflicto, han ocurrido más de un centenar de asesinatos de campesinos y campesinas que han quedado en impunidad.
Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) indicó en un comunicado que Moncada había denunciado «amenazadas previas» ante el Ministerio Público y era beneficiario del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de derechos humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Lamentó que el Gobierno de Honduras «no haya tomado las medidas preventivas suficientes para evitar» el asesinato de Moncada, pese a las reiteradas denuncias y alertas sobre «el inminente riesgo» que enfrentan los defensores de derechos humanos de la zona del Bajo Aguán, incluido el asesinato de Santos Marcelo Torres, ex miembro de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, ocurrido el pasado 26 de junio.
La medida cautelar 50-14 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en mayo de 2014, describía «ya la situación de grave riesgo enfrentada por dirigentes campesinos de la zona, incluyendo integrantes del grupo campesino Gregorio Chávez”, añadió
La OACNUDH instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones necesarias de «forma pronta e imparcial y a esclarecer las responsabilidades por estos dos recientes asesinatos».
Además, hizo un llamado a adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la seguridad integral de los defensores del Bajo Aguán, considerando para el efecto «las campañas de estigmatización, desprestigio e intimidación en su contra».
Por su parte, la Plataforma Agraria denunció a través de un comunicado público que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC), pretendería sobornar con la facilitación de visas a quienes sirvan de testigos protegidos para acusar a los defensores de derechos humanos Jaime Adali Cabrera del Cid e Hipólito Rivas, de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez, para que se les involucre en el crimen contra Santos Marcelo Torres.
La Plataforma Agraria señala que la ATIC no ha realizado diligencias por el crimen de Moncada pero que está agilizando procesos para buscar responsables en el de Torres y pretende inculpar a campesinos de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez.
La Plataforma también denuncia “permanente hostigamiento de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán, UMVIBA, llegando al punto de decomisar sus teléfonos móviles para una supuesta investigación por el asesinato del líder del gripo paramilitar Santos Marcelo Torres…”
En relación al decomiso de celulares la Coalición contra la Impunidad denunció a través de redes sociales que al Coordinador de la Plataforma, agentes de la ATIC allanaron su vivienda sin orden judicial y le arrebataron su teléfono argumentando que la acción se realizaba para investigar asesinatos en la zona.
Patrones similares se encuentran en otros casos, como la causa liderada por Berta Cáceres y el pueblo lenca ante la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, concesionada a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. en el río Gualcarque, con el apoyo de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco de desarrollo holandés (Netherlands Development Finance Company) y el banco de desarrollo finlandés (Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd). Cáceres, el pueblo lenca y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se resistieron con firmeza a este megaproyecto extractivo y el único resultado fue el feminicidio de Berta, así como en el asesinato de otros líderes, como Tomás García.
Una de las consecuencias más graves de los patrones que se identifican en la zona, es el mensaje intimidatorio que se envía a la sociedad en su conjunto y que la coloca en situación de indefensión. Estos actos están dirigidos a causar temor generalizado y por consiguiente, a desanimar a los demás defensores de derechos humanos, así como a atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas de derechos humanos, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de Derecho y la democracia.
Los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, constituyen uno de los más graves obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos. En su informe la CIDH observó que las y los defensores eran “víctimas frecuentes de violaciones al derecho a la vida” y recomendó a los Estados “[a]doptar de manera urgente medidas para proteger la vida e integridad física de las defensoras y defensores de derechos humanos”.
