C O M U N I C A D O
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Red de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), ante la criminalización de que son objetos los periodistas y comunicadores sociales del país, se pronuncian de la siguiente manera:
- En el Juzgado de Ejecución de Choluteca se realizará este lunes 16 de mayo una audiencia del Caso del periodista: Carlos Eduardo Ávila Aguilera, a solicitud de su representación legal con el fin de solicitar sustitución de la pena. El periodista Ávila es objeto de persecución judicial desde el año 2007 por el supuesto delito de “injurias constitutivas de difamación” en perjuicio del profesor Juan Carlos Cruz Villatoro, docente del Instituto José Cecilio del Valle, por difundir información de una denuncia por acoso sexual en perjuicio de al menos una alumna del tercer año de la carrera de computación de dicho instituto. La denuncia fue presentada en el año 2000, por los familiares de la estudiante en contra el docente; es decir, hace casi 22 años. Sin embargo, el periodista Carlos Ávila fue sentenciado el 13 de octubre de 2014 a cuatro años de reclusión, periodo que, por efecto de aplicársele retroactividad en base al nuevo Código Penal, afortunadamente se le redujo a un año con dos meses de reclusión, más el pago de una multa de 18 mil lempiras.
- C-Libre considera que este caso es un extremo de incompetencia e injusticia judicial. El periodista Carlos Ávila Aguilera, en ejercicio de su profesión, no hizo más que informar lo que ya consta en los archivos judiciales sobre el proceso incoado contra el docente Juan Carlos Cruz Villatoro, el cual fue publicado por los diarios La Tribuna y El Heraldo, para los que trabajaba, hecho que se puede sustentar con varios documentos Públicos. En dichos documentos puede constatarse que la Secretaría de Educación Pública y el Ministerio Público le informan al director del Instituto en mención tener conocimiento de una denuncia que acusa al profesor Cruz Villatoro. Asimismo, Claudia Elena Oviedo, directora departamental de educación, quien a través del oficio 639-D.D.E.6-2000 le pidió al director del Instituto hacer una investigación de la denuncia por acoso sexual, interpuesta por el padre de la alumna, incriminando al profesor Juan Carlos Cruz.
- Resulta muy sospechoso que, siendo este un caso grave, el profesor Cruz Villatoro, objeto de la denuncia, nunca fue sometido a proceso judicial alguno y por tanto nunca se investigó su caso, a pesar de que el Ministerio Público tenía pleno conocimiento del mismo, como consta en correspondencia que envió la Coordinadora de la Fiscalía Regional del Sur al director del Instituto, Abel Carrasco, en el sentido de tener conocimiento que en la Dirección General de Investigación Criminal existía la denuncia 1973-00 en contra del susodicho docente. En cambio, al periodista que difundió la información se le sometió a dos décadas de sufrimiento psicológico y ahora está a punto de ser llevado a prisión.
- El periodista Ávila al observar el actuar parcializado y negligente del sistema de justicia decidió pasar a la clandestinidad para no ser capturado y enviado a una injusta prisión, lo que le impide ejercer su profesión y llevar sustento a su hogar, además del perjuicio físico y psicológico que este
proceso ha implicado para su salud. Su representante legal solicitó la conmuta de la pena, una acción que fue declarada sin lugar, alegando que el nuevo Código Penal no lo permite.
Por tanto:
- Condenamos la actuación de las autoridades operadoras de justicia que mediante sentencia condenatoria mantienen al periodista Carlos Eduardo Ávila Aguilera al borde de la cárcel, pese a haber publicado únicamente hechos confirmados y documentados.
- En este caso se ha criminalizado la labor periodística aplicando una medida penal a un caso de supuesto delito contra el honor, en lugar de aplicarle una medida civil; concepto que actualmente es objeto de cuestionamiento por parte de los organismos gremiales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional, tales como el Colegio de Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nuestra propia organización, C-LIBRE desde el año 2007.
- Exigimos al Sistema Judicial:
- Anular la condena impuesta al periodista Carlos Ávila, por estar basada en una injustificada criminalización de la labor periodística, y se compense al colega mencionado por los perjuicios que se le ha ocasionado durante más de 15 años desde que fue enjuiciado.
- Respeto a la libre emisión del pensamiento y a la libertad prensa, porque la labor de un periodista se limita a mantener informado a sus radioescuchas, televidentes y lectores.
- Exigimos al Congreso Nacional la derogación de los artículos 229, 230, 231, 232, 233 y 234, del Capítulo III del Decreto 130-2017 contentivo del Código Penal vigente, que contiene las medidas para los delitos contra el honor, para evitar que se repitan hechos vergonzosos como éste.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los trece días del mes de mayo del año 2022
