Trujillo, Colón (C-Libre). – José Abel López, vocero comunitario y socio de la cooperativa campesina Remolino en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, fue privado de su libertad por personas desconocidas portando armas de fuego. Transcurren las primeras 24 horas de haber sido llevado a la fuerza este martes 30 de enero de 2024, según denunciaron las organizaciones que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

A través de un comunicado público, con fecha 31 de enero de 2024, las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la tierra y el territorio, señalaron que López, se conducía en un vehículo tipo paila, junto con otros miembros de la cooperativa Remolino, cuando fueron interceptados por un grupo armado, retirando del automotor al defensor ahora desaparecido, luego con el uso de la fuerza y amenazando con pistolas, lo subieron a un carro marca Ford, modelo Escape, color rojo, tomando rumbo desconocido en dirección al municipio de Saba.

“A 24 horas del secuestro de nuestro compañero José López, exigimos a las autoridades de la Secretaría de Seguridad se implementen acciones inmediatas de búsqueda para encontrarlo con vida”, resaltaron la plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), no logró constatar que se estén realizando acciones para dar con el paradero de José Abel López, no obstante; el medio de comunicación Diario Colón Hn, informó este miércoles 31 de enero, que, familiares del desaparecido junto con miembros policiales, iniciaron operativos de búsqueda del vocero comunitario raptado.   Aún en las redes sociales de la Unidad Departamental de Prevención número dos (UDEP-2), de la Policía Nacional en el departamento de Colón, no trascienden resultados sobre la busqueda de los responsables del rapto de Abel.

“Ahorita vamos a irnos atrás de la policía, para nosotros tener más seguridad, ahorita se están organizando para dividirse los grupos, pero la policía se va a ir adelante, ellos ya tienen sus directrices de como moverse”, dijo un familiar de López, y miembro de la cooperativa campesina Remolino, de quien resguardamos su nombre por razones de seguridad.

De igual forma, por medio del comunicado también se dio a conocer que “Desde diciembre de 2022 las familias de la Cooperativa de Campesinos Remolino han sido sujeto de extorciones por parte de grupos criminales que operan en la región, grupos aparentemente aliados con las empresas agroindustriales quienes pretenden mantener el despojo de las tierras de las cooperativas de la reforma agraria. José Abel López Perdomo ha exigido con claridad, a lo interno de la cooperativa, que resisten las demandas de estos grupos. Además, José Abel López Perdomo está sujeto a criminalización falsa por parte de la Empresa Agroindustrial Oleopalma y el jefe de seguridad de la empresa Grupo Litoral, contratados por Oleopalma, quienes le acusan de usurpación de la finca Remolino”.

“El 27 de diciembre pasado (2023), las familias de la Cooperativa Agropecuaria Remolino conmemoraron dos años de la ocupación de las tierras de la reforma agraria de la cual fueron despojados a través de engaños, persecución, criminalización y asesinatos…Las familias de la Cooperativa Remolino son firmantes de los acuerdos con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro del 22 de febrero, 2022, además han exigido contundentemente la investigación del despojo de las tierras de la reforma agraria y las violaciones a los derechos humanos”, agregaron.

Para finalizar, las organizaciones que integran la Plataforma Agraria y la COPA, exigieron al actual Gobierno que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), “Active de inmediato un verdadero Plan de Protección para los y las defensoras de la tierra en el Bajo Aguán, que luchamos por la reivindicación de nuestros derechos”.

Desde el Comité por la Libertad de Expresión, recordamos a las autoridades de gobierno lo contenido en nuestra Constitución de la República y a lo que están obligados cumplir a la ciudadanía como ser el artículo 68, que expresa que, “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Asimismo, de acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El asesinato, secuestro, intimidación, y amenaza a los comunicadores sociales, -en este caso aplicable a defensores de derechos humanos y voceros comunitarios-, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”