ALERTA 19-2026
Roatán, Honduras (C-Libre).- Al menos 16 comunicadores sociales que ejercen labores periodísticas en Islas de la Bahía, han decidido declararse en protesta bajo la consigna “Micrófonos caídos”, una acción que implica el silencio informativo en la zona insular por razones de seguridad.
En comunicación directa con el Comité por la Libre Expresión ( C-Libre), un comunicador —cuyo nombre se omite por motivos de seguridad— denunció que el agresor les ha amenazado expresamente señalando que “todos van ir al mamo y que él sí los va jod#r”, indicó. De la narración del caso trasciende que estas amenazas no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una dinámica reiterada de intimidación y advertencias de criminalización contra la prensa en la zona insular durante meses anteriores.
Los comunicadores afectados integran la recientemente creada Asociación de Prensa de Islas de la Bahía (APIB), gremio que surge precisamente ante la necesidad de fortalecer la protección colectiva en una zona estratégicamente sensible para el país. Es de hacer notar que algunos de estos obreros del periodismo en Roatán también se desempeñan como corresponsales de medios con sede en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que amplifica el impacto del silencio informativo no solo a nivel local, sino también nacional.

A consideración de C-Libre, el silencio informativo en Islas de la Bahía no es simplemente una protesta gremial, sino una señal de alarma sobre el estado de las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en una región estratégica del país.
este “silencio informativo” en la zona insular hondureña podría generar múltiples afectaciones entre la población de Roatán tales como: Desprotección ciudadana, puesto que la ausencia de toda cobertura informativa limita la denuncia pública de posibles actos de corrupción, irregularidades administrativas, la violaciones a derechos humanos y así mismo la visibilización de conflictos territoriales o ambientales.
Organismos internacionales como la UNESCO han advertido que cuando el periodismo se silencia por intimidación, las comunidades quedan expuestas a mayores niveles de abuso de poder y opacidad institucional.
Respecto a las acciones de intimidar a la prensa, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la intimidación y amenazas contra periodistas violan derechos fundamentales y restringen el debate democrático.
En la misma línea temática, es de hacer notar que la experiencia regional documentada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que el retiro forzado de la prensa en territorios específicos suele coincidir con contextos donde actores con poder buscan operar sin escrutinio público.
Por otro lado, la protesta de los comunicadores sociales, debido a la inseguridad profesional, derivaría afectación económica y turística en la zona, esto debido a que la falta de información verificable puede generar rumores, incrementar la desinformación, impactar la confianza de inversionistas y visitantes y debilitar la transparencia en proyectos públicos y privados.
De la vulnerabilidad de profesionales del periodismo ante una posible criminalización o bien amenazas que pone en riesgo su integridad física persona, nos lleva a ver con preocupación que el silencio no es neutral, puesto que calla por miedo y esto al mismo tiempo desencadena en una serie de impactos negativos en la sociedad, por ejemplo: se rompe el derecho ciudadano a estar informado, se debilita la deliberación pública y se afecta la rendición de cuentas.
Una vez más desde C-Libre se recuerda a toda persona con investidura de servidor público que la República de Honduras, en su carta magna Artículo 72: garantiza la libertad de emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Siendo un país signatario de compromisos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el gobierno a través de sus funcionarios, diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; deben asumir lo contenido en el Artículo 13 “Proteger la libertad de pensamiento y expresión”.
Finalmente ante la amenaza de encarcelamiento (“ir al mamo”) constituye un acto de intimidación directa, que puede encuadrarse en patrones de criminalización indirecta cuando busca inhibir el ejercicio periodístico y el hecho de que 16 comunicadores adopten la medida de “micrófonos caídos” es una evidencia de la existencia de un clima de miedo estructural y muy preocupante de la percepción de ausencia de garantías estatales.
C-Libre como una institución en Honduras que desde hace 26 años defiende y promueve la libre expresión y libertad de prensa en el país, continuará dando seguimiento a este caso y mantendrá en observación cualquier acto posterior que pueda poner en riesgo la integridad de los comunicadores sociales en Roatán, Islas de la Bahía


