ALERTA 38-2024
Tocoa, Colón (C-Libre). – La víctima es parte de la población LGBTIQ+ e integra la Red de Defensores de Derechos Humanos en Tocoa y, debido a la amenaza recibidas, se omite nombre y detalles de residencia, de ahí que en función a la descripción del caso se hará con el nombre de «Norberto Calix».
Entre algunos detalles autorizados por Calix, para que sean publicados por el Comité por la Libre Expresión (C-libre), dijo que una persona muy cercana «amigo», le avisó de los planes para «darle pa bajo y borrarlo del mapa». Sin precisar las razones que podrían estar detrás de su posible asesinato, al tiempo que relató Calix, al equipo técnico de esta organización; que su labor en el departamento de Colón «Básicamente es la defensa de los derechos humanos de la población en varios sectores del departamento».
Al momento de la comunicación, Calix estaba en otra ciudad del país en atención a sugerencia del personal de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes registraron el caso y, posteriormente lo trasladaron al Sistema Nacional de Protección (SNP), de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), para hacer las valoraciones necesarias y otorgar las medidas de protección que amerité el asunto.
Asimismo, las autoridades de seguridad de la Dirección Policial de Investigación (DPI), están al tanto de la situación que mantiene en «zozobra y fuera de casa» a este defensor de Derechos Humanos en la zona norte de Honduras. Entre otros detalles contó Norberto, que trasciende que personas desconocidas le dieron muerte a un joven que formaba parte de la población LGBTIQ+ y «Esa noche cuando iba a la vela, dos sujetos en moto me siguieron y cuando entré a la casa donde velaban a mi amigo se fueron», al día siguiente mediante una nota fue prevenido de los planes de asesinarlo en los próximos días.
Como resultado de las medidas personales de seguridad adoptados por Norberto Calix, al momento sigue con vida, sin embargo, se desconoce quiénes son los autores intelectuales que podrían estar detrás de la planificación de este posible delito que también pone en peligro la existencia de otros miembros de la familia del afectado.
Para el equipo profesional de abogados que acompañan a las defensorías de Derechos Humanos, especialmente en situación de riesgo; estas amenazas pone en riesgo a toda la sociedad hondureña. El clima de inseguridad y desprotección se ve evidenciado en la ilimitada capacidad institucional para dar una pronta respuesta, sostiene los togados especialistas en derechos humanos.
«Los DD.HH son garantías esenciales no solo para los individuos, sino también para la sociedad. Que exista una escalada de violencia y de agresiones a las y los defensores(as) en lo individual o a las instituciones en las que trabajan, que han encontrado su máxima expresión en el hostigamiento a través de actos de persecución y vigilancia, amenazas, agresiones físicas, ataques en redes sociales, campañas de descrédito, nos pueden llevar a recorrer senderos peligrosos que pueden culminar en acciones altamente violentas como atentar contra la vida». dice el equipo legal de C-Libre.
Si bien es cierto, actualmente no se sufren de detenciones ilegales, robos a oficinas, «si se ha venido generando un clima de inseguridad y de desprotección para los defensores de DD.HH, que se ve reflejado en el desborde de las capacidades institucionales para dar una pronta respuesta», puntualizó el equipo legal.
Desde C-Libre exhortamos a las autoridades de seguridad hacer cumplir lo establecido en el artículo constitucional número 65 del Estado hondureño, el que establece que «El derecho a la vida es inviolable». Y, por otra parte, el artículo 70 dice que «Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.». Por otra parte, Honduras está comprometido con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dicha declaración establece en su artículo número 3 que «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Asimismo, el artículo 12 apunta que «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques».
