ALERTA 65-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – Tras 18 años de persecución criminal, el pleno de Magistrados la Corte Suprema de Justicia mantiene congelada la aplicación de la amnistía a favor del periodista, Carlos Eduardo Ávila Aguilera, acusado por denunciar a un docente y político nacionalista, por acosar sexualmente a cuatro niñas del Instituto José Cecilio del Valle, en la zona sur de Honduras.
Este profesional del periodismo fue condenado a un año y dos meses de prisión tras ser querellado penalmente con base en el delito de calumnias, luego de haber publicado un reportaje sobre acoso sexual contra menores de edad en una institución educativa en la ciudad de Choluteca.
La discusión sobre la urgente aplicación de este recurso por su caso, en el marco de las acciones de persecución política y el ejercicio de la libertad de expresión, permanece sin agendar y sin avances sustantivos desde hace más de un año, pues desde el 24 de abril de 2024, la sala de lo Constitucional emitió su resolución con cuatro votos a favor, por lo que este estancamiento judicial -que afecta también a otros procesos de alto perfil- mantiene en la incertidumbre legal a Ávila y evidencia la mora en la administración de justicia.
Ante el riesgo inminente de detención, el comunicador se ha visto desplazado y bajo medidas de protección para proteger su integridad, en un contexto de instrumentalización del sistema penal contra voces críticas. C-Libre reitera que la falta de decisión del Pleno agrava su vulnerabilidad y la violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y la seguridad personal.
En 2007, Ávila acompañó a madres y padres de familia que denunciaron ante autoridades a un docente por presuntos abusos sexuales contra alumnas en el sur del país. Ante la inacción fiscal, publicó la denuncia en medios nacionales, ejerciendo su derecho a informar.
El 13 de octubre de 2014 fue condenado bajo el antiguo Código Penal. En 2020, la Corte Suprema ajustó la pena aplicando el nuevo Código Penal de manera que eliminó beneficios legales y endureció los efectos de la condena. En 2022, se solicitó amnistía a su favor; sin embargo, el trámite se dilató y el expediente fue remitido a la Sala de lo Constitucional y luego al Pleno de la Corte, donde sigue a la espera de resolución. En diciembre de 2024, C-Libre presentó un pronto despacho para evitar más demoras.
La parálisis del Pleno y la suspensión de sus sesiones han dejado casos sensibles en el limbo, profundizando la mora judicial y la percepción de impunidad. En el caso de Ávila, la ausencia de una decisión mantiene vigente la orden de captura y el peligro de detención arbitraria, además de la exposición a riesgos carcelarios.
En Honduras, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión —consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y desarrollado por la doctrina de la CIDH— no se limita a emitir opiniones. Incluye también la facultad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Este amparo legal protege de forma especial a medios de comunicación y periodistas, quienes deben ejercer su labor de manera independiente y libres de presiones o censura establecido en nuestra Constitución.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido clara: “Los periodistas que trabajan en temas de interés público son defensores de derechos humanos y, como tales, merecen una protección especial frente a amenazas, violencia o persecución”. El Estado hondureño cuenta con leyes nacionales para protegerlos, pero su aplicación efectiva sigue siendo una deuda pendiente.
El marco de derechos va más allá de la libertad de expresión. La integridad personal —que comprende la vida y la integridad física y psicológica, según los artículos 4 y 5 de la CADH— se ve gravemente comprometida cuando la persecución judicial se combina con amenazas, ataques o condiciones que ponen en riesgo la seguridad del periodista y su familia. En estos casos, las autoridades deben adoptar medidas preventivas y de protección efectivas.
La protección judicial también es clave. El artículo 25 de la CADH establece el derecho a un recurso efectivo, y la CIDH ha insistido en que los Estados tienen la obligación de evitar la impunidad en ataques contra periodistas. La falta de investigación o diligencia por parte del Ministerio Público y del sistema judicial no solo vulnera este derecho, sino que perpetúa el ciclo de violencia.
Otro principio rector es el de no discriminación y trato igualitario (artículos 1 y 24 CADH). Criminalizar a un periodista por el contenido de su trabajo informativo constituye una forma de discriminación que socava la obligación estatal de garantizar derechos sin distinción alguna.
El debido proceso es otra garantía esencial. Esto implica independencia e imparcialidad judicial, defensa efectiva, posibilidad de recurrir decisiones, prohibición de retroactividad en perjuicio del reo y transparencia procesal. Ignorar estas salvaguardas debilita gravemente el Estado de derecho.
Finalmente, existe un riesgo más silencioso: la censura indirecta o la autocensura inducida. Cuando se utilizan mecanismos penales para castigar a periodistas, se envía un mensaje inhibidor que restringe no solo su libertad individual, sino el derecho colectivo de la sociedad a estar informada y a participar en el debate público.
C-Libre reafirma que informar sobre hechos de interés público es un ejercicio protegido y que ningún periodista debe enfrentar cárcel por cumplir con su deber profesional. Por lo que instamos a:
- Al Pleno de Magistradas y Magistrados: Convocar de inmediato la discusión del expediente de Carlos Ávila y resolver sin más dilaciones, garantizando control de convencionalidad y estándares interamericanos sobre libertad de expresión.
- A la Sala de lo Constitucional y tribunales competentes: Observar con rigor el debido proceso y la jurisprudencia que desaconseja el uso del derecho penal para silenciar expresión de interés público.
- Al Ministerio Público: Asegurar que las denuncias originales de abuso sean investigadas con debida diligencia, evitando la revictimización y la desviación punitiva contra quien informó.
- Al Mecanismo Nacional de Protección y a la Secretaría de DD. HH.: Reforzar medidas de protección a favor de Ávila mientras persista el riesgo.
- Al Congreso Nacional: avanzar en reformas que armonicen el marco legal con estándares internacionales sobre difamación y protección de periodistas.
C-Libre solicita a relatorías de libertad de expresión y a organizaciones de derechos humanos dar seguimiento urgente al expediente y pronunciarse ante la mora estructural que impacta casos de alto interés público en Honduras.
