Alerta 052-2022
Tocoa Colon, Honduras (C-Libre): – Las familias campesinas agrupadas en la cooperativa Camarones, situada en la comunidad de Quebrada de Arena, en Tocoa Colón, fueron víctimas de amenazas, intimidación e intento de desplazamiento de sus tierras, por parte de siete ganaderos, que pretenden desalojarlos.
El presidente de la cooperativa campesina, Rolando Murillo, dijo que, en la acción, realizada el pasado viernes, ocho de julio, participaron más de cincuenta personas, entre ellas, unos doce hombres, fuertemente armados, que llegaron a los linderos de la propiedad con el supuesto intento de organizar la junta directiva de un nuevo grupo campesino, con el que los ganaderos tratan de remplazarlos.
El dirigente campesino, explicó, que, al inicio, en esa tierra, que consta de 668 hectáreas, permitieron que los ganaderos pastorearan su ganado. Sin embargo, la plantación de palma africana, se encuentra afectada por una enfermedad, que para combatirla necesitan aplicar veneno, mezclado con melaza, un producto comestible de las vacas, que, al consumirlo envenenado, podría afectarlas en su salud.
Por tal razón, una comisión técnica del Instituto Nacional Agrario (INA), que los asesora en los trámites de legalización, les recomendó sacar el ganado. Con el propósito de obtener documentación de las tierras, que también son peleadas por la empresa Dinant, la cooperativa Camarones, inicio el proceso correspondiente, el 22 de febrero pasado.
“Y les dimos tres días para que sacaran el ganado, pero el presidente de los ganaderos, Filemón Escobar, dijo que si sacábamos el ganado él ya tenía un grupo listo para sacarnos y desplazarnos”, expresó el presidente de la cooperativa Camarones.
Afirmó, que con la Secretaría de Agricultura y Ganadería también mantienen el compromiso de cultivar 40 manzanas de maíz y frijol, para hacerle frente a la hambruna que se podría derivar de la guerra que sostienen Rusia y Ucrania, otra situación que los imposibilita a seguir manteniendo en sus tierras a ese ganado.
Rememoró, que antes del 22 de febrero, fecha en que comenzaron las negociaciones con el gobierno, los guardias de seguridad de la empresa Dinant y la Policía Nacional, los hostigaban buscando confrontaciones, “eso cambió, pero los ganaderos defienden a la Dinant y satanizan a los campesinos, parece que son parte de ellos”, agregó.
De las 668 hectáreas de tierra de la cooperativa, Camarones, 318 están cultivadas de palma africana y en el resto sin cultivar, proyectan la siembra de 40 manzanas de granos básicos. Murillo dijo que esa propiedad se muestra atractiva, por los ríos que la cruzan y las lagunas que posee, una situación que coloca a los campesinos en una situación de alto riesgo, ante la pretensión de despojarlos.
La amenaza contra los campesinos fue condenada por la Plataforma Agraria, conformada por diversas organizaciones que conforman el movimiento campesino de la región del Aguan. “Denunciamos que este grupo criminal amenazó a muerte y disparó bala viva contra las familias campesinas, creando terror y con el fin de desalojarlos”, dice la Plataforma.
Para esta organización, el hecho se produjo después de una reunión que sostuvieron los campesinos para expresarles a los ganaderos su preocupación por la destrucción de 20 manzanas de milpa. Y según la Plataforma, los responsables son, Juan Carlos Lizama, Rafael Fuentes, Rigoberto Fuentes y Nelson Fuentes, quienes, de acuerdo con el documento, son colaboradores de la Corporación Dinant.
Por tal razón, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) les recuerda a las autoridades, que el Estado debe acogerse al mandato establecido en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y demás personas que Trabajan y Residen en las Zonas Rurales, los Trabajadores Agrícolas y los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 2018.
La referida Declaración reconoce el derecho a una alimentación adecuada, la tierra y el agua, protege la necesidad de respetar la identidad cultural y el conocimiento tradicional de la población rural. Esta Declaración fue adoptada por el Estado de Honduras y sus autoridades están obligadas a cumplirla.
