ALERTA 20-2026
Valle de Ángeles, Honduras (C-Libre).- El comunicador social Marco Antonio Ponce Cerrato enfrenta un proceso judicial tras una denuncia interpuesta por el alcalde del municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, Wilfredo Ponce Ponce, quien lo acusa del supuesto delito de injurias constitutivas de faltas contra las personas.
De acuerdo con documentación conocida por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la denuncia fue presentada el 3 de marzo de 2026 ante el Juzgado de Paz de Valle de Ángeles por el abogado Joel Alejandro Reyes Centeno, quien actúa en representación del edil municipal.
Según escrito, el alcalde sostiene que el comunicador habría realizado manifestaciones en las que lo señala como una “persona corrupta”, que recibe “coimas de los ciudadanos” o que se apropia de recursos destinados a obras municipales. El denunciante afirma que tales aseveraciones no son ciertas y exige que el comunicador deje de emitir esos señalamientos, los cuales —según la denuncia— se han repetido durante los últimos meses.
En el marco de esta acción judicial, el Juzgado de Paz de Valle de Ángeles emitió una cédula de citación dirigida al comunicador social, convocándolo a comparecer el viernes 13 de marzo de 2026 a las 10:00 de la mañana, con el objetivo de celebrar una audiencia para la aceptación o no de culpabilidad de los hechos o procurar una conciliación, debiendo presentarse acompañado de un apoderado legal.
En comunicación con el equipo técnico de C-Libre, el imputado, comentó que posiblemente el alcalde esté confundido con las publicaciones que circulan en las redes sociales bajo la responsabilidad de elproselitista.hn diario digital que mantiene una veeduría social en distintas zonas del país; “el alcalde creé que yo le paso información a ellos y no es as, el proselitista tiene sus propios reporteros”, comentó
Publicación diario digital: https://www.facebook.com/share/p/1J3enacQAs/
Marco Antonio Ponce, es un reconocido comunicador social que desde hace varios años se desempeña como un colaborador más de la radio comunitaria de la Valle de Ángeles, ECO VALLE RADIO. Transmite el programa «Amaneciendo con Jesús» de lunes a viernes en la franja matutina, además debido a sus conocimientos de electrónica también es el responsable del área técnica de esta emisora comunitaria. Con la aparición de las redes sociales, Marco Ponce puso en marcha «Noticias de Valle de Ángeles» un proyecto personal que consiste en informar a través de las plataformas digitales personales distintos aspectos que demandan la puesta en marcha del alcalde para resolver las problemáticas de este municipio de Francisco Morazán.
Publicación de Marco Ponce: https://www.facebook.com/share/17qXfF6JJ2/
A consideración de C-Libre, la crítica no debe judicializarse, al contrario en un sistema democrático sólido, las autoridades públicas deben responder a los cuestionamientos ciudadanos mediante transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, y no a través de mecanismos judiciales que puedan interpretarse como formas de presión o intimidación contra quienes ejercen el derecho a informar.
La crítica, la denuncia pública y la vigilancia ciudadana sobre la gestión de los funcionarios constituyen expresiones legítimas del debate democrático y forman parte del derecho de la sociedad a estar informada sobre el manejo de los asuntos públicos, por lo tanto judicializar este tipo de expresiones, especialmente cuando provienen de comunicadores comunitarios que informan sobre temas de interés público, puede generar efectos inhibidores en la libertad de expresión y debilitar los procesos de control social que fortalecen la democracia y la transparencia en la gestión pública.
Reiteramos, este tipo de procesos judiciales contra comunicadores sociales pueden constituir mecanismos de presión o criminalización cuando se utilizan frente a expresiones relacionadas con asuntos de interés público, particularmente cuando las declaraciones se refieren a la gestión de funcionarios o al manejo de recursos públicos.
La utilización del sistema judicial para responder a cuestionamientos o denuncias públicas sobre la gestión de autoridades puede generar efectos inhibidores en el ejercicio del periodismo, especialmente en contextos locales donde los comunicadores suelen enfrentar mayores condiciones de vulnerabilidad y limitados recursos para su defensa legal.
Así mismo, recordamos a las autoridades municipales que la Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 72, establece que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. A nivel internacional, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. De igual forma, el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de toda persona a la libertad de expresión.
Los estándares interamericanos también establecen que los funcionarios públicos deben tener mayor tolerancia frente a las críticas, especialmente cuando estas se relacionan con la gestión de asuntos de interés público.
Este Comité por la Libre Expresión, recuerda que el uso de figuras legales vinculadas al honor no debe convertirse en una herramienta para intimidar, silenciar o restringir el trabajo de comunicadores sociales, particularmente cuando se trata de información vinculada a la administración pública.
En ese sentido, la organización insta a las autoridades judiciales a garantizar el respeto a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión, asegurando que cualquier proceso se desarrolle bajo criterios de proporcionalidad, debido proceso y protección al debate público.
Finalmente, todo servidor público debe tener presente que, en sociedades democráticas, las autoridades públicas están sujetas a un mayor nivel de escrutinio ciudadano y mediático, por lo que los mecanismos penales o cuasi penales relacionados con el honor deben aplicarse con estrictos criterios de proporcionalidad, evitando que se conviertan en herramientas para limitar el debate público o desalentar la investigación periodística.
