Alerta 103-2023
El Progreso, Yoro (C-Libre). – Continúa la criminalización y el hostigamiento por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), hacía defensoras y defensores pertenecientes al grupo campesino Agua Blanca Sur, en el departamento de Yoro, según denunció a través de redes sociales la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH).
El caso más reciente se suscitó el lunes 4 de diciembre del presente año, cuando varios uniformados a eso de las 10 de la mañana, dieron detención a dos miembros de la base de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) regional de El Progreso, presentando una orden de captura por el supuesto delito de usurpación.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, dio a conocer que los defensores capturados Jensy Manzanares e Hilario Manzanares, pertenecientes al grupo campesino Agua Blanca Sur, en el sector de las Guanchías, El Progreso, tienen más de 20 días de recibir hostigamiento y persecución por parte de los elementos policiales.
Esta situación es a raíz de un desalojo efectuado el pasado 17 de noviembre en esa comunidad de Yoro, situación que hasta la fecha deja “ocho defensoras criminalizadas, algunas de esas se encuentran en libertad bajo medidas cautelares”.
Al mismo tiempo, denunciaron “La grave situación que enfrentan nuestras compañeras de la CNTC, frente a esta política de despojo, hostigamiento y estigmatización a la lucha campesina y la defensa de sus tierras, alertamos al pueblo de Honduras y a las organizaciones de Derechos Humanos, para seguir pendientes de la grave situación que enfrentan las defensoras y defensores en el país”.
Una fuente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, de la cual se resguarda su nombre por temas de seguridad, comentó al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que “Los compañeros Hilario Manzanares y Jensy Manzanares, gracias a Dios por la tarde noche (del 4 de diciembre), fueron liberados y ya están en sus casas, al igual que otros compañeros que ya tienen las medidas, ayer (5 de diciembre), se presentaron voluntariamente porque ya no soportan la persecución en sus casas por parte de la DPI”.
La persona entrevistada siguió compartiendo que “Faltan otros dos compañeros que tienen órdenes de captura, es una barbarie, un gran impacto fuerte en la familia lo que está pasando con la persecución por parte de los jueces de El Progreso, las juezas, mejor dicho, y gente de la DPI, que van a la casa a traer a los compas”.
La Central Nacional de Trabajadores del Campo, también publicó por medio de la plataforma de Facebook, “Su gran preocupación por la persecución y criminalización de la cual son víctimas nuestros compañeros y compañeras campesinas, es urgente que las entidades del estado hagan una verdadera investigación a fin de esclarecer las detenciones irregulares y solucionar definitivamente los casos jurídicos agrarios de nuestras bases campesinas”.
Con las capturas de Jensy Manzanares e Hilario Manzanares, suman un total de 10 personas detenidas de 41 individuos que han sido criminalizados por reivindicar su derecho a la tierra en esa zona del país, según datos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), expresó su preocupación el pasado 17 de noviembre, por el desalojo de personas de la empresa campesina Agua Blanca Sur, en el municipio de El Progreso, donde había viviendas y cultivos de aproximadamente 41 familias.
El equipo legal del Comité por la Libre Expresión, es del criterio que a pesar de que el actual Gobierno creó una comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra en Honduras, para solucionar los problemas de territorios en conflictos en el país, persiste la criminalización contra las vocerías comunitarias que exigen su derecho a la propiedad, y recomiendan que el Ministerio Público y el Poder Judicial, deben de dejar de hacer uso del derecho penal, como el último recurso, “Es decir, que estos delitos deben ser civiles, porque criminalizar a los campesinos no soluciona el conflicto”.
Desde C-Libre, recordamos que la Ley de Reforma Agraria en su Artículo 1, indica que “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario”.
