ALERTA 21-2026
Langue, Honduras (C-Libre).- De acuerdo con el testimonio de Leonel García Guevara, el alcalde de Langue Valle, Ademir Caballero utiliza a terceras personas y plataformas digitales para desacreditar públicamente a varios comunicadores sociales de la zona exponiéndolos a ser agredidos por pobladores que posiblemente sean simpatizan con el Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
De acuerdo con testimonios recabados por el equipo técnico de Comité por la Libre Expresión(C-Libre) el comunicador social Leonel García, con 16 años de experiencia periodística también cuenta con medidas de protección del Mecanismo Nacional de Protección desde 2015 y ahora denuncia que es víctima de una campaña de descalificación y ataques, impulsada por el edil, a través de terceros en redes sociales, lo que ha generado un ambiente de hostilidad y riesgo para él y otros profesionales del periodismo de la zona como ser: Luis acosta, Aridai Arias y Marvin Banegas.
Se sabe que hace unas 24 horas, este comunicador hizo una publicación de tal situación en sus redes sociales y después recibió un mensaje de una persona desconocida que le advirtió “borra eso del Facebook porque te puede traer consecuencias”, lo que se interpreta como una amenaza.
Según García Guevara, las agresiones surgen luego de que él y los otros comunicadores mencionados antes, han realizado cobertura a las problemáticas en la prestación de servicios públicos y otras situaciones que la misma población de las comunidades exponen públicamente a través de los espacios informativos dirigidos por los comunicadores sociales.
Trasciende que entre las problemáticas sociales expuestas por las audiencias se encuentran: La falta de agua en algunos sectores de esa ciudad y según los pobladores “lo que más duele es que los pozos están llenos y las bombas están buenas. Por otra parte, “hay una maquinaria guardada, cuando debería de estar reparando nuestras carreteras”. Asi mismo exponen los ciudadanos la problemática de las champas del mercado “se han tomado todo el espacio del parqueo de los buses y el alcalde no hace nada para ordenar ese asunto”.
Al momento, a consideración de Luis Acosta, afectado por la campaña de insultos y descrédito esta es “orquestada por el alcalde Langue Valle y el diputado Fabricio Sandoval” quien le habría traído varios cheques del caso de SEDESOL a Edemir Caballero para financiar la campaña política que lo llevó a ganar su candidatura a la alcaldía de Langue Valle, por el partido LIBRE.
Otros de los temas que generó la molestía, sostiene los comunicadores sociales es que se hay hecho pública las transferencias hechas, por el gobierno central, a la alcaldía de Langue Valle, pero que aún no se ejecutan en obras sociales porque el edil municipal y el tesorero “aún no registran su firma en al banco”.
De ahí que Ademir y el diputado Fabricio estarían detrás de esta campaña de insultos y desprestigio contra los comunicadores sociales mencionados, quienes temen que militantes obcecados del partido LIBRE se sientan en el derecho de agredirlos físicamente producto de su trabajo informativo.
De la narración de Leonel se sabe que el alcalde, en lugar de responder a los cuestionamientos periodísticos, “difundió capturas de supuestos pagos de publicidad institucional realizados en administraciones anteriores”, calificando a los comunicadores como “tarifados”, “sinvergüenzas” y “mantenidos”, insinuando que actuaban por intereses económicos.
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Entre otros datos que trascienden se menciona que Luis acosta cobró en cuatro años 209 mil lempiras, pero no se dice que era en concepto de salario (4 mil lempiras mensuales) por el cargo de relacionador publico aprobado en sesión de corporación municipal “según consta en el libro de actas de una sesión municipal”, sostuvo el ofendido.
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Para los comunicadores señalados en la campaña, los agresores “buscan desacreditar el trabajo periodístico y exponer a los comunicadores ante la población, lo que podría incitar agresiones físicas”. La situación es particularmente preocupante en el caso de Leonel García Guevara, quien sobrevivió a un contexto de violencia en el pasado, luego de que su compañero de trabajo Gabriel Hernández, periodista con quien inició su proyecto informativo, fuera asesinado en 2017 en el departamento de Valle tras realizar investigaciones sobre conflictos territoriales en la zona.
Desde entonces, García Guevara cuenta con medidas de protección estatal, las cuales según denunció han sido debilitadas en los últimos años, reduciéndose a patrullajes policiales esporádicos.
C-Libre advierte que la descalificación pública contra periodistas por parte de autoridades municipales puede generar un ambiente de hostilidad que expone a los comunicadores a agresiones físicas por parte de terceros, especialmente en contextos locales donde el poder político tiene fuerte influencia social.
Subraya, C-Libre que las campañas de estigmatización contra la prensa constituyen una forma de violencia indirecta contra la libertad de expresión, pues buscan deslegitimar el trabajo informativo y estimular represalias sociales contra quienes ejercen el periodismo crítico. Ejemplo de ellos es la reciente criminalización de Marco Ponce Cerrato, comunicador social de una radio comunitaria a quien el alcalde de Valle de Ángeles le denunció por los delitos de injuria
Ver criminalización de comunicador de Eco Valle Radio en Valle de Ángeles: https://clibrehonduras.com/2026/03/09/alcalde-wilfredo-ponce-denuncia-a-comunicador-por-el-delito-de-injurias/
Desde las oficinas de C-Libre, recordamos a los servidores públicos, especialmente los alcaldes, que el trabajo periodístico en el ámbito local cumple una función esencial para la democracia, ya que permite vigilar el uso de los recursos públicos, documentar las necesidades de las comunidades y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
En este sentido, el escrutinio y la crítica hacia las autoridades municipales forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a estar informada.
Así mismo, las autoridades electas, particularmente quienes administran recursos públicos a nivel municipal, deben tener mayor tolerancia frente a la crítica y el cuestionamiento ciudadano, puesto que su gestión está sujeta al control social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que quienes ejercen funciones públicas están expuestos a un mayor nivel de escrutinio por parte de la sociedad, precisamente porque sus decisiones afectan directamente el bienestar colectivo.
En ese marco, el periodismo comunitario y local, como el que realizan los comunicadores sociales en el departamento de Valle, cumple un rol clave al recoger denuncias de la población, visibilizar problemas en servicios básicos y promover la transparencia en el manejo de fondos municipales.
Intentar desacreditar o intimidar a periodistas por informar sobre estos asuntos no solo vulnera su derecho a ejercer el periodismo, sino que también afecta el derecho de las comunidades a recibir información de interés público. Por ello, la crítica al poder público no puede ser interpretada como una agresión, sino como una práctica necesaria en sociedades democráticas donde la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión son pilares fundamentales. Cualquier intento de silenciar o estigmatizar a periodistas por su labor informativa constituye una amenaza directa contra estos principios.
Ante esta situación, C-Libre expone las siguientes consideraciones:
- Al alcalde de Langue, Ademir Caballero, cesar cualquier acción o discurso que promueva la estigmatización o el hostigamiento contra periodistas que ejercen su labor informativa.
- Al Mecanismo Nacional de Protección, evaluar de forma urgente el nivel de riesgo de los comunicadores afectados y fortalecer las medidas de protección para Leonel García Guevara y otros profesionales del periodismo en riesgo en el departamento de Valle.
- A las autoridades de seguridad, garantizar la integridad física de los comunicadores y prevenir posibles agresiones derivadas de estas campañas de descrédito.
- Al Ministerio Público, investigar si las acciones denunciadas constituyen delitos de amenazas o incitación a la violencia.
Finalmente C-Libre recuerda que el periodismo cumple una función esencial en la vigilancia del uso de los recursos públicos y en el derecho de las comunidades a estar informadas, por lo que cualquier intento de intimidar o desacreditar a comunicadores sociales representa una grave afectación a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información.
