ALERTA 75-2026
Choluteca, Honduras (C-Libre).– El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) alerta sobre la prolongación de la judicialización contra el periodista, docente y defensor de derechos humanos Carlos Eduardo Ávila Aguilera, quien continúa bajo riesgo de privación de libertad por publicaciones periodísticas realizadas en marzo de 2007, pese a que su caso ha sido documentado como un proceso de criminalización, cuenta con certificaciones emitidas para la aplicación de la amnistía y atravesó previamente una controversia constitucional resuelta de forma favorable frente al cuestionamiento promovido por la propia jueza de ejecución.
El 17 de agosto de 2026, el Juzgado de Ejecución de Choluteca y Valle declaró sin lugar la aplicación del Decreto Legislativo No. 4-2022 a favor de Ávila, manteniendo los efectos de una condena penal derivada de publicaciones relacionadas con denuncias de supuesto acoso sexual contra estudiantes, presuntos actos de corrupción y otras irregularidades en el Instituto José Cecilio del Valle, una institución educativa pública de Choluteca.
Para C-Libre, la decisión debe ser analizada dentro de la totalidad del recorrido judicial sufrido por Carlos Ávila: 19 años sometido a un proceso penal, largos períodos de mora judicial, una condena por publicaciones de interés público, una orden de captura, incertidumbre sobre su libertad personal y varios años adicionales esperando que se resolviera su solicitud de amnistía.
No se trata, por tanto, únicamente de la resolución emitida el 17 de agosto de 2026. Se trata de las consecuencias acumuladas que casi dos décadas de persecución penal han provocado sobre un periodista por ejercer su derecho a investigar, publicar y trasladar a la esfera pública denuncias relacionadas con una institución estatal y posibles vulneraciones contra estudiantes. La jueza que negó la amnistía había promovido previamente su cuestionamiento constitucional
Existe un antecedente esencial que debe incorporarse al análisis del caso.
Después de que la defensa solicitara la aplicación del Decreto Legislativo No. 4-2022, el propio Juzgado de Ejecución de Choluteca remitió el asunto a la jurisdicción constitucional. El 15 de agosto de 2022, la jueza encargada del expediente promovió el cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la aplicación de la amnistía, lo que mantuvo nuevamente a Carlos Ávila a la espera de una resolución durante varios años.
De acuerdo con las resoluciones incorporadas al expediente, la garantía de inconstitucionalidad promovida por la propia jueza de ejecución fue finalmente declarada sin lugar y el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirmó, por unanimidad, la improcedencia de mantener ese cuestionamiento.
Este elemento es determinante para comprender lo ocurrido posteriormente. La decisión del Pleno no significaba que la Corte Suprema sustituyera automáticamente al Juzgado de Ejecución para otorgar la amnistía. Sin embargo, sí eliminaba el obstáculo constitucional que había sido planteado desde el propio órgano encargado de resolver la petición de Carlos y obligaba a continuar el análisis de su situación dentro del marco de una legislación vigente.
La información pública del Poder Judicial confirma, además, que las impugnaciones contra el Decreto 4-2022 fueron rechazadas previamente y que, el 9 de septiembre de 2025, el Pleno adoptó por unanimidad una decisión respecto de expedientes que repetían cuestionamientos ya resueltos sobre esta legislación.
A pesar de este recorrido, Carlos regresó al mismo Juzgado de Ejecución para encontrarse, cuatro años después de solicitar la amnistía, con una nueva decisión desfavorable.
Para C-Libre, este encadenamiento de actuaciones prolonga innecesariamente la incertidumbre jurídica y los efectos de un proceso penal que comenzó en 2007.
COFADEH y DDHH reconocieron la criminalización de Carlos Ávila
El caso de Carlos no llegó al proceso de amnistía únicamente por solicitud de su defensa.El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) emitió en mayo de 2022 la Certificación No. 31-05-2022, mediante la cual documentó su trayectoria como periodista, docente y defensor de derechos humanos, así como las circunstancias bajo las cuales se desarrolló el proceso penal.
COFADEH concluyó que Ávila se encontraba comprendido entre las personas beneficiarias del inciso b) del artículo 4 del Decreto Legislativo No. 4-2022.
Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos emitió su propia constancia, recogiendo los antecedentes del caso y señalando que Carlos había sido criminalizado por el ejercicio de un derecho humano en favor de terceros. El documento fue expedido específicamente para fines de aplicación de la amnistía.
Esta documentación adquiere especial importancia porque el propio Decreto 4-2022 establece que, para determinados supuestos relacionados con el ejercicio de derechos, la condición de las personas beneficiarias debe acreditarse mediante constancias emitidas por la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con COFADEH.
Por tanto, no se trata solamente de la apreciación de la defensa de Carlos: dos instituciones expresamente vinculadas por el Decreto al proceso de acreditación documentaron su condición y emitieron instrumentos destinados a sustentar la aplicación de la amnistía.
El Congreso no excluyó expresamente los delitos contra el honor
Otro de los aspectos que C-Libre considera necesario revisar es la interpretación utilizada para excluir a Carlos Ávila de los beneficios del Decreto 4-2022.
La resolución judicial ha señalado como obstáculo que Carlos fue condenado por delitos contra el honor y que estos no aparecen mencionados expresamente dentro de la enumeración de delitos contenida en el Decreto.
Sin embargo, esa lectura debe ser contrastada con el texto completo y la finalidad de la legislación.
El Decreto Legislativo No. 4-2022 establece una amnistía que el propio Congreso Nacional calificó como “general, amplia e incondicional” para las personas comprendidas en los supuestos establecidos por la norma.
Es cierto que la enumeración de delitos contenida en el artículo 4 no menciona expresamente la calumnia, la injuria o la difamación.
Pero existe otro dato igualmente relevante: el Congreso Nacional tampoco incorporó una disposición que excluyera expresamente los delitos contra el honor de los beneficios de la amnistía.
Esta ausencia no permite afirmar por sí sola que la amnistía deba concederse automáticamente. Sí obliga, en cambio, a evitar una interpretación restrictiva basada únicamente en el nombre formal del delito y exige analizar conjuntamente la finalidad de la norma, las circunstancias de la criminalización, la condición de la persona solicitante, las certificaciones exigidas por el propio Decreto y los principios de protección de derechos humanos.
En el caso de Carlos, esa interpretación debe considerar además que la condena tiene como origen directo el ejercicio del periodismo y la divulgación de denuncias sobre asuntos de interés público.
Carlos fue condenado por informar sobre denuncias de interés público
Las publicaciones que originaron la querella contra Carlos Ávila no surgieron de una controversia exclusivamente personal.
El expediente contiene documentación administrativa, actas, información sobre gestión educativa, plazas docentes, actuaciones institucionales y testimonios relacionados con las denuncias que dieron origen a las publicaciones.
Entre los asuntos abordados figuraban denuncias de supuesto acoso sexual contra estudiantes y cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de una institución educativa pública.
La existencia de esas denuncias no significa que la persona señalada en las publicaciones deba considerarse responsable de los hechos denunciados. La determinación de responsabilidad corresponde a las autoridades competentes.
Pero esa precisión tampoco elimina el carácter de interés público de las denuncias que Carlos investigó y difundió.
Informar sobre posibles vulneraciones contra estudiantes, irregularidades dentro de una institución educativa pública y actuaciones de autoridades o servidores vinculados con ella forma parte del ejercicio de fiscalización social que corresponde al periodismo en una sociedad democrática.
La CIDH documentó el caso como parte de la criminalización de periodistas
El caso de Carlos Eduardo Ávila trascendió hace años el ámbito de un proceso entre particulares.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que Ávila fue querellado penalmente en 2007 después de publicar información sobre denuncias de acoso sexual contra menores de edad en una institución educativa de Choluteca; registró su condena a un año y dos meses de prisión, la existencia de una orden de captura y las denuncias de organizaciones de sociedad civil sobre retardo injustificado de justicia.
La Relatoría recordó en ese mismo contexto que el uso de mecanismos penales para sancionar expresiones especialmente protegidas, incluyendo información vinculada con asuntos de interés público, presenta graves problemas desde la perspectiva del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este reconocimiento internacional refuerza la necesidad de analizar a Carlos no simplemente como una persona condenada por un delito contra el honor, sino como un periodista que enfrenta consecuencias penales como resultado de publicaciones realizadas en el ejercicio de su labor informativa.
Diecinueve años de proceso también constituyen una afectación
La dimensión temporal del caso no puede quedar fuera de la valoración.
La querella fue presentada el 14 de marzo de 2007.
La sentencia de primera instancia fue emitida hasta el 13 de octubre de 2014, más de siete años después.
El recurso de casación interpuesto por la defensa permaneció sin resolución durante casi seis años, hasta julio de 2020.
Posteriormente se libraron órdenes de captura y comenzó una nueva discusión sobre la ejecución de la condena.
En agosto de 2022 se solicitó la aplicación de la amnistía. Desde el propio Juzgado de Ejecución se promovió entonces la discusión de constitucionalidad que prolongó nuevamente la respuesta.
Luego de que el cuestionamiento constitucional fuera superado, el expediente regresó al Juzgado de Ejecución.
Finalmente, el 17 de agosto de 2026, más de cuatro años después de haberse solicitado la aplicación del Decreto 4-2022 y más de 19 años después de iniciada la querella, la amnistía fue declarada sin lugar.
Carlos continúa hoy expuesto a los efectos de una condena penal y al riesgo de privación de libertad.
La cárcel por difamación es incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido que las leyes sobre difamación deben redactarse y aplicarse evitando restricciones indebidas a la libertad de expresión, que los Estados deben considerar la despenalización de la difamación y que la prisión nunca constituye una sanción adecuada por difamación.
Asimismo, la prolongación excesiva de este tipo de procedimientos puede generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
En el caso de Carlos, el efecto no es hipotético: durante 19 años ha vivido bajo las consecuencias personales, profesionales, jurídicas y familiares de un proceso originado por publicaciones periodísticas.
De una publicación periodística a 19 años de judicialización
La secuencia documentada del caso es clara:
publicaciones sobre denuncias de interés público → querella penal → años de mora judicial → condena → casación resuelta casi seis años después → orden de captura → riesgo de prisión → acreditación de criminalización por COFADEH y SEDH → solicitud de amnistía → cuestionamiento constitucional promovido desde el Juzgado de Ejecución → rechazo de ese cuestionamiento → retorno del expediente → negativa de la amnistía → continuidad del riesgo de privación de libertad.
Para C-Libre, esta secuencia permite identificar a Carlos Eduardo Ávila como víctima de un prolongado proceso de hostigamiento judicial relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.
C-Libre demanda justicia para Carlos Ávila
Ante esta situación, el Comité por la Libre Expresión demanda a las autoridades competentes:
- Garantizar una revisión efectiva y con enfoque de derechos humanos de la resolución que negó la aplicación de la amnistía, incorporando todos los antecedentes del expediente y no únicamente la denominación jurídica del delito por el cual Carlos fue condenado.
- Valorar integralmente el efecto jurídico del pronunciamiento que rechazó el cuestionamiento de inconstitucionalidad promovido desde el propio Juzgado de Ejecución, así como las consecuencias que esta decisión tiene para el análisis posterior de la solicitud de amnistía.
- Reconocer el valor de las certificaciones emitidas por COFADEH y la Secretaría de Derechos Humanos, instituciones a las que el propio Decreto 4-2022 atribuyó una función específica en la acreditación de determinados beneficiarios.
- Interpretar el Decreto 4-2022 conforme a su carácter amplio, a su finalidad de reparar situaciones de criminalización y al principio de interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos, tomando en consideración que los delitos contra el honor no fueron incorporados por el Congreso Nacional como una exclusión expresa.
- Evitar la privación de libertad de Carlos Eduardo Ávila, particularmente mientras permanezcan disponibles mecanismos judiciales para revisar la negativa de amnistía y las demás controversias relacionadas con la ejecución de su condena.
- Garantizar una reparación efectiva frente a las consecuencias de una judicialización que se ha prolongado durante 19 años, incluyendo las afectaciones generadas por la mora judicial y la amenaza sostenida de encarcelamiento.
- Avanzar hacia la eliminación de las sanciones penales desproporcionadas por expresiones vinculadas con asuntos de interés público, en consonancia con los estándares internacionales de libertad de expresión.
Después de 19 años, la pregunta no puede limitarse a si Carlos Eduardo Ávila debe cumplir una pena de prisión.
La pregunta que el sistema de justicia hondureño debe responder es cuánto tiempo más puede mantenerse bajo amenaza de cárcel a un periodista por publicaciones realizadas en 2007, cuando su caso ha sido documentado como criminalización por organizaciones de derechos humanos, cuenta con certificaciones emitidas expresamente para la aplicación de una amnistía y el cuestionamiento constitucional promovido contra ese beneficio ya fue superado dentro del propio Poder Judicial.
Para C-Libre, Carlos Ávila debe ser tratado como víctima de una prolongada judicialización por el ejercicio de su libertad de expresión y no como un expediente penal aislado del contexto en el que ejerció el periodismo. La justicia que llega después de casi dos décadas no puede limitarse a continuar administrando los efectos de una condena. Debe también ser capaz de poner fin a la persecución, reparar las afectaciones y garantizar que ningún periodista vuelva a enfrentar una amenaza de prisión durante décadas por informar sobre asuntos de interés público.
