Alerta 038-2022
San José, La Paz, Honduras (C-Libre). – El equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, adscritos a la Compañía de Jesús, (Los jesuitas en Honduras), denunciaron que el Ministerio Público, criminaliza la labor periodística de la comunicadora social, indígena Lenca, Sonia Pérez López, a la que han incluido en una demanda contra la comunidad de Nueva Palestina, en San José, departamento de La Paz.
Mediante un comunicado, divulgado el pasado 25 de mayo, los jesuitas señalan que el Ministerio Público, incluyó a la comunicadora social, en una demanda criminal, acusándola de los delitos de usurpación, alteración de términos linderos y daños a la propiedad, que son los mismos cargos que les imputa a los miembros del Consejo Indígena Lenca, de la comunidad de Nueva Palestina.
Nueva Palestina es una comunidad que defiende 229 hectáreas de territorio ancestral, con título colonial y tituladas a su favor, por el Instituto Nacional Agrario (INA), en 1999.
Sin embargo, estas tierras ancestrales también las reclama, el terrateniente, Juan Gabriel Argueta, poseedor de un título de propiedad entregado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el año 2016.
El pasado miércoles, 18 de mayo, más de medio centenar de policías civiles y militares, acompañados de unos 200 trabajadores de Argueta, desalojaron por la fuerza a 38 familias que conforman la comunidad de Nueva Palestina, en cumplimiento de una orden dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz.
Posteriormente, el Ministerio Público acusó a los miembros de la comunidad indígena Lenca e incluyó entre los imputados, a la comunicadora social, Sonia Pérez López, quien desde el año 2018 es la corresponsal de Radio Progreso, en esa región del occidente de Honduras.
Ante tal situación, Radio Progreso y el ERIC aseguran que, con ese proceso legal, el Ministerio Público demuestra su intención de acosar judicialmente a la comunicadora social, Sonia Pérez, y a las demás personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y del territorio.
Aseguran que la comunicadora social solo realiza su trabajo periodístico y que ella no tiene nada que ver en el conflicto de tierras.
De su parte, la comunicadora social, confirma que como corresponsal de Radio Progreso, desde el 2019 les da cobertura a todas las acciones que se desarrollan alrededor de Nueva Palestina y asegura estar sorprendida con su inclusión, en el requerimiento fiscal que impulsa el Ministerio Público, en contra de la comunidad indígena lenca, que defiende su territorio.
Ella dice que el Ministerio Público miente, porque sí, “soy indígena, lenca, comunicadora social y defensora de los derechos humanos, pero no formo parte del Consejo”, indicó, Pérez. Para ella, el Ministerio Público se parcializó y no ha tomado en cuenta los alegatos de la comunidad ni los documentos ancestrales y oficiales del Estado, que mantienen en su poder los indígenas.
No obstante, los representantes del Ministerio Público en esa región, insisten en acusar a la comunicadora social, porque, según ellos, si forma parte del Consejo Indígena de Nueva Palestina.
Sin tomar en cuenta la documentación ancestral y el título de propiedad entregado por el Estado de Honduras a favor del Consejo Indígena de Nueva Palestina, en 1999, la Fiscalía, es del criterio, que el terrateniente, Juan Gabriel Argueta, tiene más derecho a esas tierras, que los indígenas lencas, que las han defendido históricamente.
Ante esa situación, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) les recuerda a los representantes del Estado, la obligación que tienen de garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión y de prensa establecido en la Constitución de la República y los convenios internacionales suscritos por Honduras.
Aparte, Honduras también se comprometió en el Examen Periódico Universal (EPU) a realizar todas las acciones necesarias para garantizar el derecho de la libertad de expresión, proteger a los periodistas, comunicadores sociales y a los defensores de los derechos humanos.
