Trujillo, Colón (C-Libre). – Se trata de José Abel López, socio de la cooperativa campesina Remolino en el Bajo Aguán, fue secuestrado (30 de enero 2024) por hombres fuertemente armados mientras se conducía con otros defensores de la tierra y el territorio en un vehículo tipo paila, mismo que fue interceptado por los malhechores, para llevarse al vocero comunitario con rumbo desconocido.

A pesar de los esfuerzos realizados por familiares, fuerzas policiales, particulares y organizaciones que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), este lunes 4 de marzo, se cumplen 35 días del secuestro de Abel López, tiempo en el que no han logrado dar con éxito a la ubicación dónde tendrían retenido contra su voluntad al defensor de derechos humanos secuestrado.

Un integrante de la Plataforma Agraria, de quien reservamos el nombre por razones de seguridad, confió al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que, se han desarrollado búsquedas en conjunto con miembros de la Policía Nacional, para dar con el paradero de López, pero que estas acciones de rescate son denegadas cuando solicitan ingresar en una zona controlada por un grupo delictivo y, dónde presumiblemente estaría el joven secuestrado.    

“Nos reunimos con los jefes policiales… pedimos que nos acompañaran a penetrar el área para la búsqueda y no estuvieron de acuerdo, no quisieron…No se hizo esa búsqueda en esa área que creímos podría haber estado”, remarcó.

El entrevistado, dio a conocer que, a raíz del suceso, los familiares de defensor desaparecido se encuentran mal de salud, y dijo que, en esa zona del país han ofrecido mediante carteles públicos, una recompensa que asciende a los cien mil lempiras, por dar información que ayude a dar con la ubicación de López y, sus captores.

Para finalizar, hizo un llamado al actual Gobierno, para exigir respeto a los derechos humanos, y adelantó que “En el Aguan, nos están desapareciendo, y sería importante que se dieran las diligencias pertinentes, para poder entrar a hacer búsquedas de los lugares donde se cree que podría estar el compañero, teniendo la esperanza todavía de que puedan tenerlo con vida”.

Desde el Comité por la Libre Expresión, al momento de emisión de esta alerta, se intentó en tres ocasiones tener contacto con las autoridades policiales del lugar, no obstante, los esfuerzos resultaron infructuosos; al no lograr una respuesta para conocer su versión y detalles sobre los avances del proceso de búsqueda y rescate de José Abel López.

El abogado Saúl Bueso, miembro del área legal de C-Libre consideró que las autoridades correspondientes deben actuar con mayor celeridad en estos casos, en vista que cada día que pasa las posibilidades de encontrar con vida a las víctimas disminuyen, asimismo, pidió al Estado hondureño, castigar con diligencia este tipo de delitos, para que no queden en la impunidad y poder dar justicia a las personas afectadas y a sus familias.

Cabe resaltar que C-Libre, el 1 de febrero del presente año registro una primera alerta por el secuestro de José López, anunciado en su momento por las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la tierra y el territorio, en un comunicado público, con fecha 31 de enero de 2024, dónde también apuntaron que desde diciembre de 2022, las familias de la Cooperativa de Campesinos Remolino han sido sujeto de extorciones por parte de grupos criminales que operan en la región, “Grupos aparentemente aliados con las empresas agroindustriales quienes pretenden mantener el despojo de las tierras de las cooperativas de la reforma agraria”.

A renglón seguido, las organizaciones que integran la Plataforma Agraria y la COPA, exigieron al actual Gobierno que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), “Active de inmediato un verdadero Plan de Protección para los y las defensoras de la tierra en el Bajo Aguán, que luchamos por la reivindicación de nuestros derechos”.

El Comité por la Libertad de Expresión exhorta a las autoridades del Gobierno de Honduras a ejecutar acciones concretas y efectivas para proteger la vida de Defensores de Derechos Humanos, líderes campesinos y periodista, entre otros, y recuerda que la Constitución de la República, en su artículo 61 estipula que “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”.