ALERTA 74-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Uno de los casos corresponde al comunicador identificado como Oslina1, quien denunció públicamente que un video publicado en TikTok, que había superado las 75 mil visualizaciones, acumulado cerca de 6 mil reacciones y sido compartido más de 2 mil veces, fue retirado de esa plataforma después de recibir, según su testimonio, un reporte masivo procedente de páginas presuntamente falsas, detrás de la acción existiría una estructura de cuentas falsas y “granjas de bots” orientada a bloquear contenidos que cuestionan o denuncian hechos de corrupción.
El caso cobra mayor relevancia pues sería posiblemente una nueva modalidad de censura digital dirigida contra personas comunicadoras, medios y creadores de contenido que realizan denuncias o difunden información crítica sobre asuntos de interés público. Aunque estas afirmaciones corresponden a la denuncia pública de la víctima y requieren investigación y verificación independiente; es preocupante que los mecanismos de reporte y moderación de las plataformas puedan estar siendo utilizados de manera coordinada para provocar la eliminación o restricción de contenidos periodísticos, informativos o de denuncia ciudadana.
Pese a la situación sospechosa de la inhabilitación de los contenidos, el afectado señaló que el material continúa disponible en Facebook y YouTube, lo que evidencia que la afectación se habría producido específicamente sobre su circulación en TikTok.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) considera preocupante que los mecanismos de reporte y moderación de las plataformas puedan estar siendo utilizados de manera coordinada para provocar la eliminación o restricción de contenidos periodísticos, informativos o de denuncia ciudadana.
Este caso tiene como antecedente institucional la situación denunciada por el diario digital Contracorriente, que reportó que en un período de tres días cuentas que calificó como dudosas denunciaron 32 de sus investigaciones publicadas en Instagram, tras lo cual la plataforma suspendió su cuenta, es de hacer notar que en ese caso también se hizo pública información sobre una presunta operación para realizar bloqueos de cuentas mediante reportes coordinados.
Para conocer más detalles: https://clibrehonduras.com/2026/08/11/denuncias-coordinadas-provocaron-suspension-temporal-de-cuenta-de-instagram-de-contracorriente/
La coincidencia de reportes masivos, utilización de cuentas presuntamente falsas, afectación de contenidos con amplio alcance y dirigidos contra actores que producen información crítica; constituye un elemento que debe ser investigado como posible patrón de censura digital. Lo anterior porque también el diario digital Criterio.hn en reiteradas ocasiones ha sido víctima de este tipo de prácticas de censura directa contra medios de comunicación independientes.
Para conocer más detalles: https://clibrehonduras.com/2026/07/13/la-censura-digital-sistematica-a-diario-digital-aumenta-los-riesgos-contra-el-periodismo-independiente-en-honduras/
C-Libre expresa especial preocupación porque estos hechos se producen durante los primeros seis meses de la actual administración pública y en un contexto en el que distintas voces críticas han denunciado acciones de hostigamiento, descalificación y restricciones a la labor informativa.
La reiteración de mecanismos digitales destinados presuntamente a reducir el alcance, retirar contenidos o silenciar cuentas abre la posibilidad de que se esté configurando una embestida coordinada contra quienes generan contenidos críticos al sistema y al ejercicio del poder público. C-Libre advierte que, si detrás de estas acciones existiera participación, coordinación o facilitación desde instancias estatales, estaríamos ante una situación de especial gravedad, pues el aparato público no puede utilizar recursos, estructuras o mecanismos de vigilancia y presión para interferir con el derecho de la ciudadanía a informar y expresarse libremente.
C-libre considera necesario investigar la posible existencia de granjas de bots, redes de cuentas falsas o mecanismos coordinados de reporte que puedan estar siendo utilizados para provocar boicots, bloqueos y censura contra contenidos de interés público. Por otra parte, aunque la información disponible hasta el momento no puede establecerse como hecho probado que dichas estructuras sean operadas directamente por instituciones del Estado, la posibilidad debe ser objeto de una investigación independiente, transparente y técnicamente sustentada, especialmente si se identifican vínculos entre las cuentas utilizadas, operadores, contratantes o recursos públicos.
La libertad de expresión comprende no solamente el derecho a publicar información, sino también la posibilidad de que periodistas, comunicadores y ciudadanos puedan difundir, recibir y compartir información sin interferencias ilegítimas, además la utilización abusiva de los sistemas privados de moderación de las plataformas para retirar contenidos mediante denuncias falsas o coordinadas puede producir un efecto censurador, particularmente cuando afecta publicaciones que han alcanzado una audiencia significativa y abordan asuntos de corrupción, rendición de cuentas o desempeño de las autoridades.
Ante los casos expuestos, es importante recordar que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio, y que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente la importancia de garantizar un entorno digital abierto para el ejercicio de este derecho, asi mismo las restricciones a la expresión no pueden utilizar mecanismos indirectos para impedir la circulación de ideas e información de interés público.
Como institución promotora y defensora de la libre expresión, C-Libre solicita a:
- A las plataformas digitales involucradas, particularmente TikTok y Meta, investigar de manera transparente los reportes que provocaron la eliminación o restricción de contenidos de Oslins1, Contracorriente y criterio.hn, determinar si existieron patrones coordinados y garantizar mecanismos efectivos de apelación y restitución cuando se compruebe el uso abusivo de sus sistemas de denuncia.
- A las instituciones competentes del Estado hondureño, abstenerse de cualquier práctica, directa o indirecta, que pueda constituir intimidación, censura, boicot o interferencia contra periodistas, comunicadores y creadores de contenido por expresar opiniones críticas o denunciar hechos de interés público.
- Al Ministerio Público, dentro de sus competencias, investigar la posible existencia de estructuras dedicadas a coordinar reportes falsos, cuentas automatizadas o campañas digitales destinadas a silenciar contenidos críticos, determinando su origen, responsables, fuentes de financiamiento y eventuales vínculos con actores públicos o privados.
- A las organizaciones nacionales e internacionales de libertad de expresión y derechos humanos, dar seguimiento a estos casos y contribuir a documentar la posible aparición de un patrón de censura digital mediante mecanismos coordinados de reporte y bloqueo.
- A las plataformas digitales y a las autoridades hondureñas, garantizar que los mecanismos tecnológicos y administrativos destinados a combatir contenidos ilícitos no sean utilizados como instrumentos de censura política ni como mecanismos indirectos para restringir el debate público.
C-Libre considera que los casos de Oslins1, Contracorriente y Criterio.hn deben ser observados conjuntamente, no porque exista hasta este momento evidencia suficiente para afirmar que fueron ejecutados por los mismos actores, sino porque presentan características que ameritan una investigación más profunda. La organización advierte que una democracia no puede tolerar que quienes ejercen su derecho a cuestionar al poder sean silenciados mediante campañas coordinadas de boicot, bloqueo o censura digital.
La organización continuará documentando estos hechos y dará seguimiento a cualquier evidencia que permita establecer si existe una estructura organizada detrás de estas acciones y, particularmente, si existe participación o utilización de recursos provenientes de instancias estatales para atacar contenidos críticos durante los primeros seis meses de la actual administración pública.
