Alerta No. 006-2022
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Los abogados Mario Rojas, Carlo Jiménez y Kenia Oliva, integrantes de la defensa legal de los defensores del río Guapinol, denunciaron hoy 24 de enero del 2022, que recibieron intimidación y vigilancia por parte de hombres armados que acompañaban a los fiscales acusadores del Ministerio Público.
El hecho sucedió en el marco del desarrollo del juicio oral y público contra los defensores del agua y los bienes comunes, en la que se encontraban dos hombres entre 35 y 45 años, con identidad desconocida, armados, con la supuesta intención de acompañar a un perito, que, según el equipo legal no ha pedido protección.
Los abogados alertaron que esta situación les pone en una situación de riesgo e inseguridad e realizaron las denuncias correspondientes y relataron los hechos en el Tribunal del MP y en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh):
“Nosotros, Carlo Jiménez, Mario Rojas, Kenia Oliva, parte de la defensa legal de los defensores de Guapinol y en nuestra condición de defensores de derechos humanos, interpusimos formal queja por los hechos acontecidos el día de hoy 24 de enero. Previo y durante el desarrollo del juicio oral y público en el que el Ministerio Público trajo civiles armados a la sala de juicios orales en un claro acto de intimidación y amenaza contra los procesados y el equipo de defensa legal.
Resulta que al ingresar al palacio judicial del municipio de Tocoa, justo al a entrada a la sala de juicios orales y público se encontraban dos personas de sexo masculino con traje gris en posición de intimidación, mostrando que estaban armados, lo que para nosotros constituye en un acto premeditado de intimidación por parte del MP. Ante esta situación hemos solicitado ante el Tribunal una explicación satisfactoria por parte del MP del por qué la presencia y condición de estas personas, a lo que el MP estableció que se trata de seguridad para un perito oficial y para los mismos fiscales, absteniéndose de identificar a estas personas.
Como lo solicitamos, este acto no solo es intimidante, sino que tiene apariencia delictiva en el comportamiento. Los abogados solicitan intervención del Conadeh para lograr identificar a estar personas y garantizar su integridad física y la de los defensores”.
Sobre estos actos de hostigamiento y amenazas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, se pronunció aduciendo que “responsabilizamos a los entes responsables de hacer justicia en el país por lo que pueda suceder con la integridad de las defensoras y defensores, las familias y el equipo legal que defiende esta causa. Igualmente, realizaron “un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para que multipliquen las denuncias sobre estos actos contra el debido proceso de justicia hacia los defensores y de agresión directa contra las organizaciones y familias”, manifestaron.
En las últimas semanas, tanto los defensores del río Guapinol, como el equipo de defensa legal, han denunciado ante distintas organizaciones y medios de comunicación, un aumento en los casos de amenazas, intimidación, hostigamiento en redes y vigilancia constante.
Igualmente, el Comité por la Libre Expresión le recuerda al Estado hondureño que en la Declaración Conjunta sobre los delitos contra la libertad de expresión, los Estados tienen la obligación de “brindar capacitación adecuada sobre delitos contra la libertad de expresión, incluidos a aquellos funcionarios encargados de aplicar la ley, incluidos policías y fiscales, así como a miembros de las fuerzas armadas cuando sea necesario _y que_ se deben formular e implementar pautas y manuales de actuación para funcionarios encargados de aplicar la ley que intervengan en casos de delitos contra la libertad de expresión; tal como lo es el caso de los defensores del río Guapinol y el derecho a la protesta, como sus representantes legales que actúan de voceros sobre los avances del juicio.
Los ocho ambientalistas están detenidos desde agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
En la recta final del juicio la defensa legal a enfatizado que la acusación se ha realizado con falsos testimonios contra los defensores del medioambiente lo que ha aumentado las acciones de vigilancia, intimidación, así como la interposición de denuncias por que no se transmite públicamente el juicio, que se produce mientras el historial del gobierno hondureño en materia de derechos humanos sigue deteriorándose.
