Alerta 122-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Las intenciones de emitir una orden de captura en su contra, hicieron que la diputada y Comisionada Policial, María Luisa Borjas, abandonara el país, de acuerdo con información difundida por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
Un comunicado del Comité de Solidaridad con María Luisa Borjas, informó sobre la salida del país de la actual diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), en búsqueda de atención médica adecuada, tras ser diagnosticada de COVID-19.
Desde que que fue diagnosticada como positivo de COVID-19, el pasado 12 de septiembre, su estado de salud se agravó por sometimiento prolongado a factores de estrés, expresó el Comité de solidaridad con la diputada Borjas.
Lo anterior, según la coalición de personalidades y organizaciones de derechos humanos, está vinculado al proceso penal en su contra “situación que le produce incertidumbre y ansiedad afectando su salud física y emocional”.
Mientras que, este miércoles 07 de octubre, el equipo legal de la Comisionada en condición de retiro, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que revierta la sentencia condenatoria a dos años y ocho meses de prisión.
De acuerdo con el abogado Edy Tábora, parte del equipo legal de la congresista, existe una “afectación grave” a su ejercicio de libre expresión, ya que la razón de su condena tiene que ver con revelar temas de interés público.
Tábora anunció la preparación del caso para ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que el poder judicial no garantiza el debido proceso
“Definitivamente será en una instancia internacional donde le darán la razón y garantizaran el derecho de libre expresión de María Luisa Borjas”, amplió el profesional del derecho.
El origen del proceso penal iniciado en contra de Borjas, ocurrió en noviembre de 2017, en las afueras de la sede del estatal Comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH), cuando denunció ante medios de comunicación, leyó fragmentos de tres informes que obtuvo de una fuente policial, en la que revela la falta de actuación del Ministerio Público (MP) para presentar requerimiento fiscal a los responsable de crímenes contra el Fiscal Orlan Arturo Chávez (asesinado en 2003), el experto en temas de narcotráfico Alfredo Landaverde (asesinado en 2012) y la lideresa indígena-lenca, Berta Cáceres (asesinada en 2016).
Por tal razón fue condenada por el juez natural, Rolando Argueta, a dos años y ocho meses de prisión en febrero de 2019. El 20 de julio de 2020, la Sala Penal del Poder Judicial declaró sin lugar el recurso de casación que presentó su defensa legal.
Sobre la situación legal de la diputada Borjas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), expresó su preocupación por “algunos elementos que podrían afectar el debido proceso y garantías judiciales de Borjas”.
La declaración de principios sobre libertad de expresión, en su inciso once establece que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como «leyes de desacato» atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
