Alerta 054-2023
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – El Centro de Estudio por la Democracia (CESPAD) expresó su preocupación por la estigmatización generada sobre el derecho a la protesta en Honduras, frente a la auto convocatoria de 40 organizaciones de derechos humanos y bases comunitarias por la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
La marcha anticorrupción, en la cual este Centro de Estudio por la Democracia es el auto convocante junto a otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, especialmente ambientales y territoriales, fue suspendida tras la serie de amenazas dirigidas a la organización y frente a la posibilidad de que grupos de choque afecten el desarrollo de esta.
Del mismo modo, diferentes actores tanto del Partido Libre como del Partido Nacional han querido vincular la movilización anticorrupción a otros intereses, desinformando a la ciudadanía cambiando lugares de participación en redes sociales y llamando con diferentes temáticas.
Este señalamiento se da luego del llamado a una protesta que la máxima autoridad del Partido Libertad y Refundación ha girado a todas las bases del partido, a la misma hora y lugar de la denominada marcha anticorrupción. “En una democracia, los derechos a disentir, asociarse libremente y protestar; debe ser protegidos por la institución estatal”, dice este organismo de estudio por la democracia. Y agrega que “la organización de marchas paralelas está alejado de la urgente habilitación del espacio cívico democrático; por el contrario, siembra temor y nos aleja del necesario consenso social”.
Dando razón a la movilización, menciona CESPAD en un comunicado hecho público el domingo 16 de julio del presente año que la Constitución de la República nos otorga el derecho a la libertad de asociación y protesta. E indica que “en el actual momento, nos motiva a recurrir al ejercicio de estos derechos las preocupaciones que colectivamente compartimos por los limitados avances en el Congreso nacional”.
Como centro del derecho a la protesta, entre algunos temas pendiente, menciona CESPAD “la derogación de los decretos que constituyen los pactos de impunidad que impiden el ejercicio d de la acción penal contra funcionarios corruptos, así mismo el ritmo pausado en los avances para la instalación de la CICIH”.
El Comité por la Libre Expresión recuerda lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto a que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas -individuales y colectivas- de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados.
La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo con los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático.
