Alerta 0017-202
Gracias, Lempira (C-Libre).- Cuatrocientas familias agrupadas en el movimiento Campesino Justicia y Dignidad de Gracias Lempira fueron víctimas esta semana de una campaña pública de estigmatización por la empresa mercantil, Bienes Raíces S, A, de CV, compañía que se acredita ser la propietaria de un terreno o tomado en recuperación, con propósitos de reforma agraria.
El jueves 21 de abril los campesinos y campesinas sin tierra, provenientes de varias comunidades de Gracias, Lepaera, La Campa y Las Flores, en el departamento de Lempira, decidieron ocupar un terreno que supuestamente fue propiedad del ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández y que según ellos forma parte de los bienes que le fueron asegurados una vez confirmada su extradición por narcotráfico a Estados Unidos.
Sin embargo, esa sociedad mercantil asegura que esas tierras, jamás le pertenecieron a Hernández y mediante un comunicado divulgado en los medios de comunicación local asegura que los campesinos y campesinas son “estafadores de oficio que andan ofreciendo estas propiedades engañando a personas humildes”.
El comunicado también afirma haber denunciado a los campesinos en el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación (DPI).
De su lado, el Movimiento Campesino a través del secretario de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Ramon Vásquez, condenó la agresión de que han sido objeto y le piden a las autoridades investigar a la empresa y a los demás supuestos testaferros de la familia del ex Presidente.
A inicios de este mes las autoridades aseguraron a favor del Estado varias propiedades de la familia del ex Presidente, que ahora son administradas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En marzo pasado, el diputado Jari Herrera, presentó un proyecto de Ley encaminado a que Instituto Nacional Agrario tome posesión de las tierras incautadas por la OABI, con sentencia firme, para que sean tituladas a favor de los grupos de campesinos.
Los campesinos y demás personas que viven en las zonas rurales tienen derecho, individual y colectivo a las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques que necesitan para alcanzar un nivel de vida adecuado y tener un lugar para vivir en seguridad, paz y dignidad.
En octubre del 2017 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución sobre los derechos de las campesinas y campesinos, en una declaración busca eliminar la discriminación hacia las mujeres campesinas u otras mujeres que trabajan en las zonas rurales.
El fin de la declaración es asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el pleno disfrute de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y que persigan en condiciones de libertad su desarrollo económico, social y cultural.
En octubre del 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, que reconoce la situación de vulnerabilidad de estas comunidades frente a los factores ecológicos y económicos.
Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, dice la Declaración. Y sumado a eso también los obliga a adoptar todas las medidas apropiadas para erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas mujeres y a promover su empoderamiento.
Asimismo, deja establecido que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la libertad de pensamiento, creencias conciencia, religión, opinión y reunión pacífica.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe “Protesta Social” destaca que “en muchos casos los desalojos forzados se dan en el contexto de emprendimientos públicos o inclusive privados y son resistidos por los pobladores, campesinos, indígenas o trabajadores que ocupan el lugar. También la alta concentración de la tierra en algunos países de la región se ha enfrentado a la movilización de sectores sociales que buscan una mejor distribución de los predios agrarios, lo que ha provocado reacciones violentas por parte de sectores latifundistas que, en algunos casos, han contado con la aquiescencia y connivencia de funcionarios locales”.
Así también señala, con relación a los tipos penales de usurpación han sido usados de manera excesiva e injustificada en perjuicio de indígenas y campesinos que ocupan tierras cuya pertenencia se disputan con terratenientes o empresas.
