ALERTA 51-2026
Islas de la Bahía, Honduras (C-libre).- De acuerdo con la documentación, en poder del Comité por la Libre Expresión, el comunicador recibió una “Cédula de Citación” emitida por el Juzgado de Paz de lo Penal de Roatán, Islas de la Bahía, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y fechado el 22 de mayo de 2026, indica que Romero deberá comparecer el próximo 3 de junio de 2026 a las 10:30 de la mañana ante dicha judicatura, por una presunta “falta contra las personas”, a petición de Ingris Roales y Leonel Amaya.
La citación establece que el periodista deberá presentarse en las instalaciones judiciales y al mismo tiempo advierte que, de no comparecer, podrían realizarse procedimientos para garantizar su presencia obligatoria ante el tribunal.
Según narración de los hechos, Romero comentó al equipo técnico de C-Libre que situación surge luego de luego de divulgar información de interés público relacionada con presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Sostiene Romero el periodista que una fuente informativa vinculada al gobierno hizo pública una lista de supuestos militantes del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) que, presuntamente, recibían salarios en el INFOP sin presentarse a laborar. A partir de esa información, el periodista Roberto Romero replicó el contenido en el marco de su labor informativa y de fiscalización pública, generando su judicialización.
Romero, declaró a C-libre que intentó contrastar la información antes de su publicación, realizando llamadas a varias de las personas incluidas en el listado, sin embargo, únicamente una persona respondió a la comunicación y brindó su versión de los hechos relacionados con las denuncias difundidas originalmente por un funcionario gubernamental en Islas de la Bahía.
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Tras la publicación del contenido, distintos usuarios en redes sociales iniciaron una campaña de descalificación contra el periodista, cuestionando su profesionalismo y amenazando públicamente con llevarlo a los tribunales. El comunicador manifestó a C-Libre que posee pruebas documentales y registros que respaldan la veracidad de la información divulgada y que está dispuesto a sostener sus argumentos ante las autoridades judiciales.
Para C-Libre, este caso refleja un patrón preocupante de utilización del sistema judicial como mecanismo de presión y desgaste contra periodistas que investigan o difunden asuntos de interés público relacionados con el manejo de recursos estatales y posibles actos de corrupción.
La judicialización del trabajo periodístico puede generar un efecto inhibitorio que afecta gravemente la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado reiteradamente que los funcionarios públicos y personas vinculadas a asuntos de interés público están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático, por lo que el uso de acciones judiciales contra periodistas debe ser estrictamente proporcional y no convertirse en una forma de censura indirecta.
Asimismo, el artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras garantiza la libertad de emisión del pensamiento y el acceso a la información, mientras que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin censura previa.
Recomendaciones de C-Libre
- Al Poder Judicial de Honduras, garantizar que el proceso contra el periodista Roberto Romero se desarrolle respetando plenamente los estándares internacionales de libertad de expresión y debido proceso.
- A los funcionarios públicos y actores políticos de Islas de la Bahía, abstenerse de promover acciones intimidatorias o campañas de estigmatización contra periodistas que informan sobre asuntos de interés público.
- Al Ministerio Público y operadores de justicia, evitar el uso desproporcionado del derecho penal en casos vinculados con la actividad periodística y priorizar mecanismos compatibles con una sociedad democrática.
- A la comunidad periodística y organizaciones de derechos humanos, mantenerse vigilantes ante posibles actos de criminalización y acompañar a periodistas sometidos a presiones judiciales por el ejercicio de su labor.
- Al Estado de Honduras, fortalecer las garantías de protección a periodistas y comunicadores sociales frente a amenazas, hostigamientos y acciones judiciales que puedan derivar en censura o autocensura.
