ALERTA 94-2026
Choluteca, Honduras (C-Libre).- Se reportan presuntas agresiones verbales y expresiones de intimidación contra el comunicador social Francisco Aguirre, corresponsal de Metro TV en la zona sur de Honduras, durante una actividad relacionada con el lanzamiento de la Matrícula Gratis; realizada, este día, en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca.
De acuerdo con el testimonio difundido por Aguirre en sus redes sociales, los hechos se producen luego de que este profesional del periodismo informará sobre presuntas irregularidades en la entrega de merienda escolar en mal estado, debido a la presencia de gorgojos. El comunicador sostiene que, mientras se desarrollaba el evento, Roger Ramón Díaz Sarmiento, director de la escuela Casta Azucena Portillo y presidente del Consejo de Directores, expresó desde el micrófono: «Cualquiera gato ahora agarra un micrófono y denuncia sin fundamento».
Aguirre interpretó estas palabras como una alusión a su trabajo periodístico y a las denuncias que ha realizado sobre asuntos de interés público. Según su relato, continuó con la cobertura informativa y, al pasar cerca de la mesa donde se encontraba el director, le manifestó que sus denuncias contaban con fundamentos y pruebas que estaba dispuesto a facilitar.
El comunicador afirma que, en ese momento, el funcionario intento levantarse y le respondió con expresiones ofensivas, entre ellas: «Mierdx, yo sí te voy a hacer respetar, basura».
Ver denuncia pública: https://www.facebook.com/share/p/1A1ZZdEWhm/
El caso adquiere una dimensión adicional debido a que Aguirre manifestó preocupación por la situación de su hijo, quien cursa el tercer grado en la escuela Casta Azucena Portillo, centro educativo dirigido por el funcionario señalado. En su denuncia pública, el comunicador menciona que, en una ocasión anterior, el director habría manifestado que revisaría las calificaciones del niño pues ser hijo de un periodista no significaba tener excelencia académica.
Sostiene Aguirre que no cuestiona la evaluación del rendimiento escolar conforme a los criterios académicos correspondientes, sin embargo, expuso que su preocupación, consiste en que las diferencias que mantiene con el director pudieran derivar represalias, tratos diferenciados o afectaciones al bienestar de su hijo y a su derecho a recibir educación en un entorno respetuoso e imparcial.
Es de hacer notar que, hasta el momento, los elementos disponibles corresponden al testimonio público del comunicador y no permiten establecer que se haya producido una represalia académica contra el niño; no obstante, la preocupación expresada requiere atención preventiva de las autoridades educativas, a fin de garantizar que cualquier diferencia entre personas adultas no repercuta en los derechos de un estudiante.
Asimismo, Aguirre señaló que, según la información de la que dispone, el director habría sido denunciado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) por presuntas agresiones verbales contra una docente.
Para C-Libre, la situación denunciada debe analizarse desde la obligación de respetar y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, particularmente cuando se abordan asuntos relacionados con la gestión de servicios públicos y el bienestar de la población estudiantil. Las denuncias sobre la calidad de la merienda escolar, si cuentan con sustento, son asuntos que deben ser examinados por las instituciones competentes mediante procedimientos transparentes, sin que ello justifique descalificaciones o posibles actos de intimidación contra quien los comunica.
Las expresiones denunciadas también pueden generar un efecto disuasorio sobre la labor de otros periodistas y comunicadores sociales, al transmitir el mensaje de que informar sobre posibles irregularidades puede dar lugar a confrontaciones personales o presiones, de ahí que este riesgo merece especial atención en contextos locales, donde las relaciones entre fuentes, autoridades y comunicadores pueden incidir directamente en las condiciones para investigar y divulgar asuntos de interés público.
En consecuencia, C-Libre considera necesario que las autoridades educativas conozcan los hechos, escuchen a las partes involucradas y realicen una investigación objetiva e imparcial, respetando el debido proceso y evitando conclusiones anticipadas. También deben adoptarse medidas preventivas para garantizar que el hijo de Aguirre continúe sus estudios sin intimidaciones ni tratos diferenciados, y que su evaluación académica responda exclusivamente a criterios pedagógicos objetivos.
C-Libre considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones
A la Secretaría de Educación y a las autoridades educativas departamentales y distritales competentes:
Investigar de manera objetiva los hechos denunciados por Francisco Aguirre, escuchar a las personas involucradas y determinar, mediante los procedimientos correspondientes, si existieron conductas contrarias a los deberes de respeto y convivencia que rigen en los espacios educativos. Asimismo, garantizar que el niño que estudia en el centro educativo no sea objeto de represalias, intimidaciones ni tratos diferenciados, y que toda evaluación de su rendimiento académico se realice conforme a criterios objetivos, verificables e imparciales.
Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH):
Valorar la denuncia presentada públicamente por el comunicador, dentro del ámbito de sus competencias, y dar seguimiento a los riesgos señalados, considerando tanto las posibles afectaciones al ejercicio de la libertad de expresión como la necesidad de proteger los derechos del niño y en caso de resultar pertinente, verificar también la existencia y el contenido del antecedente referido por Aguirre respecto de una presunta denuncia previa contra el director escolar.
A las autoridades competentes y a las personas involucradas:
Favorecer mecanismos de diálogo y resolución institucional de las diferencias, evitando expresiones de descalificación, amenazas o acciones que puedan interpretarse como represalias por la difusión de denuncias de interés público. Se entiende que las eventuales discrepancias sobre la veracidad de una información deben tramitarse mediante procedimientos adecuados, sin menoscabar el derecho a informar ni los derechos de terceros.
A las instituciones responsables de garantizar la libertad de expresión:
Dar seguimiento a la evolución del caso y valorar las medidas de prevención que correspondan, atendiendo al contexto de vulnerabilidad que puede enfrentar un comunicador social en el ejercicio de su labor; consideramos que la respuesta institucional debe contribuir a que las denuncias de interés público puedan investigarse y debatirse sin intimidaciones, y a que las diferencias personales no se traduzcan en obstáculos para el ejercicio periodístico.
C-Libre recuerda que el derecho a la libertad de expresión comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir información sobre asuntos de interés público, por lo tanto, la investigación de posibles irregularidades y la determinación de responsabilidades corresponden a las instituciones competentes, mediante procedimientos transparentes e imparciales.
Finalmente, la protección de ese derecho requiere que las denuncias sean examinadas con seriedad y que ninguna persona vea comprometido su bienestar o el ejercicio de sus derechos por las informaciones que comunica.
