ALERTA 73-2024
Trujillo, Colón.- (C-Libre).- Gloria Marina Enamorado Melgar, defensora y vocería comunitaria por la defensa del territorio y la tierra en el Bajo Aguán es acusada de usurpación de tierras por la empresa agroindustrial Corporación Dinant, propiedad de la familia Facusse y fue capturada por agentes de la Policía Nacional el 8 de mayo 2024 en el departamento insular de Honduras y desde esa fecha se le privó de su libertad sin tener al acceso la oportunidad de presentarse en una audiencia ante el juez la que debió haber sido seis días después de su detención.
En la narración de los hechos en torno a la captura de esta defensora de la tierra, La Plataforma Agraria comenta que Gloria Marina se encontraba en el barrio La Fuente en la Isla de Roatán en búsqueda de alguna oportunidad laboral. Con esta detención, además de su persona, quedan en riesgo la integridad física y el bienestar de sus hijos pequeños hijos comprendidos entre las edades de 2 y 7 años.
Sobre este caso, la Plataforma Agraria publicó en sus redes sociales un comunicado de prensa titulado “Niegan derecho a declarar ante un juez a defensora de la tierra en el Bajo Aguán” y seguidamente comentan una serie de detalles en torno a la detención de está lider campesina originaria de la comunidad de Panamá, en el municipio de Trujillo, Colón.
Luego de su captura, al día siguiente, se menciona en el comunicado que Gloria fue trasladada al centro penal en Trujillo, Colon. “Sin embargo, las autoridades judiciales no realizaron audiencia de presentación del imputado, con la excusa que la jueza estaba de vacaciones”. De ahí que ante la ausencia de la jueza, la defensora de derechos humanos fue llevada al centro penal en Olanchito, en el departamento de Yoro; ahí le han “mantenido en condición de detención ilegal, porque durante 20 días le han negado a la defensora el derecho de declarar ante un juez”, sostiene la plataforma.
Desde la Secretaría General (SG) de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) en comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), lamentan que sigan este tipo de detenciones ilegales y forzadas que van en contra de los derechos humanos porque lesiona la integridad física y moral de quienes asumen la defensa del territorio y la tierra en Honduras.
“la compañera es víctima de una detención arbitraria, que le priva de su libertad física sin fundamento en causas legales y sin ser llevada ante un juez o tribunal competente”, comentan a C-Libre desde la SG de COPA.
Cabe señalar que el 3 de julio de 2014, Gloria Enamorado Melgar se encontraba en la comunidad de Panamá cuando miembros del ejército y guardias de seguridad de Corporación Dinant entraron a la comunidad, donde lanzaron bombas lacrimógenas en las casas, dispararon armas de fuego e hirieron de bala a David Ponce y José Sánchez ambos miembros de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez.
Posteriormente fueron capturadas seis (6) personas entre ellos Gloria Enamorado; todo bajo el pretexto de ejecutar una orden de desalojo en la Finca Paso Aguan, la cual se encuentra a más de media hora de la comunidad de Panamá. Los detenidos fueron sujetos a medidas sustitutivas a la prisión pendiente juicio, sin embargo, recibieron amenazas y varios de ellos tuvieron que abandonar sus hogares y migrar a otras ciudades para salvaguardar sus vida y la de su familia.
Finalmente la Plataforma Agraria y COPA exigen la libertad inmediata de la compañera Gloria Marina Enamorado Melgar y la investigación de los abusos por parte de los operadores de justicia del municipio de Trujillo, así como de la Corporación Dinant.
Es de hacer notar que al inicio de este mes también se dio la detención arbitraria de la defensora de Derechos Humanos y comunicadora, Karla Lara. Según denuncia pública de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) el jueves 2 de mayo a las 8:45 p.m. la artista musical se encontraba en un establecimiento del Barrio La Bolsa cuando miembros de la Policía Nacional se acercaron a ella y a su acompañante para advertirles que tenían «5 minutos para irse». Posteriormente la cantautora hondureña, fue detenida de manera forzada por la Policía Nacional y llevada a la posta policial Cuarta Estación del Zonal Belén.
Y en otro de estos hechos contra mujeres líderes en la sociedad hondureña se registró la detención de forma ilegal de la defensora del territorio y la tierra Lilian Borjas, coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo – Regional El Progreso (CNTC). Tal suceso fue el martes 30 de abril 2024, en el que miembros de la Policía Nacional detuvieron a Borjas, cuando esta iba camino al Instituto Nacional Agrario (INA) a dar acompañamiento a dos grupos campesinos que actualmente están llevando a cabo una lucha por el reconocimiento de sus tierras, siendo detenida en un retén policial en Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, por un antiguo proceso de criminalización del que fue víctima en 2013 por su ejercicio de defensoría, por el que hace cuatro años debieron emitir una carta de libertad.
En cada uno de los casos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denuncian la incompetencia del sistema judicial que no ha podido actualizar su sistema, provocando revictimización y continúa estigmatización contra las defensoras de la tierra de ahí que la RNDDH hacen un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos a exigir el cese de la sistemática persecución judicial contra las defensoras de todos los territorios.
Para Javier Acevedo, Director Ejecutivo del Centro de Investigación de Derechos Humanos (CIPRODEH) “Es importante que las autoridades policiales y militares establezcan protocolos procedimientos adecuados para realizar detenciones y no abusar de los alcances que otorgan los estados de excepción porque estos dan lugar a abusos que pueden ir escalando en el tiempo”, sostiene Acevedo quien también es Concejal en representación de la sociedad civil ante el Mecanismo Nacional de Protección.
Considera Acevedo que estas detenciones es un elemento que “ debe llamar la atención a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de gobierno “tanto para establecer límites a las acciones que puedan estar realizando las autoridades policiales y militares y por otra parte hacer una veeduría y el seguimiento oportuno de las víctimas frente a estos abusos”, concluyó.
El Comité por la Libre Expresión, se une a la Organización de las Naciones Unidas y recuerda a las autoridades correspondientes que el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones.
En tal sentido, La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica.
“La administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros resaltaron que la independencia del sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad, es un requisito previo esencial para apoyar el estado de derecho y lograr que la justicia se administre sin discriminación”, sostiene la ONU.
Al cierre de la esta publicación, según una fuente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, es muy probable que este 30 de mayo 2024 se lleve la audiencia del caso en contra de Gloria Marina Enamorado Melgar en los Juzgados de Letras en la ciudad de Trujillo en el departamento de Colón, luego de 22 días de estar privada de libertad sin la oportunidad de comparecer ante un juez.
